17 de octubre de 2026. En audiencia defensorial organizada en conjunto con la PCDHDD, el Gobierno presenta avances en su gestión y se compromete con las recomendaciones presentadas por el comité DESC de Naciones Unidas.

El pasado mes de septiembre Colombia presentó su examen de derechos sociales, en dónde la sociedad civil y la Defensoría presentaron sus informes. Hoy, luego de más de un mes, 21 Ministerios presentan sus avances y se comprometen a cumplir con las recomendaciones presentadas por El Comité y exigidos por la sociedad civil. Los derechos a la vivienda, el trabajo, la educación, la tierra o el agua presentan avances significativos bajo este Gobierno, sin embargo, las brechas estructurales siguen siendo los grandes retos.

En Colombia no se había desarrollado una Audiencia Defensorial en torno a los Derechos, Económicos, Sociales Culturales, del Ambiente y la Naturaleza – DESCA por lo que este espacio fue fundamental para establecer líneas de base y posibles hojas de ruta en materia de políticas públicas para la garantía de este conjunto de derechos en el país y en diálogo con la sociedad civil.

El espacio estuvo liderado por la Defensora del Pueblo Iris Marín, quien destacó durante la apertura de la audiencia la necesidad de avanzar en crear condiciones en materia de políticas públicas que garanticen superar los altos niveles de desigualdad que se viven en el país y en ese sentido instó a las diversas entidades que se hicieron presentes a asumir compromisos de cara a las recomendaciones emitidas por parte del Comité del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

Las recomendaciones del Comité deben constituir en una hoja de ruta para avanzar en la garantía efectiva de los Derechos Económicos Social, Culturales, del ambiente y la naturaleza. En el séptimo examen del comité recomendó al Estado colombiano:

• Adoptar todas las medidas positivas necesarias en favor de las zonas con las tasas de pobreza más altas y desatendidas por los servicios públicos, incluso mediante el aumento de los compromisos presupuestarios y otras medidas redistributivas, así como mediante el fortalecimiento de las capacidades administrativas, fiscales y operativas de los gobiernos locales.
• Intensificar esfuerzos para el efectivo funcionamiento de los mecanismos previstos para supervisar la implementación del Acuerdo Final y que redoble sus esfuerzos para implementar los diversos planes de desarrollo territorial a fin de garantizar los derechos económicos sociales y culturales considerandos en el Pacto y fortalecer la participación política de las mujeres en la implementación del AF y en el posconflicto con medidas concretas, así como promover la cultura de paz.
• Dar un impulso decidido al Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural, como instrumento para superar las brechas históricas en zonas rurales y étnicas.
• Reconocer y apoyar los modelos de gestión comunitaria del agua, eliminando barreras normativas, técnicas y financieras que dificultan su desarrollo.
• Evaluar y monitorear preventivamente los indicadores de vulnerabilidad hídrica y los proyectos extractivos, energéticos o agroindustriales, que puedan afectar el acceso equitativo, seguro y sostenible al agua, incluyendo aquellos relativos a la transición y renovación energética.
• Actualizar de forma urgente la Encuesta Nacional de Situación Nutricional
• Adoptar de forma urgente una Ley Estatutaria del derecho a la Alimentación adecuada para la adecuada implementación del derecho constitucional a la alimentación.
• Redoblar esfuerzos para mejorar la productividad de los pequeños productores agrícolas promoviendo la soberanía alimentaria de las comunidades y la participación de la sociedad civil en los modelos de gobernanza.
• Crear un marco normativo la protección, conservación y producción de semillas nativas y criollas.
• Proteger el derecho a la acción sindical y a los miembros de las organizaciones sindicales.
• Abordar de manera prioritaria las causas subyacentes a la corrupción y adoptar las medidas necesarias para combatirla.
• Crear condiciones favorables para que los pueblos indígenas, poblaciones palenqueras, raizales y rom puedan conservar, desarrollar, expresar y difundir su identidad, historia, cultura, lenguas, tradiciones y costumbres, así como adoptar medidas para proteger y salvaguardas el patrimonio inmaterial.
• Investigar de forma rápida, imparcial y exhaustivamente los casos de ataques contra defensores de los derechos humanos asegurando que los responsables sean identificados, juzgados y sancionados con penas proporcionales a la gravedad de los hechos, con el fin de erradicar la impunidad y acelerar la adopción del proyecto de Estatuto de Personas Defensoras, así como adoptar medidas de protección colectiva y fortalecer las mesas territoriales de garantías.
• Garantizar el acceso al aborto en todos los niveles de la atención sanitaria, con especial énfasis en las zonas rurales y remotas y adoptar las medidas necesarias para eliminar barreras estructurales, en especial en zonas rurales.
• Institucionalizar las consultas inclusivas con las organizaciones de personas con discapacidad.
• Tomar medidas especiales para garantizar para garantizar la protección y reintegración sostenida al sistema escolar de NNA, que fueron reclutados forzosamente.
• Sostener los esfuerzos de asignación de recursos financieros, humanos y técnicos al sector de la educación a fin de garantiza el acceso universal e igualitario, así como adoptar medidas para reducir los índices de deserción escolar sobre todo en zonas rurales.
• Adoptar medidas legislativas y administrativas adecuadas para garantizar que las empresas que operan en el Estado parte no afecten negativamente el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales en el desarrollo de sus actividades, incluso mediante la incorporación de la diligencia debida en materia de derechos humanos y del medio ambiente.
• Acelerar los esfuerzos para cerrar las brechas salariales en materia de género, así como aumentar la participación de las mujeres en el mercado del trabajo, especialmente en zonas rurales.
• Intensificar esfuerzos para dotar al mecanismo de inspección laboral con los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes.
• Elaborar y adoptar progresivamente indicadores adecuados sobre el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales a fin de facilitar su evaluación, de igual manera difundir las recomendaciones y crear mecanismos para su monitoreo.

Durante la audiencia se hicieron presentes diversas instituciones estatales del orden nacional y local como: Ministerio del Interior, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Unidad de Restitución de Tierras, Asomunicipios y Asodepartamentos.

Cada una de estas instituciones presentó un reporte de acciones que vienen desarrollando en materia de garantía de los DESCA. Destacándose la adopción de medidas para la implementación del acuerdo de paz referido en especial a la implementación del Sistema Nacional de Reforma Agraria, los avances en el programa de restitución de tierras y la creación de nuevas entidades territoriales para campesinos y campesinas. Las medidas adoptadas en materia presupuestal para garantizar el derecho a la salud y la educación. La adopción del sistema nacional del cuidado. La actualización de datos en materia alimentaria con el llamado a desarrollar la Encuesta Nacional de Situación Alimentaria y Nutricional (ENSIN). Las medidas adoptadas para frenar la deforestación asegurando la participación de comunidades en los territorios más afectados por este fenómeno. El impulso a reformas sociales en materia laboral, seguridad social y salud, así como los esfuerzos para aumentar los presupuestos de las entidades territoriales y garantizar la presencia institucional en los territorios históricamente excluidos.

Valoramos positivamente la participación de las instituciones que se hicieron presentes durante la audiencia, siendo esta una muestra del compromiso de cara al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité.

De igual manera, la Plataforma hace un llamado a la Defensoría del Pueblo y demás instituciones estatales comprometidas con el Pacto, a establecer un escenario de discusión y construcción interinstitucional con participación de la sociedad civil, para avanzar en la creación de un mecanismo que permita hacer seguimiento a las recomendaciones del Comité y medir los avances en materia de garantía progresiva de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, del Ambiente y la Naturaleza en el país.