Alerta temprana nacional de riesgo sobre la labor de personas defensoras de DDHH (PDDH), líderes y lideresas sociales, sus organizaciones y colectivos

La Defensoria del Pueblo, en cumplimiento de su labor institucional de impulsar la política de prevención de violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.), monitorea y advierte acerca de las situaciones de riesgo que puedan suponer violaciones de DD.HH. e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (D.I.H.) en el contexto del conflicto armado, la violencia sociopolítica y otros fenómenos de violencia conexos; en la misma medida promueve acciones de fortalecimiento institucional y comunitario para el diseño e implementación de estrategias y mecanismos de prevención, así como de impulso a las acciones del Estado en busca de mitigar o superar los riesgos advertidos.
Sobre la base de esta tarea, la Defensoría Delegada para la Prevención – Sistema de Alertas

Tempranas – SAT ha advertido en múltiples oportunidades el escenario de riesgo al que se enfrentan personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social de manera individual o colectiva desde diversos ámbitos o sectores en el país. Las Personas Defensoras de Derechos Humanos (en adelante PDDH), líderes y lideresas sociales, sus organizaciones y colectivos, tienen un rol esencial en la construcción de paz y democracia. En Colombia, especialmente en los sectores populares tanto rurales como urbanos, donde la presencia diferenciada del Estado es evidente, el papel de estas personas y colectivos se profundiza, en la medida que son puente para la exigencia de derechos entre las comunidades y las instituciones estatales. Así lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH’, Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia? de la OEA, la Relatoría especial para la situación de defensores de DD.HH de la ONU? y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
Colombia- OACNUDH^ en varios documentos especializados.

En consecuencia, cualquier acción violenta contra sus derechos tiene un impacto negativo para las comunidades y la sociedad en general, pues genera daños profundos para el tejido social.
De ahí que cuando se quiere acallar a una colectividad que busca cambios o mejoría en el acceso a sus derechos, y esto afecta intereses de diversos sectores, el mensaje más contundente, es atacar a una PDDH o líder social y en el peor de los casos, cegar la vida de estos activistas.

 

Alerta Temprana 019-23

 

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