Desde su reconocimiento por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a través de la Observación General nº 15 en 2002, el derecho humano al agua ha tenido una amplia expansión y aceptación. El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

La Campaña por el derecho al agua en Colombia “Defendemos ¡Hasta la última gota!” surge de la crisis que enfrenta el país respecto al acceso al agua en todo el territorio colombiano. Pese a que la  Corte Constitucional ha reconocido que el agua es un presupuesto de desarrollo de la vida misma, de la salud y de la dignidad humana^[1], el Estado ha puesto en riesgo inminente las fuentes de agua y la habitabilidad de los territorios en casi todas las regiones del país, con la entrega de inmensos beneficios a sectores económicos, como la adjudicación de licencias ambientales para proyectos minero-energéticos en territorios de importancia estratégica para la recarga hídrica, en el marco de un modelo de desarrollo extractivista, amenazando la vida humana y la preservación de los ecosistemas que soportan la biodiversidad del país, así como a los sistemas comunitarios que abastecen aproximadamente el 35% de la población colombiana.

^[1] Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T 475 de 2017.

Al marco de la campaña ‘Defendemos ¡Hasta la última gota!’ La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, con el apoyo de organizaciones expertas en el tema, presenta el informe ‘Derecho al Agua en Colombia: Informe Nacional’ en el que se que presentan diferentes ejes de análisis de afectación de este derecho, así como propuestas de resistencia y exigibilidad lideradas por diversas organizaciones sociales en el país.