5 de abril de 2024

Después de más de un año de trámite, y mientras cursaba el tercero de cuatro debates necesarios para su aprobación, nueve senadores de los partidos Centro Democrático, Conservador, Liberal, ASI, La U, Colombia Justa Libres y Mira, decidieron con su voto archivar el proyecto de ley de reforma a la salud, faltando a su compromiso ético y político en su cargo con el país y anteponiendo sus intereses personales y los de las empresas que financian sus campañas y los inhabilitaba para tomar esa decisión, a su obligación de defender el derecho fundamental a la salud digna para millones de personas.

La decisión pretende perpetuar la crisis que enfrenta el sistema de salud, asfixiado con la desfinanciación por deudas de las EPS que ya superan los 23 billones de pesos y ha obligado el cierre de más de 3.000 hospitales y clínicas públicas; la integración vertical del negocio y desviación de recursos públicos hacia el incremento patrimonial de privados; la mala calidad del servicio, reflejada en el elevado número de quejas y tutelas para acceder a la asistencia básica; la escasez de medicamentos esenciales y la precariedad en las condiciones laborales del sector. Además de que esta situación ha sido documentada ampliamente y ratificada por el reciente informe de la Contraloría, se denunció la inexistencia de recursos efectivos en fondos legales de sostenibilidad a cargo de las EPS y el conflicto de intereses en algunos de los parlamentarios responsables del fracaso de la iniciativa.

Pese a que este es un duro revés para tanta gente afectada por la mercantilización de la salud, y a que el gobierno nacional ha advertido sobre el riesgo de colapso en el sistema, el camino no está cerrado. Se debe apoyar con movilización ciudadana el enfrentamiento a estos egoístas intereses, en una estrategia donde está previsto tomar el control público de las EPS en riesgo para garantizar el servicio, insistir con la reforma en la próxima legislatura, reclamar las sanciones efectivas para los congresistas que hayan violado el régimen de inhabilidades y la persecución judicial y fiscal a los bienes de quienes se han enriquecido con los recursos de la salud.

Este debate nacional ha servido para develar las consecuencias de convertir a la salud en un negocio, la profundidad de los intereses personales que defienden los congresistas y otros funcionarios públicos, las prácticas viciosas de algunos empresarios, la incoherencia de partidos políticos que a nombre del pueblo defienden los intereses de los poderosos conglomerados económicos, la ineficacia de los organismos de justicia y control y la complicidad de algunos medios de comunicación. Sabíamos que esto no sería fácil y no lo ha sido, pero el camino andado aumenta la posibilidad de alcanzar el sistema de salud ofrecido en la Constitución. No es hora de rendirse, hay que seguir luchando por nuestro derecho.