Santa Marta, Colombia – abril de 2026

La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), en el marco de su misión de fortalecer la exigibilidad y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y su papel como actor de incidencia nacional e internacional en derechos humanos, presenta su postura frente a la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles.

La Plataforma reconoce la relevancia de esta iniciativa como un espacio multilateral orientado a construir rutas concretas, justas y viables hacia economías descarbonizadas, así como el liderazgo de Colombia en la promoción de consensos internacionales para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. No obstante, considera fundamental que este proceso incorpore de manera transversal un enfoque de derechos humanos que garantice la centralidad de los DESCA en todas las decisiones, compromisos y rutas de implementación.

El contexto colombiano evidencia que la crisis climática se superpone con desigualdades estructurales persistentes, expresadas en altos niveles de pobreza, brechas territoriales y exclusión histórica de comunidades rurales, étnicas y poblaciones vulnerables. En este escenario, cualquier estrategia de transición que no incorpore explícitamente la garantía de derechos corre el riesgo de profundizar dichas desigualdades. Asimismo, la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que los Estados tienen obligaciones reforzadas frente a la emergencia climática, incluyendo la adopción de medidas progresivas, equitativas y con enfoque diferencial para proteger los DESCA y el derecho a un ambiente sano.

En atención a la estructura metodológica de la Conferencia, la Plataforma presenta los siguientes elementos de análisis y propuestas:

1. En relación con el eje de superar la dependencia económica de los combustibles fósiles, la Plataforma considera que la reconversión productiva debe orientarse a garantizar condiciones de vida digna y sostenibilidad territorial. En este sentido, resulta fundamental avanzar en políticas redistributivas que permitan proteger a las poblaciones afectadas por la transición, incluyendo la implementación progresiva de esquemas de renta básica universal, como herramienta para reducir la pobreza, garantizar mínimos vitales y facilitar procesos de reconversión económica justos. Estas medidas deben articularse con el fortalecimiento de economías locales, la bioeconomía y modelos productivos sostenibles que reduzcan la dependencia extractiva.
2. De manera complementaria, resulta necesario avanzar en un análisis crítico de los modelos económicos predominantes, reconociendo que las dinámicas actuales de producción y consumo están intrínsecamente vinculadas a lógicas extractivistas. En este sentido, la transición no debe limitarse a promover modelos “sostenibles” dentro del mismo paradigma, sino avanzar hacia transformaciones estructurales que permitan construir economías verdaderamente sustentables, basadas en la redistribución, el respeto por los límites ecológicos y la centralidad de la vida.
3. En cuanto al eje de transformar la oferta y la demanda de energía, la Plataforma advierte que la transición energética no puede reducirse a la sustitución tecnológica de fuentes fósiles por energías no convencionales, dado que estas también generan impactos sociales y ambientales. En este marco, se propone agilizar y profundizar el proceso de transición energética y agroecológica, asegurando su sostenibilidad, la garantía de la consulta previa, libre, informada y vinculante, y la protección efectiva de las personas defensoras del ambiente. Asimismo, es necesario fortalecer los marcos jurídicos y las políticas públicas que aseguren el derecho a un ambiente sano, la protección de ecosistemas estratégicos y la reparación integral de los territorios afectados por el extractivismo.
4. En este sentido, resulta fundamental fortalecer los mecanismos de gobernanza propios de las comunidades, tales como los resguardos indígenas, los consejos comunitarios de comunidades negras y las zonas de reserva campesina, entre otras figuras territoriales. Estas formas de organización han demostrado ser fundamentales para la protección de la vida en todas sus formas, así como para la conservación de territorios de especial importancia ambiental. Asimismo, constituyen espacios esenciales para garantizar el derecho a la participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales, consolidando modelos de gestión territorial basados en el conocimiento local, la autonomía y el cuidado colectivo de los ecosistemas.
5. Un aspecto crítico en este eje es el incremento de la demanda de minerales estratégicos o “tierras raras”, necesarios para las tecnologías de transición energética. La Plataforma advierte que este fenómeno puede generar un nuevo ciclo de extractivismo, reproduciendo dinámicas de despojo territorial, degradación ambiental y vulneración de derechos. En consecuencia, se plantea la necesidad de establecer evaluaciones integrales de impacto que incluyan los DESCA, garantizar procesos efectivos de consulta previa y adoptar medidas de protección especial para territorios y ecosistemas estratégicos, promoviendo alternativas económicas sostenibles.
6. En esta línea, la Plataforma advierte las problemáticas asociadas a los mercados de carbono, en particular a los proyectos REDD+, que en diversos casos han evidenciado limitaciones en la garantía de los derechos de las comunidades étnicas. Entre estas se encuentran restricciones a la gobernanza territorial, afectaciones a sus formas de vida y prácticas culturales, así como relaciones de poder asimétricas en los procesos de negociación con empresas. Adicionalmente, se ha cuestionado la efectividad de estos mecanismos en la reducción real de los impactos ambientales. Por ello, se considera necesario fortalecer la regulación de los mercados de carbono, asegurando que su implementación garantice plenamente los derechos de las comunidades y su participación libre, previa, informada y vinculante.
7. Respecto al eje de fortalecer la cooperación internacional y el multilateralismo, la Plataforma resalta la importancia de avanzar hacia mecanismos de financiamiento climático que respondan a principios de equidad y responsabilidad histórica, así como garantizar la transferencia de tecnología sin condicionamientos. Igualmente, resulta necesario revisar las barreras jurídicas internacionales, en particular los acuerdos de comercio e inversión, que limitan la capacidad de los Estados para adoptar medidas de protección ambiental y garantía de derechos humanos.
8. De manera transversal, la Plataforma enfatiza la necesidad de regular de manera integral el papel de las empresas en la transición energética. En este sentido, se requiere avanzar hacia un marco normativo vinculante en materia de empresas y derechos humanos que no se limite a la debida diligencia, sino que incorpore obligaciones claras de prevención, respeto y reparación, garantice el acceso efectivo a la justicia y la reparación integral para las personas y comunidades afectadas, y establezca regímenes de responsabilidad administrativa, civil y, cuando corresponda, penal por violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, la Plataforma valora el carácter multiactor de la Conferencia y subraya que la participación de la sociedad civil debe ser efectiva, incidente y vinculante, garantizando que las propuestas de las comunidades se traduzcan en decisiones concretas. En este marco, se hace necesario fortalecer los distintos mecanismos de participación dentro de la gobernanza ambiental, garantizando que estos sean efectivos, vinculantes y con capacidad real de incidir en la toma de decisiones, reconociendo y potenciando las formas propias de organización y deliberación de las comunidades.