Denunciamos ataque físico a abogado de Cajar Santiago Salinas Miranda y hostigamientos contra integrantes de la organización de derechos humanos

Bogotá, 10 de enero de 2024

El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), denuncia ante la opinión pública y la comunidad nacional e internacional que el abogado de la organización Santiago Salinas Miranda, fue víctima de un ataque físico el lunes festivo 8 de enero, por parte de dos mujeres que en el pasado habían hostigado a otras integrantes de la organización de derechos humanos.  

Santiago Salinas se encontraba con su esposa, Erika Isabel Prieto Jaime, también defensora de derechos humanos, en el supermercado Colsubsidio de la Calle 26 con carrera 34, aledaño a su vivienda, a las 3:10 de la tarde, cuando se percataron de la presencia de dos mujeres que hablaban de ellos y los señalaban. Por las múltiples agresiones y amenazas contra la vida, integridad y libertad que ha sufrido Erika, la reacción fue grabar con el teléfono celular para registrar la situación. El abogado de inmediato reconoció a las mujeres y recordó que habían hecho presencia en distintos espacios institucionales del Cajar, generando escándalos y actos de saboteo. 

“(…) teniendo en cuenta sus antecedentes y que actualmente existen medidas de protección de la Corte IDH sobre el Colectivo de Abogados y de medidas individuales sobre mi persona y mi esposa ante la Policía, le pedí a ella que grabara con su celular a las dos mujeres, quienes reaccionaron violentamente y comenzaron a gritar que sabían quién era yo, mencionan el lugar donde trabajó mi esposa y datos precisos de otros integrantes del Cajar. Luego, mencionan mi nombre y el del Colectivo y nos acusan de haber hackeado sus celulares y aseguran que todos tenemos una denuncia en Fiscalía; gritan a los presentes y a las personas de seguridad que llamen a la Policía. Yo comienzo a grabar después de eso y la señora de más edad toma un café que llevaba en la mano bastante caliente y me lo arroja (…)”, explicó el abogado, quien, como consecuencia de este hecho, resultó con quemaduras en el pecho.  

La mujer más joven acusó al Cajar de perseguirlas para hacerles daño y varias veces mencionó que próximamente iba a estallar una bomba, sin aclarar a qué se refería.  

Resaltamos que en reiteradas ocasiones las mujeres mencionaron a la profesional Diana Marcela Otavo, indicando que sabían los lugares donde ha trabajado anteriormente, lo que indicaría un perfilamiento detallado. 

Después de los hechos, las dos mujeres trataron de huir, acción que fue impedida por la seguridad del supermercado, requerida por Erika Prieto para que se aguardara la presencia policial. El cuadrante de Policía condujo a las agresoras al CAI de Teusaquillo para registrar sus datos y luego a la URI de Puente Aranda, donde el abogado del Cajar denunció lo sucedido e informó a las autoridades que había visto con anterioridad a su agresora en una Audiencia Pública en el Congreso de la República sobre empresas y derechos humanos. 

Vale la pena destacar que los y las integrantes del Cajar que han venido siendo hostigados por estas personas son parte del equipo de profesionales que hacen seguimiento a las prácticas de interferencia y a los impactos de algunas empresas de la industria de ultra procesados y bebidas endulzadas en el marco de la campaña “Dulce Veneno – el antídoto es la verdad”, así como a procesos de impactos socio – ambientales en los territorios por parte de empresas transnacionales. 

Antecedentes 

  1. Las mujeres hicieron presencia en un evento sobre derechos humanos y empresas en marzo de 2023, donde preguntaron directamente por la abogada Yessika Hoyos, integrante de la Asamblea Directiva del Cajar, a quien, sin que esta les consultara, le indicaron que estaban siendo vigiladas y que habrían realizado curso en Brigada XIII y otros temas sin mucho sentido. Ese mismo día, se acercaron a Diana Marcela Otavo para hablarle de forma intimidante sobre mujeres asesinadas y desaparecidas en Colombia. También hostigaron a Paz Gaviria, comunicadora del proyecto Dulce Veneno, a quien tanto en el foro como en el Congreso le perseguían por el lugar, se sentaban a su lado, le preguntaban sobre su lugar de trabajo y ocupación y provocaban conversación.
  1. En la segunda parte del evento, en horas de la tarde, una de las mujeres increpó a uno de los invitados internacionales, interrumpiendo el foro para exigirle repitiera su nombre y la organización a la que representaba. Una vez terminado el foro, la abogada Yessika Hoyos y Diana Otavo revisaron que el auditorio estuviera vacío y al salir, junto al mismo invitado internacional que fue increpado, notaron que las mujeres estaban afuera y que los siguieron varias cuadras.
  1. Al día siguiente, las mujeres se presentaron en Audiencia Pública en el Congreso, donde preguntaron por “Rosita” en referencia a la abogada Rosa María Mateus, integrante de la Asamblea Directiva del Cajar y coordinadora del Eje de Trabajo Defensa del Territorio y Lucha Contra la Crisis Climática, a quien le hablaron de manera intimidatoria sobre líderes ambientales en riesgo. Las mujeres intentaron sabotear el espacio, por lo que la Policía las hizo salir del recinto.
  1. En otras circunstancias, la entonces coordinadora de la Oficina de Prensa del Cajar se encontraba de vacaciones en La Vega, Cundinamarca, y mientras comía algo en el parque principal, se percató de la presencia de las dos mujeres, que descendían de un automóvil junto a un hombre mayor. Inmediatamente las identificó como las mismas que habían estado hostigando y haciendo preguntas a varias personas en un foro sobre interferencia de la industria.
  1. Además, Diana Marcela Otavo, integrante del Cajar y quien coordina las comunicaciones del proyecto Dulce Veneno, reportó el pasado 1 de septiembre de 2023 que luego de salir de un programa en el canal Cablenoticias, identificó que estaba siendo seguida y buscó refugio en la sede del excongresista Gustavo Bolívar, justo al frente del canal. Al ingresar, se dio cuenta que se trataba de las mismas dos mujeres, quienes repitieron las conductas intimidatorias.

Ante estos hechos, solicitamos al Estado colombiano en su conjunto que tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad personal del abogado Santiago Salinas Miranda y su esposa Erika Prieto, así como de Diana Otavo y las integrantes de Cajar que también han venido siendo hostigadas por estas mujeres.

De igual manera, exigimos a la Fiscalía General de la Nación que desarrolle una investigación integral que permita esclarecer estos hechos y sus motivaciones e identificar a todos los responsables, así como aplicar las debidas sanciones. Es fundamental que en el país se brinden reales garantías a las personas defensoras de derechos humanos para que puedan ejercer su labor. 

 

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