Agenda para la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz en el contexto del gobierno del presidente Iván Duque

Diálogo político de las plataformas de DDHH y los movimientos sociales

Bogotá, Noviembre 2 de 2018-11-02

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Instalación: saludo, presentación de asistentes, presentación de objetivos y agenda de la jornada

Alirio Uribe: Saluda a compañeros. Considera que hay que ponerse en una disposición muy buena para el cambio y tener una agenda común como se ha tenido en otros momentos difíciles como este. La idea del encuentro sería hacer propuestas para esta ruta común y mejores caminos para un trabajo conjunto. Los presentes conocen la historia y los caminos que se han recorrido, hay una experiencia de acciones comunes con las que se lograron cambios y transformaciones.

Hace remembranza de la lucha por la justicia y contra la impunidad, en la que se enfrentó a la justicia penal militar para que no se juzgara a civiles. El movimiento de DDHH logró además la creación de la Unidad de DDHH en la Fiscalía y participó en la carta de DDHH de la Constitución. El movimiento fue gestor del SIVJRNR. Se debe reconocer que sí se puede impactar. En materia de protección nada de lo que existe hoy, existía antes. Se logró cerrar el DAS y crear la UNP, aún con todos los defectos que tiene. La OACNUDH no existía tampoco. Se han obtenido una gran cantidad de condenas por falsos positivos y se develó la parapolítica. Hay que declararse en resistencia activa, contra este gobierno adverso y con el retorno de la derecha, hay que organizarse. Los gobiernos de derecha han juntado al movimiento en otras ocasiones.  Cada organización y movimiento son distintos pero siempre han defendido el pluralismo y la diversidad, esto debe ayudar a juntarse. Para esto, hay que elaborar un buen contexto con mapas de incidencia y retos.

El más grande será probablemente el de parar los asesinatos, las amenazas y la estigmatización. Hay que reactivar los espacios y el plan nacional de acción de DDHH y en general lo que se hizo con el gobierno de Uribe. Es decir “hay que ponerlo a cuidarnos”. Hay que exigirle al gobierno que respete el derecho a la protesta. Se vienen 4 años de grandes movilizaciones. Se cuenta con la Corte Constitucional, que declaró inexequible los artículos del código de la policía relativos a la protesta. Se debe exigir la implementación del Protocolo de la Protesta. Hay que acudir a la comunidad internacional, así esta siempre tienda a acomodarse al gobierno de turno. Se pueden ajustar los mapas de incidencia y tener mensajes claros frente al EPU, la Conferencia Europea, la OCDE, los estándares ambientales y laborales, el FMI y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La misión más grande del mundo de paz es en Colombia, no tienen nada más que mostrar en el mundo desafortunadamente.

Hay que afrontar el desmonte del paramilitarismo. El plan de desarrollo de gobierno es un plan de negocios. Habrá un problema de afectación del territorio, una Reforma Tributaria inequitativa. En materia de paz, se vienen todos los desafíos en la implementación de los Acuerdos. Se han presentado 45 reformas constitucionales regresivas que si se aprueban, estaríamos en una constituyente. El plan de desarrollo debe tener un capítulo y un enfoque de paz. La política anti-drogas tiene que incluir también los derechos humanos. Con el narcotráfico se financió el paramilitarismo, la parapolítica y se financiará la guerra con Venezuela. La militarización y la erradicación violenta es una nueva matriz de violencia en Colombia. Hay que reactivar el Concejo Nacional de Paz y reactivar los observatorios regionales. Todo esto impone que se haga el esfuerzo inmenso de trabajar de manera articulada en un escenario adverso. Hay que pensar que pasará lo peor y en esa medida tener una agenda muy fuerte. A pesar de las dificultades, se tiene que intentar que el gobierno reaccione. Ellos no tienen tampoco las cosas ganadas. Si las organizaciones y los movimientos se unen, menos van a poder. Hay que creer en esa capacidad.

(Presentación de asistentes)

 

Conversatorio: Análisis Del Escenario Político Actual Para El Desarrollo De La Agenda De Derechos Humanos Y La Construcción De La Paz (moderación por Diana Sánchez – Minga):

Diana Sánchez: Se ha logrado una articulación mayor entre el espacio de plataformas, que hacen más incidencia política, y los sectores del movimiento social, que hacen un trabajo más de base. Hay una mayor articulación también entre lo central y lo territorial. Se han armonizado también temas de derechos humanos con la paz, que están ahora integrados y no se pueden dejar disolver. Hay mucho potencial, la idea es que este evento sea un pilar esencial de acción.

Luciano Sanín: Agradece la oportunidad de retomar la dinámica y articularse para poder actuar. El movimiento de paz y DDHH es un movimiento con grandes logros, tal vez el más significativo es que se está ampliando con las organizaciones sociales y políticas. Ese movimiento abrió la oportunidad de la paz y es este movimiento el que está llamado a mantener esa oportunidad abierta. Esta es una situación política de gran incertidumbre en la que están en riesgo básicamente todos los derechos impulsados por el proceso de paz. La paz reubica todo. El eje de la política cambia, pues estuvo por años estructurado alrededor del conflicto armado, eso está cambiando así haya sectores que quieren mantener la política anclada a la lógica del conflicto armado.

La agenda legislativa también se abre y descentra la lógica política de conflicto armado. Es indudable el gran protagonismo que ha adquirido la ciudadanía en el país, hay varios indicadores de esto que hacen que se esté estresando en Colombia de manera muy fuerte la movilización social. Hay una gran disposición y capacidad de movilización con ocasión al proceso de paz, se han multiplicado la cantidad de protestas y de personas movilizadas.

El proceso de paz desbloqueó la agenda, la política está en disputa. El contexto mundial y latinoamericano es también neoconservador, muy grave en términos de agendas en contra de derechos, autonomía y democracia. Sin embargo, no es tan catastrófico como algunos lo leen pues es una tendencia que va ganando pero no arrasando. México y España son esperanzadores. Resalta la persistencia del conflicto armado con el paramilitarismo. También preocupa que la comunidad internacional baja la presión y da un margen de maniobra que las fuerzas políticas de la derecha pueden aprovechar para mayor represión.

 

Enfoque y prioridades del gobierno en materia de DDHH y paz:

  • Quitar importancia y trascendencia a los DDHH y a la paz en la agenda.
  • Olvidar el Acuerdo, más que hacerlo trizas.
  • Reconceptualizar el concepto de DDHH, intentando correlacionarlos con los deberes.
  • Restringir las libertades, sobretodo en la agenda legislativa pero también en el gobierno. Ej: decreto dosis personal.
  • Priorizar los derechos de las empresas, el plan de desarrollo es impúdico. Van a limitar las consultas populares y las consultas previas para garantizar la libre empresa.
  • Implementar el acuerdo según una lectura puramente fiscalista: cuánto cuesta y tan poca plata que hay.
  • Minimizar el concepto de paz, reduciéndola únicamente a reincorporación de excombatientes.
  • Desmontar la idea de que la paz generaba grandes dividendos.
  • Excluir a los militares y en general omitir la responsabilidad del Estado en el conflicto armado.

Obstáculos y riesgos:

  • Ataques a la integridad, a la vida y a la libertad de los líderes y lideresas. Hay que esperar lo peor. Viene una gran oleada de criminalización y estigmatización de cualquier oposición a lo que ellos proponen.
  • Agresividad contra las consultas, las propuestas y las expresiones democráticas.
  • Ataques orquestados con la Fiscalía contra el SIVJRNR.
  • Estigmatización de la protesta y la movilización.

Oportunidades:

  • La mayor oportunidad es el crecimiento de la participación y la movilización social reivindicando derechos.
  • La puesta en marcha de SIVJRNR.
  • La bancada alternativa por la vida, la paz y los derechos. No son mayoría pero no son pocos.
  • La mayor sensibilidad que se ha ganado frente al público, sobretodo frente a asesinatos de líderes.
  • Los reflectores internacionales están todavía prendidos.

Retos:

  • Se deben elevar los muros para resistir el embate en lo político social e internacional.
  • Hay que tener una agenda de progresos y avances.

Christian Delgado: Plantea complementar algunos elementos y plantear otros adicionales. En términos de contexto y esperanza, se deben reconocer los espacios de articulación a diversos niveles: la Colombia Humana, la Mesa Nacional de Garantías para defensores y defensoras de DDHH, la Cumbre Agraria, etc.

Obstáculos y riesgos:

  • Una inmensa producción normativa que desafortunadamente no todos y todas manejan. Es decir hay mucha norma, pero hay un desconocimiento de ella, lo que impide la reivindicación de derechos en concreto.
  • Un desconocimiento de la institucionalidad. No se han convocado ni siquiera las instancias. Hay espacios que tenemos, que no hemos dinamizado. Hay entonces también mucho órgano creado en los que no se adelantan acciones de convocatoria. Ni siquiera se ha hecho el seguimiento a planes piloto. Balance complicado pues no hay ni gobernación ni seguimiento.
  • Suspensión de los espacios de garantía y de diálogo con el gobierno. Aunque después de la carta de suspensión de participación en el Plan Nacional de Acción, a las tres horas los convocaron y se pactó una agenda para retomar los diálogos de garantías a finales de noviembre.
  • La mesa con Procuraduría, por su conformación y sus funciones no se debería seguir haciendo. Pacto de Apartadó consiste en un rediseño de la política pública. Vuelven a vender idea de un plan piloto, lo que es preocupante.

Retos:

  • Compartir visiones sobre el Plan de Acción en DDHH y qué hacer.
  • Ampliar la pedagogía sobre los diferentes escenarios.
  • Definir cómo implementar el Protocolo de Protesta.

 

Complementos e intervenciones de los participantes

Soraya Gutiérrez: Agradece los aportes de los panelistas. Dice estar de acuerdo con el balance en relación a las tendencias y los obstáculos. Cita un artículo que dice que la democracia se debilita democráticamente, a través de la institucionalidad, la derecha se ha venido posicionando a nivel mundial y latinoamericano. Varios elementos caracterizan este fenómeno.

  • La autocracia: se presentan como la oposición, son confrontadores.
  • La plutocracia: no hay libertad de ideas porque hay manipulación por parte de medios. Construcción de noticias falsas.
  • Captura institucional para legitimar sus políticas más extremas.

En este contexto y a pesar de lo esperanzador hay que saber enfrentar estas dinámicas que están ahí. El gobierno hay que contenerlo pero la dificultad es la institucionalidad. La Corte Constitucional de ahora no es la misma, hay alianzas al interior del Congreso y militarización en los territorios. Los líderes de restitución de tierras y contra la erradicación forzada de cultivos ilícitos se encuentran en un peligro particular. No se debe concentrarse solo en derecho a la vida sino también a la restricción de los derechos de los sectores mujeres y LGBTI. Hay que explorar el nuevo escenario de la OCDE.

Gustavo Pérez: Constata el fortalecimiento de movimientos anti-derechos (mujeres y LBGTI). Se trata de un ataque generalizado contra las libertades individuales. Hay que prestar atención a la especificidad pero esto no incumbe solo a las organizaciones de mujeres o LGBTI, se trata de la punta de lanza de un gobierno ultraconservador. Se necesita una respuesta contundente de todo el movimiento de DDHH pues seguirán restringiendo otros espacios.

Juan Felipe Roa: Recalca que la Corte Constitucional que era garante de derechos está cambiando mucho. Hay que tenerlo en cuenta porque se pierde un espacio con el que se ha contado durante muchos años.

Andreiev Pinzón: Considera que este gobierno será igual de demagógico que el de Uribe. Preocupa la restricción de la movilización y el trato de temas ambientales. Habrá una dominación en lo urbano para un saqueo en lo rural. Vuelve el embrujo autoritario. Hay entonces que visibilizar y denominar las cosas. Lo que se está haciendo en Colombia es un desmonte de libertades. Los diagnósticos que se han hecho no están errados. La pregunta es cómo articularse y cómo cumplirlo.

José Humberto Torres: Ante la correlación de fuerzas adversas en Congreso, se debe desde regiones presionar al centro para que el progreso se implemente efectivamente. Preocupa la conducta de tres personas: Duque, el Fiscal y el Procurador que arremeten contra funcionarios públicos que no son de su sector político. El financiamiento es una problemática que ha movilizado a varios sectores que hay que unir (Universidad Pública). El incremento de cultivos ilícitos es también un tema que marca la coyuntura.

Juan Bernardo Rosado: Expresa preocupación por que la xenofobia contra los venezolanos se convierta en una bandera política. La política liberal moderna que desde la izquierda se ha avanzado está en una etapa debilitación. Considera impajaritable elaborar un reporte nacional de DDHH.

Ana María Rodríguez: En el tema de lucha contra la impunidad, dice que es necesario apoyar a la JEP, hacer todo lo necesario para que pueda cumplir con su labor. Sin embargo no se puede perder de vista el resto de la justicia en Colombia. Las reformas a justicia fueron muy malas las tres. Hay que luchar contra la propuesta de debilitar la tutela y eliminar las Cortes para crear una Corte única. Además, la Fiscalía solo avanza selectivamente en temas de presión social. Es preocupante que la bandera de este nuevo gobierno sea acabar con la restitución de tierras, este tema que tiene que ser defendido.

Claudia Mejía: Ha habido pocos momentos tan adversos a nivel mundial para los derechos de las mujeres y LGBTI. Hace 10 años Uribe tenía a Bush, hoy tenemos a muchos más personajes abiertamente adversos a los derechos de estos sectores. Hay que fortalecer vínculos mundiales con otros sectores afectados.

La gran fuerza de las iglesias evangélicas claramente alimenta estos retrocesos frente a las sociedades en general. En las Naciones Unidas, frente a derechos de mujeres y población LGBTI, la presión de la fuerza evangélica tiene mucho impacto. La Unión Europea en cambio no está tan condicionada frente a la fuerza de iglesias evangélicas y los gobiernos conservadores, hay que aprovecharlo. Considera que hay que aprovechar también las fisuras que tiene el gobierno.

En concreto, tanto para los derechos de las mujeres como para la paz, hay que explotar a Marta Lucía Ramírez. Ella es la fisura con el gobierno y con el Centro Democrático. Hay que aprovecharla, trabajar con ella. Sobretodo cree que se puede empezar a trabajar con ella el tema de mujeres, luego el tema de género en el acuerdo de paz, y a través de esto el acuerdo de paz en general. Hace una invitación para que esta sea la vía. Cuenta que la semana entrante se reúnen con Ministra y Vice-Fiscal sobre el PAO.

Mercedes Segura: Ve preocupante la militarización de los territorios y la cantidad de desplazamientos, masacres y destierros detrás. Las violaciones sexuales tienen dificultad para documentarlas porque muchos actores armados quedaron por fuera del Acuerdo Final. Las mujeres sufren mucho más la violencia. La mayoría de mujeres afectadas son afro-descendientes e indígenas. Considera que hay que abrir mesas de negociación pero no transversales. Hay situaciones puntuales que se dan en el caso de las defensoras: muchas compañeras amenazadas. La no implementación de Acuerdo genera más guerra, y las que lo padecen más, son las mujeres.

Alexandra González: Reitera lo relativo a las víctimas de crímenes de Estado. Dice que hay una contradicción entre la legitimidad y la participación de víctimas. Esto va de la mano con la selectividad de la Fiscalía, quien entregó un informe de desaparición forzada en el que vincula a muy pocos agentes de Estado, la mayoría son víctimas de las FARC. Hay un gran desbalance, la Fiscalía ha modificado la presentación de la desaparición forzada.

La Comisión de la Verdad puede ser el órgano que rompa con los otros órganos y establezca una verdad histórica. La sociedad se la tiene que apropiar para evitar al menos la impunidad social. Sobre la UBPD, el financiamiento de esta es preocupante. Parece además, que el presupuesto de reinserción se va a redestinar a la problemática humanitaria de los venezolanos.

Franklin Castañeda: El actual gobierno denota que la agenda es la de las empresas. Debido a la presión social también tuvieron que incluir la protección de líderes sociales, por eso su prioridad será el PAO y el Pacto de Apartadó. La agenda se está construyendo a espaldas de la sociedad civil. Se viene un desconocimiento de lo que se ha construido, acompañado de un remplazo de espacios respaldado por el Procuraduría.

Se están montando nuevos escenarios de garantías. Se está apartando así a un sector de la sociedad civil. Con la migración venezolana acompañada de la suspensión de los diálogos con el ELN y la elección de Bolsonaro, hay un riesgo real. Hay grandes retrocesos medioambientales y en temas de restitución de tierras y sustitución de cultivos. Ante eso, somos en parte responsables. Tenemos que sacar de esta reunión un principio de agenda común.

También hay que hacer una autocrítica de los espacios de garantías. Si nos dividen por la base, como lo hace la Procuraduría, es porque tenemos una deficiencia real de diálogo entre centro y región. Es necesario y urgente además, un diálogo y concertación con la FARC puesto que terminamos riñendo en temas de garantías relativos al Acuerdo.

Luciano Sanín: Añade que con Uribe había una estrategia de destrucción de organizaciones y movilizaciones sociales. El tono engañoso de Duque no es el mismo que el abiertamente adverso de Uribe. La Corte Constitucional ya no es el contrapeso contra Uribe. Hoy si se logra algo será a través del Congreso o a nivel local. Uribe tenía una tensión internacional alta. Con Duque, la paz quitó la atención de otros temas. Sobre la Corte Constitucional y la justicia en general, hay que ponerle el foco y hacer seguimiento a través de informes.

Christian Delgado: Ve un gran riesgo en la propuesta de reingeniería del gobierno. El PAO se enlaza con Pacto de Apartadó. Gobierno está priorizando la Mesa por la Vida y debilitando las otras Mesas de Garantías.

Gloria Castrillón, El Espectador – Colombia 2020: Agradece la invitación. Dice que Colombia 2020 ha sido un proceso de acercamiento a organizaciones y plataformas. Contra los medios masivos de comunicación hay muchas prevenciones y críticas. La gran mayoría son ciertas pero hay que encontrar empatía. Desconoce las prioridades del nuevo gobierno. No ve ninguna en materia de DDHH sino un desmantelamiento de la institucionalidad a través de un cambio de nombres pero también muchos despidos de gente que manejaba procesos esenciales.

La estructura institucional va a cambiar en oficinas como lo Alta Consejería Presidencial y el Alto Comisionado para la Paz. Esto es muy preocupante y el hecho de que la prioridad del gobierno es Venezuela. Cuenta que del gobierno, no asisten a reuniones que tengan que ver ni remotamente con la paz.  En temas de construcción de paz tampoco identifica una agenda o un discurso de construcción de paz por parte del Alto Comisionado. La polarización, sobretodo de medios, es muy compleja. El apoyo de la comunidad internacional es clave (Consejo de Seguridad y CPI).

Sobre los principales retos para el movimiento, ella reconoce que no pertenece al movimiento, pero considera que hay que tratar de hacerle entender a la ciudadanía que el proceso de paz no fue un fracaso. No tiene la respuesta sobre cómo pero dice que hay que descubrirlo. Por ahora desde Colombia 2020 están intentando visibilizar los territorios en los que la paz ha tenido grandes impactos y mandar el mensaje de que el Acuerdo sí sirvió. Se avecinan grandes movilizaciones sociales. Eso es un reto para todos nosotros.

Se pregunta ahora ¿a quién van a acusar de infiltrar y penetrar a la ciudadanía? Viene una tarea muy grande de pedagogía para hacer entender a la sociedad que la movilización tiene un gran impacto. Hay que bajarle el nivel de violencia a las propuestas pues deslegitima y hace difícil posicionar el discurso. Dice que no critica ni juzga, pero la movilización se tiene que ver positiva y constructiva para crear empatía. Sus colegas se quejan de agresiones que les hacen. Considera que el movimiento pide el desarme de los otros pero no lo hace desde adentro.

Claudia Mejía: ¿Cómo ve la posibilidad de la Unión Europea como aliada?

José Humberto Torres: ¿Cómo se formó en medios de Lidera la Vida?

Alirio Uribe: La paz no es un fracaso. Desde el punto de vista de cifras, estas son dramáticas, se han salvado miles de vidas. Se debe hacer una alianza con los medios para demostrar que la paz salva vidas, las cifras son un indicador de no fracaso.

Gloria Castrillón: Considera que la UE y algunas embajadas pueden ser aliadas. Ellos siguen muy cautelosos con Duque, ninguno de ellos se van a enfrentar a Uribe. Le están dando un tiempo de espera a Duque aunque saben perfectamente que está opuesto al proceso. Siempre intentarán primero acercarse al gobierno antes de hacer cualquier incidencia. También ven una oportunidad de estar más con la ciudadanía. Ej: embajada de Alemania y tema de diálogo social. Ellos sí siguen siendo aliados pero no de manera confrontacional. Sobre Lidera la Vida, la campaña empezó en la Procuraduría, quién buscó a Caracol y al Espectador.

La idea es hacer firmar a Duque un compromiso: el Pacto por la Vida. La campaña arrancó de manera espontánea y por eso se quedó corta. La campaña fue valiosa pero en el futuro deben tener más impulso. Sobre las cifras, ya se han sacado publicaciones con ellas. Se siente frustrada sin embargo, porque no se ha logrado hacer llegar el mensaje. Las cifras son un apoyo pero piensa que se debe volver a la historia personal para crear empatía. También hay que hacer visibles los territorios. Dice tener toda la disposición para seguir colaborando con las organizaciones.

Iván Cepeda: Saluda y dice venir a hablar del Acuerdo Político. En la reunión de la bancada alternativa, llegaron a un acuerdo político. Están dispuestos a un diálogo con todos los sectores del país para consolidar la paz, cumplir con el Acuerdo, impulsar diálogos con ELN y buscar el desmonte del paramilitarismo. Han tenido varias discusiones con el Centro Democrático, llegaron incluso a una declaración conjunta con el ELN para que se reactive proceso de paz, con el compromiso de que el ELN cese el secuestro.

El Acuerdo tiene unas líneas rojas sin embargo: que no se puede alterar el Acuerdo de Paz y que los derechos de las víctimas no pueden ser alterados con el fin de no asumir el costo político. No están cerrados a un diálogo pues tendrá que ocurrir tarde o temprano para consolidar el proceso de paz pero recalca que lo hacen con las líneas muy claramente establecidas. Cuando se llegó al debate sobre los militares, una parte de los compañeros llegaron a otra decisión con la lógica de que “habría podido ser mucho peor”. No comparte esa lógica con sus colegas. Hay principios que no están sujetos a debate.

Hay muchos riesgos como por ejemplo, que Uribe no les cumpla. De hecho Uribe se reservó el derecho a elevar una serie de temas al respecto. Además, la Corte Constitucional puede declarar esa ley como inconstitucional. Invita entonces a preparar de una vez la demanda de inconstitucionalidad. Considera que esto puede también provocar la intervención de la CPI. Considera que se ha hecho un grave daño a la JEP y a la credibilidad de las organizaciones y víctimas en las bancadas de la oposición.

Hoy se puede intentar que se hunda el Acto Legislativo. Han solicitado la realización de una audiencia, no solo porque las víctimas del Estado deben ser escuchadas, sino también porque esto ayuda a ganar tiempo para introducir en la discusión otros debates para que la agenda se siga saturando y esto no pueda ser debatido rápidamente. Entre estos, la discusión de curules de víctimas que debe tener prioridad. Puestos en el escenario de no poder detener esto, el Acto Legislativo ordena que se haga una ley estatutaria, los debates se demorarían año y medio o dos años. Serían entonces 2 años en los que el SIVJRNR no se paraliza.

 

Balance De Escenarios De Incidencia Nacional E Internacional En Los Que Hemos Coincidido El Movimiento Social Y El Movimiento De Derechos Humanos (Trabajo En Grupos)

 

GRUPO 5: Implementación del Acuerdo

Se centró en discusiones sobre el Consejo Nacional de Paz. Ya existe una ruta para la construcción de la política pública. 2 delegados: a nombre de la Alianza y de la plataforma pero debería ser de las plataformas. Hay que lograr entonces una mejor articulación entre los espacios y plataformas. Se debe lograr un nivel de vinculación y coordinación para que la vocería se potencie más en el CNP. Se deben conocer y socializar los documentos y se debe incluir dentro de Plan Nacional de Desarrollo. Hay que fortalecer los Consejos municipales y/o regionales. Se debe presionar para una declaración de no estigmatización desde el gobierno. La socialización debe ser lo más amplia posible. El Consejo debe potenciar también la pedagogía de los Acuerdos, que ha quedado en el aire.

Luciano Sanín: Propone abrir un debate público sobre la política de paz del gobierno. Desde el Consejo se puede generar el debate o se puede invitar a la Comisión de Paz del Congreso sobre como incluir esta política en el Plan de Desarrollo.

Claudia Mejía: Propone sacar un comunicado frente al documento. No encuentra la apertura democrática en el documento.

Luciano Sanín: Considera que se puede hacer un borrador de análisis de la política de paz del gobierno.

 

GRUPO 3: Plan Nacional de Acción en DDHH

Hay que trabajar sobre lo que ya se ha acordado. No se debe ir divididos a ese espacio. Ningún gobierno ha querido suscribir ningún plan. Se ha logrado siempre mantener una visión en el que tema de las víctimas, las garantías y la no impunidad son importantes. Los altos funcionarios del actual gobierno no conocen del tema. Resaltan una falta de coordinación entre las plataformas en procesos de política claves y planes de acción de DDHH. El principal problema es la descoordinación por la desaparición del Techo Común. Consideran que hay una falta de información y conocimiento del proceso.

Ana María Rodríguez: Dice que el reto es ver el plan como herramienta para defendernos del nuevo gobierno. No se puede seguir estancados en una visión pasada, sin pensar cómo puede esto proteger de intentos regresivos del nuevo gobierno. En las distintas plataformas hay un entendimiento distinto, que no se ha puesto en común, del tema del plan y el tema de garantías. Hay que mantener una visión amplia y meterse en el Plan Nacional de Empresas y DDHH y no dejar que este le cierre espacio al plan general en DH.

Diana Sánchez: Ante el cierre de los espacios con el gobierno, piensa que los huequitos que hay abiertos, no solo no hay que dejarlos cerrar, sino meterse todos por ahí. Los altos funcionarios no están interesados en que el plan continúe, hay que mantenerse y darle el enfoque universal que debe tener un plan y que el gobierno de Santos intentó limitar. Se debe aprovechar la ignorancia de los altos funcionarios para replantear el enfoque.

Aura Rodríguez: La prioridad debe ser la implementación de lo empresarial avanzado por Santos. Hay que meterse a ver qué es lo que van a poner. Por lo menos conocerlo. Frente al Plan Nacional de Acción en DDHH, fue un enredo intentar lograr consensos en todo el proceso. Si se hubieran puesto todos de acuerdo no habría salido tan bien que la Cumbre y la Coordinación se bajaran de la Mesa. Hay que pensar más estratégicamente y no generar disputas que no tienen sentido. Hay que ponerse de acuerdo en la estrategia, lo que incluso podrá poner a la comunidad internacional de nuestro lado. Se debe hacer la alianza más política y estratégica que se pueda juntar pues al gobierno claramente no le interesa que el proceso sea participativo.

Gustavo Pérez: El Gobierno aprueba el plan para que se silencien temas que el gobierno no quiere que se sepan. Ej: política pública LGBTI. Este tema se usa como un chantaje para bajar el tono en algunos temas. La estrategia del gobierno es sacar el plan silenciando a la mínima expresión los capítulos que tienen que ver con las poblaciones históricamente discriminadas.

Lida Núñez: Considera que el diálogo solo con la Consejería termina siendo poco relevante pues se construye un documento participativo, pero si eso no tiene suficiente músculo político para involucrar desde el principio a todo el sistema, va a ser solo otro documento de política pública y ahí va a morir. Como parte del Acuerdo deben hacer el sistema de información en derechos. Sin embargo, en la Consejería, cada vez que llega nuevo consejero, todo se pierde y renueva. Hay que impulsar la producción de indicadores que queden en un sistema que permita efectivamente el monitoreo y que no esté en manos de Consejería.

Ana María Rodríguez: Constata que no se ha vuelto a hablar de los puntos, 5 y 2 del Acuerdo que dicen que también se va a crear una Comisión (con la Consejería y la Defensoría) y que esta va a tener incidencia en la creación del Plan. Este proceso ha ido avanzando en cabeza de la Consejería pero no de la Defensoría. Hay que considerar abrirle o no el espacio a la Defensoría.

 

GRUPO 4: Articulación en la movilización.

El diseño de litigio estratégico fue un logro importante junto con los informes conjuntos. La agenda está circunscrita al punto 3 y punto 5 pero no se ha logrado articularse con otros sectores. Falta avanzar el tema de víctimas que es más amplio que el de crímenes de Estado. La agenda de las víctimas de crímenes de Estado ha sido un obstáculo al Acuerdo Final. Hay que superar tensiones y evaluar en qué medida las exigencias pueden ser obstáculo a la implementación del Acuerdo. Se constata una falta de capacidad para seguimiento a otros puntos. Tampoco se ha logrado avanzar en la articulación conjunta ante el SIJVRNR, aparte de litigio estratégico.

Hay que buscar también patrones de macro-criminalidad, para eso hay que trabajar articuladamente. Falta que las organizaciones en territorios tengan más información de violencia en territorios para calificarla. No se llega aun a lograr que la sociedad colombiana entienda beneficios de la paz. Eso conlleva a que no tengamos una sociedad fuerte que la pueda defender de mejor forma. Esos obstáculos tienen que ver con la falta de voluntad política para implementar el Acuerdo. Se observan iniciativas para limitar participación de FARC y extradición. El tema de la suspensión de la mesa del ELN es grave. Hay que movilizar a la sociedad en este tema y en el de asesinatos de líderes sociales y desmovilizados. Se debe fortalecer la articulación con la FARC.

Hay que articular entre nosotros también y a nivel territorial para la defensa del Acuerdo. Es una necesidad de activar mecanismos del SIVJRNR. Hay que superar líneas rojas que hay en varios temas. Se debe articular agenda para victimas de violencia estatal. Hay que potenciar los obstáculos que hay a derechos de víctimas de Estado. Hay que seguir dando legitimidad al SIVJRNR pero en la acción que se hace ante ellos, también podemos tener cuestionamientos. Hay que hacer presión no solo a JEP sino a toda la justicia en Colombia. Se puede también fortalecer la incidencia frente a diferencia de escenarios, ej: CPI. Hay que insistir en el principio de buena fé entre dos partes que se sentaron a negociar sin derrota militar. No se ha trabajado este carácter vinculante.

GRUPO 2: Incidencia en Naciones Unidas

Es un trabajo conjunto de incidencia particularmente con el EPU y la venida de relatores. En el EPU se logró un compromiso de las organizaciones de trabajar de manera conjunta en la incidencia. La estrategia sirvió también para fortalecer una generación de nuevos liderazgos. El Estado no tiene información tan detallada, una sistematización de la información de manera que se pudiera evidenciar situaciones específicas en regiones del país.

La diversidad de enfoques entre organizaciones dificulta unificar conceptos y análisis. Ej: ataques defensores y defensoras. Las organizaciones dan cifras distintas. Por esto no se toman en serio el análisis de las organizaciones porque no tienen las mismas cifras. A veces no es tan fácil visibilizar la situación de los sectores, en determinados sitios o con diferentes problemáticas. Hay que mejorar los mecanismos de seguimiento por el Estado de las recomendaciones.

Diana Sánchez: En la coyuntura, hay una oportunidad con el sistema como tal, no con todas las agencias sino al menos con 4 en temas de paz, DDHH, desarrollo y mujeres. Con altos funcionaros de Naciones Unidas que están acá tenemos interlocución permanente con relativa confianza, hay que aprovechar esto al máximo. La cooperación internacional nos han pedido que estemos más coordinados y nosotros les hemos pedido en cambio que también tengan un mismo discurso.

Ana María Rodríguez: Las recomendaciones son todavía muy generales, hay que obtener mayor especifidad en recomendaciones. Hay que lograr superar el embrujo de la paz. Hay avances de paz, pero no hay que pensar que ya no hay problemas de DDHH en Colombia. Hay que garantizar presencia de la OACNUDH. No hay compromiso real del Estado colombiano para implementar las recomendaciones. Hay que apropiarse las recomendaciones para nuestro trabajo cotidiano.

Alirio Uribe: Hay que ajustar y ponernos de acuerdo en mensajes de incidencia internacional frente a este gobierno. Dentro del mapa de incidencia, la CPI puede tener una atención especial. También hay que explorar mecanismos de la OCDE.

Juan Bernardo Rosado: Habría que sistematizar los escenarios que existen y las opciones que hay.

GRUPO 1: Garantías

Varios escenarios: proceso nacional de garantías, derecho a la protesta para la elaboración del Protocolo, participación conjunta en elaboración de Decreto de Protección a Comunidades. Fue un logro disminuir las prevenciones para el trabajo conjunto, se llegó a una articulación muy fuerte y se formaron lazos de solidaridad.  Una gran dificultad es el permanente intento del gobierno por diluirnos.

A nivel territorial, hay un desconocimiento de normatividad. En el nivel nacional falta mayor articulación con los sectores étnicos e indígenas, afrocolombianos, sindicatos y víctimas. En materia de circulación de información hay una falta de entendimiento entre enfoque étnico y enfoque diferencial. Falta también una continuidad en lo nacional para mantener vivo y dinámico el proceso. Se debe desarrollar mecanismos más eficaces para circulación de la información, trabajar conjuntamente para reactivación de espacios, dialogar con comunidades étnicas e involucrar como actor en el proceso al sector de víctimas

Jahel Quiroga: Hay víctimas que no son del Estado, dificultades para involucrarlas. Reto de mantener agenda común y confluencia.

Olga Silva: Se debe lograr identificar puntos comunes para que no se acuda a cita bilateral cuando se van a abordar  temas que conciernen este grupo.

Alexandra González: Considera que se debe incluir al sector de víctimas en la Mesa, para que no tengan que buscar otro escenario de garantías. Hace llamado fraternal a que las incluyan.

José Humberto Torres: Dice que la decisión del Movice es bienvenida porque les han estado pidiendo que participen. Aclara que hay que definir si se integran como sector de víctimas o solo como plataforma Movice.

Alexandra González: Por las particularidades de las víctimas de Estado considera que deberían ingresar como representantes del sector de víctimas.

Franklin Castañeda: Pregunta ¿quiénes tienen mayor riesgo de revictimización hoy? Las FARC se desmovilizó, entregó armas y ha dado signos de querer contribuir a la verdad y a la justicia. Se viene desarrollando una política de estigmatización de víctimas de crímenes de Estado y de cierre de los espacios que habían ganado. El Movice no piensa entrar ahí por que su vida corra riesgo inmediato, pero el tema de garantías es mucho más amplio que eso.

Aura Rodríguez: El tema de garantías se debe pensar en algo más amplio. Es necesario en lo que viene, incluir el proceso en el Plan Nacional de Desarrollo. Se debe también tener una estrategia con los medios de comunicación.

Alirio Uribe: El tema de la protección colectiva tiene que ser un desafío y una prioridad.

Jahel Quiroga: Considera que no se trata de no incluir al Movice, sino que también hay más víctimas. Está de acuerdo con que el Movice entre pero plantea que entren también entonces otras plataformas. Hay víctimas de otras plataformas. Recalca que el proceso de garantías se hizo para defensores y defensoras.

Mercedes Segura: Le preocupa mucho la vinculación de mesas de víctimas a mesas de garantías, porque muchas mesas de víctimas están conformadas por paramilitares.

Diana Sánchez: Considera que se trata de un reto programático, una gran oportunidad que no se debe perder. Se logró posicionar el tema de garantías y no solo de protección. No se puede retroceder a lo puramente protección. Las garantías son una apuesta más envolvente e universal que implica retos de Estado. La razón de ser de los defensores y defensoras es defender todos los DDHH. No se puede dejar regresar, por el contrario, el proceso debe ser más universal.

Soraya Gutiérrez: Hay que saber qué temas se van a defender en el tema de garantías. Ej: desmonte paramilitarismo. El debate no está en si ingresa el Movice o el sector de víctimas, sino que tengamos la misma postura frente a ciertos temas. Hay que poder también superar el obstáculo entre el proceso de garantías y el Plan de Acción en DDHH.

Midrey Corrales: Hay que tener espacio para profundizar más sobre cada espacio. La articulación en este momento está alrededor del proceso de garantías, valdría la pena preguntarse si vale la pena articular a más.

José Humberto Torres: Hay que establecer retos a corto, largo y mediano plazo. A largo plazo, hay que tener una discusión de fondo con los compañeros de la subcomisión de DDHH de la Cumbre Agraria y discutir con ellos la problemática de la multiplicidad de espacios. Hay que retomar la concertación. El mecanismo que existía con el anterior gobierno, así no fuera el mejor, al menos permitía diálogos regulares. Hay que también asegurar la implementación y el seguimiento a la normatividad que emitió el ultimo gobierno al final.

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