El Estado colombiano firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales PIDESC en 1966 y ratificó su adhesión el 29 octubre de 1969, razón por la cual se encuentra obligado a adoptar las medidas suficientes y oportunas para garantizar la protección, respeto y realización de ese grupo de derechos. La realización de esos derechos busca no sólo la eliminación de la pobreza, las inequidades e injusticias sociales, y los sufrimientos humanos a ellas asociados, sino también la dignificación de las personas, individual y colectivamente.

En Colombia, el modelo de desarrollo impuesto en los últimos 20 años se ha caracterizado por ser altamente excluyente, profundizador de la pobreza y enfocado en la explotación de los recursos naturales. Eso ha generado un alto nivel de concentración de la riqueza y de la tierra, deterioro de la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables y procesos acelerados de degradación e injusticia ambiental que han multiplicado los conflictos sociales y territoriales.

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24_02_2016_BOLETIN_PCDDHD_conajustes