El proceso de negociación que se adelanta actualmente entre el Gobierno Nacional y la guerrillaFARC, obliga a reflexionar sobre las causas estructurales que han alimentado el conflicto social y armado, entre ellas la marcada desigualdad entre colombianos y colombianas, la inequitativa distribución de la riqueza y la tierra, y la insatisfacción de derechos de amplias capas de la población. En la Mesa de Negociaciones no se resolverán estas cuestiones, pero si deben sentarse las condiciones democráticas y participativas para que el pueblo colombiano pueda enfrentar estas problemáticas a través de la discusión del modelo de desarrollo y las reformas estructurales que se requieren para superarlas.

Ahora bien, lo que si compete en el momento actual a las partes, es aportar al derecho a la verdad y desentrañar la relación entre violencia socio política e imposición de un modelo económico que profundiza la desigualdad y pobreza. Más de 4.000 sindicalistas asesinados, más de 5 millones desplazados y desplazadas y otros miles víctimas de despojo, miles de colombianos y colombianas víctimas de desaparición forzada, crímenes que no fueron cometidos en el vacío. La eliminación de líderes, lideresas y la persecución sistemática a diversas expresiones del movimiento social tenían como fin, también eliminar las causas que ellos y ellas representaban: la defensa del territorio, de lo público, de derechos sindicales y laborales, del agua, el ambiente y los recursos naturales.

Las partes en la negociación han propuesto como principio el reconocimiento de víctimas, este debe incluir a los miles de hombres, mujeres y pueblos afectados en sus derechos, pero es importante también reconocer que muchos de ellos lideraban, acompañaban o hacían parte de procesos organizativos en defensa de los DESCA, los cuales deben ser reconocidos igualmente como víctimas colectivas.

Varios espacios han defendido una Comisión de la Verdad para Colombia con el mandato de esclarecer los crímenes cometidos, su mandato debe incluir una subcomisión de la verdad en la que se identifiquen estos procesos colectivos y de exigibilidad de derechos menguados, eliminados, perseguidos, así como los impactos inmateriales de dichas acciones criminales. A la par, debe considerarse un capítulo que contemple al territorio y a la naturaleza como víctimas, escenario en el que puedan considerarse los daños a los ecosistemas, fauna, fuentes hídricas, aire, espacios vitales y espirituales de los pueblos, pero también las relaciones sociales, productivas y políticas con el territorio afectadas o desaparecidas, así como las afectaciones a futuras generaciones.

Esta Comisión de la Verdad, debe avanzar igualmente hacia el reconocimiento de los beneficiarios de la guerra contra el movimiento social colombiano, quienes se beneficiaron del exterminio del movimiento sindical, del despojo, de la persecución a pueblos indígenas, de las detenciones masivas y ejecuciones contra el movimiento campesino. Sería importante que afuturo, para prevenir la actuación ilegal de actores privados económicos, se considerara la modificación de la normativa penal a efectos de que los órganos de justicia puedan procesar penalmente a actores económicos privados por delitos económicos y ambientales. Como consecuencia de lo anterior, deben establecerse áreas protegidas en las que dada su vulnerabilidad ambiental, social y política no pueden destinarse al desarrollo de proyectos de carácter extractivo o similares.

Como garantía de no repetición debe revertirse la apuesta por un modelo extractivista no solo porque se valió del conflicto para afianzarse, sino porque no contribuye al desarrollo social y económico del país, genera empleos precarios, crea condiciones para el aumento de la discriminación hacia las mujeres, destruye el ambiente y obliga al Estado colombiano al detrimento patrimonial por las condiciones tributarias y exenciones que ofrece. Garantizar la no repetición supone la revisión del sistema tributario actual. Es necesario y pertinente implementar una reforma estructural de los impuestos nacionales y locales, directos e indirectos para favorecer la desconcentración de la tierra, los capitales y en general la riqueza. Ello debe incluir la eliminación de exenciones de impuestos a las empresas extractivas (mineras, petroleras, agroindustriales, etc.)

Urge revisar las iniciativas de responsabilidad social empresarial, en tanto han sido utilizadas para ocultar conflictos laborales, sociales, ambientales. La creación de una veeduría o espacio de vigilancia y control social público puede aportar en esta tarea. Replantear el Sistema General de Regalías, para que el dinero de estas se destine a proyectos en los territorios en donde se de la explotación de recursos naturales y el resarcimiento de las víctimas de estos.

Los recursos destinados a la guerra deben reorientarse a la satisfacción y garantía de los DESCA de toda la población colombiana buscando superar plena de la pobreza en todo el territorio nacional.

Se hace necesario crear una política de medios de comunicación que involucre a estos actores en la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto desde una perspectiva educativa y de reconciliación. Que recoja los hallazgos de la comisión de la verdad, los análisis de las causas estructurales del conflicto social y armado y que limite la producción y emisión de piezas comunicativas que insten a la sociedad colombiana a la discriminación y la intolerancia. La garantía de no repetición pasa por crear una política pública educativa que haga de la Escuela y sus currículos una fuente de memoria histórica de las víctimas del conflicto social y armado y del modelo de desarrollo del país.

Cali, 8 de agosto de 2014.

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