19 de octubre 2024

La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo lamenta que una mayoría estrecha de Representantes a la Cámara, 83 contra 72, le negaran los derechos laborales a 3.390.000 personas que trabajan en actividades agrícolas y exige al gobierno adoptar medidas ejecutivas para la efectividad de los derechos laborales para estas personas, que con su trabajo garantizan la alimentación y la protección del medio ambiente para todo el país.

Uno de los grandes avances que propone la reforma laboral es la formalización laboral de las personas que trabajan en actividades agrícolas, reconociendo acceso a garantías laborales mínimas, como la exigencia de un contrato laboral, el pago de un jornal de acuerdo con los estándares del salario mínimo y el derecho a la seguridad social entre otras. Este cambio representaba un paso crucial para mejorar las condiciones de quienes más lo necesitan, reconociendo su labor esencial para la economía y la vida del país, dándole una protección efectiva a sus derechos.

Es importante recordar que las trabajadoras y trabajadores del campo son uno de los sectores más precarizados de Colombia, cerca del 90% se encuentra en la informalidad sin derechos laborales y sin protección social. Es lamentable la indolencia de los gremios empresariales y de algunos Representantes a la Cámara que celebraron como un gran triunfo la votación que negó el derecho a un contrato de trabajo para estas personas, imponiendo su visión de una sociedad sin derechos y de libertad de empresa sin límites. Darle la espalda a la realidad de precariedad laboral en el campo ha tenido y tendrá graves consecuencias para las condiciones de vida y convivencia en las zonas rurales del país, cerrarle oportunidades para una vida digna a las personas que trabajan sin descanso para que podamos disponer de alimentos, es algo que no tiene justificación y no nos quedaremos sin denunciarlo.

Exigimos que la efectividad de los derechos laborales de las y los trabajadores del campo se mantenga como prioridad para el Gobierno Nacional reforzando la inspección laboral, ampliando protecciones en la política pública de trabajo decente que actualmente se está elaborando, y adoptando por decreto el plan nacional de formalización laboral rural y protección social establecido en el punto 1.3.3.5 del Acuerdo de Paz de 2016, en el cual el Gobierno Nacional se comprometió a “…A la luz de las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las que Colombia es parte y con el propósito de garantizar el trabajo digno y los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo, y su protección social (protección a la vejez, maternidad y riesgos laborales), el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan progresivo de protección social y de garantía de derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales…”.

Es importante que el país conozca los 83 Representantes a la Cámara que le negaron con su voto los derechos laborales a las y los trabajadores agrícolas: