Comunicado a la opinión pública

14 de febrero de 2026

Desde la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo PCDDHH, RECHAZAMOS la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025 de parte del Consejo de Estado, ya que se contrapone a la garantía Constitucional del SALARIO VITAL mandatado en la Constitución de 1991 y a la realidad social de los trabajadores y trabajadoras del país. El incremento del 23% reconocido por el gobierno Nacional, obedece al marco jurídico existente y avanza en el cierre de brechas sociales, desigualdad y pobreza.

La medida cautelar provisional de suspensión, desconoce los principios de progresividad, dignidad humana, realidad y de enfoque de derechos con el que se expidió el Decreto 1469 de 2025, y con el que cumple mandatos Constitucionales, Legales y Administrativos. Más de 2 millones de personas y sus familias ya ajustaron sus dinámicas al salario VITAL, al igual que sus empleadores.

Sorprende la diligencia del órgano de cierre de lo Contencioso Administrativo frente a una decisión que habitualmente toma meses; por lo tanto, LLAMAMOS al Consejo de Estado y a los Jueces Constitucionales de Colombia a garantizar los derechos fundamentales, y al  gobierno a que RATIFIQUE y AMPLÍE los argumentos expuestos en el Decreto 1469 de 2025, que dan cuenta del cumplimiento del ordenamiento jurídico, y de una propuesta normativa ceñida a la dignificación de la vida para quienes con su trabajo sostienen el bienestar general de la sociedad. .

LLAMAMOS a los medios de comunicación y periodistas a informar de manera seria y ética el Decreto 1469 de 2025, el cual sigue vigente hasta que se expida el provisional del que habla el Consejo de Estado en el texto de la decisión judicial.

CONVOCAMOS a toda la población a estar alerta ante el desenlace de estas decisiones. Todas las herramientas de control de legalidad están para garantizar los derechos de las personas, no para negarlos. La Constitución del 91 es norma de normas y, en consecuencia, son de obligatorio cumplimiento. Será el pueblo en su derecho soberano quien finalmente, en democracia,  deberá hacer cumplir tales mandatos.