Informe El derecho a la salud y la pandemia en Colombia

El presente informe muestra un balance de las medidas del gobierno colombiano relacionadas con la garantía del derecho a la salud durante el primer año de la pandemia ocasionada por la Covid-19. Se presentan los problemas de acceso a la salud, condiciones laborales, factores de riesgo y problemas estructurales asociados al modelo de salud en el país. De igual manera, se presentan algunas recomendaciones finales al Gobierno nacional, al personal de salud, a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil.

 

Acceso a la atención, peor en la pandemia

 

En Colombia, previo al desarrollo de la pandemia, ya se presentaba un déficit de acceso general a los servicios de salud. La crisis preexistente y el mal manejo de los recursos del Estado han generado que los efectos de la pandemia en el sector salud sean profundos y que afecten de manera desigual a la población con un sesgo claro de origen socioeconómico. Casi el 90% de las muertes por la pandemia sucedieron en los grupos pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 y alrededor del 67% de las muertes se produjeron en los estratos 1 y 2.

 

Así mismo, las desacertadas decisiones del Gobierno nacional -por ejemplo, la destinación de 19 billones de pesos (aproximadamente $4. 600.000.000 USD) a los bancos en el primer mes de crisis, antes que designarlos a los hospitales- han puesto en evidencia que sus gestiones funcionan bajo la óptica de salvar y favorecer al capital financiero y el mercado, antes que a los derechos de las personas.

Ante la desatención y vulneración del derecho a la salud, los colombianos han debido interponer en múltiples ocasiones el mecanismo de acción de tutela. La Defensoría del Pueblo afirma que cada 3.5 minutos se presenta una tutela por la salud, lo que resulta relevante porque muestra: a) la sistemática violación al derecho a la salud; b) que el sistema de salud no cumple ni siquiera su propia oferta, en cuanto la inmensa mayoría de tutelas son por tratamientos ya reconocidos en la ley 100; c) que el Estado y, especialmente, el Ministerio de Salud, no cumplen con su papel de supervisión y garantía del derecho a la salud; d) que urge una reforma de fondo al sistema actual.

 

Condiciones laborales más precarias

 

Durante la pandemia, se destacan tres importantes fenómenos asociados a las condiciones laborales: el aumento del horario laboral, el aumento de la carga laboral, y la disminución del salario. Adicionalmente, el personal de salud evidenció discriminación por parte de la sociedad al considerarlos agentes de contagio.

 

Estos fenómenos son solo una pequeña muestra de condiciones críticas estructurales, como las siguientes: más del 43% del personal de salud tiene un tipo de vinculación laboral indirecta, es decir, mediante terceros, lo que permite una mayor vulneración de los derechos laborales; gran parte de las instituciones no asumieron la dotación de elementos de bioseguridad para el personal y las medidas de aumento de carga laboral o de disminución salarial no pudieron ser contestadas de manera eficaz. A comienzos de diciembre de 2020, se presentaron más de 170 personas del sector salud fallecidas por la Covid-19.

 

Factores de riesgo: ¿sin agua potable es posible la prevención?

 

Se ha establecido que el derecho a la salud está íntimamente relacionado con otros derechos, como el derecho a la alimentación y el derecho al agua potable. En este sentido, las dificultades de nutrición de la población y el bajo acceso al agua potable deben evaluarse como determinaciones sociales de salud.

 

En Colombia, se observaron una serie de protestas, manifestaciones y bloqueos de calles de algunos sectores empobrecidos ante la marcada escasez de alimentos y pérdida de empleos. Así mismo, más de 2 millones de personas no tienen acceso al agua potable, por lo que las medidas generales de higiene y saneamiento no son posibles de cumplir y la recomendación particular del lavado frecuente de manos tampoco puede garantizarse.

 

El sistema, el problema

 

Durante la pandemia, se evidenciaron múltiples afectaciones en términos del derecho a la salud; por ejemplo, la pésima atención a las personas internas en las cárceles; el abandono a los migrantes- especialmente venezolanos-; el descuido a las personas que venían siendo atendidas por enfermedades crónicas; la grave disminución en la asistencia a los servicios de salud por un aplazamiento en la atención de otras enfermedades; y la demora en el suministro de medicamentos a pacientes crónicos.

 

El derecho a la salud no puede estar mediado por la caridad estatal, ni mucho menos reducido a la lógica del mercado de servicios que se ha instalado en el país a partir del modelo de sistema de salud propuesto en la Ley 100 de 1993, lo que ha significado la entrega de la salud al capital privado, su manejo como mercancía y el progresivo retiro del Estado de sus funciones de regulación.

 

Esto tiene como efectos o consecuencias (casi) inevitables el rechazo de pacientes, las limitaciones en los procedimientos y en los materiales médicos, la creación de requisitos incluso inexistentes en la ley, el aumento del número de pacientes por hora por médico, la persecución a los sindicatos de la salud, el gran desvío de esfuerzos del sistema de salud a tareas administrativas y las formas de contratación a destajo. Todo esto es lo que quedó descubierto, aún más, en medio de la pandemia.

 

 La propuesta: recuperar el papel del Estado

 

Desde la aparición de la ley 100 de 1993, se ha observado que las maromas administrativas y los recortes salariales no han servido para garantizar la supervivencia digna del sistema de salud. El Estado debe recuperar su papel regulador de los servicios de salud. Algunos elementos fundamentales que deben ser transformados para una garantía real del derecho a la salud en Colombia, son: 1) la equidad en los servicios de salud; 2) Universalidad e integralidad del servicio; 3) El control y la regulación a las transnacionales de medicamentos; 4) Las instituciones públicas de salud deben ser el eje del sistema nacional de salud; 5)  Los precios de los medicamentos deben ser, sin excepción, determinados por el Gobierno nacional, tanto para mayoristas como para minoristas.

 

Epílogo: jugando monopolio con la salud

 

El modelo del sistema de salud en Colombia es la copia del modelo de las ISAPRE (llamadas Empresas Prestadoras de Servicios- EPS- en Colombia) que estableció Pinochet en Chile, quien aplicó las recomendaciones del Banco Mundial en el sentido de que la salud debía ser rentable.

 

El modelo funciona de la siguiente manera: tener un intermediario que cobra a los usuarios del sistema (convertidos en clientes) y contrata unos prestadores de servicios (los hospitales). El negocio establecido en las reglas es sencillo: los intermediarios de naturaleza privada buscan reducir los servicios dados a los clientes y reducir los costos de atención de las instituciones de salud, de eso depende su ganancia. El Estado se encarga de las tareas que no son rentables. Este sistema, con sus reglas de mercado, recuerda el juego de mesa Monopolio. En este juego no es posible ser solidario, porque su naturaleza y su reglamento no buscan repartir la riqueza ni beneficiar a los participantes, sino hacer que unos ganen y otros pierdan.

 

Recomendaciones

 

  • Al Estado colombiano:

 

Reconocer su papel rector como garante del derecho a la salud, incluyendo los derechos interdependientes a la alimentación y al agua potable; aumentar el presupuesto para la salud y garantizar su correcta utilización implementación, especialmente en zonas vulnerables y de escasos recursos, ya que son las más afectadas por la Covid-19; Revisar las políticas de acceso al agua potable para hacer posible las medidas de prevención de enfermedades.

 

  • A las organizaciones defensoras de los derechos humanos:

 

Contribuir a la promoción y garantía del derecho a la salud, en términos de acceso, disponibilidad de servicios, calidad y aceptabilidad; Documentar y hacer públicas las consecuencias del modelo en la atención de la pandemia; Desplegar una campaña nacional de incidencia basado en las consecuencias negativas del modelo de salud actual.

 

  • Al personal de salud:

 

Trabajar por la unidad del personal de salud que permita la defensa de las condiciones laborales dignas y, en general, del derecho a la salud; Promover la equidad salarial y de género entre las personas trabajadoras de la salud; Aportar, desde su experiencia, a la formulación de modelos alternativos al actual modelo de salud colombiano.

 

  • A la sociedad colombiana:

 

Mantener la presión mediática y social para poner fin a la ley 100; Apoyar políticas y proyectos para avanzar hacia una normatividad que brinde una real protección a la salud de las personas y de las condiciones laborales del personal de salud; Sumarse a observatorios sobre el derecho a la salud y a aportar, desde su experiencia, a la formulación de modelos alternativos al actual modelo de salud colombiano

Informe Derecho Salud y la pandemia en Colombia

Informe Derecho Salud

 

The Right to Health and the Pandemic in Colombia

Derecho Salud Ingles

The Right to Health and the Pandemic in Colombia 

(Executive Summary)

Resumen técnico ingles

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