El Doctor Uribe Vélez dijo en la base militar de dicho municipio: “El terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacredita a la Fuerza Pública y cómo la sindica de violación de Derechos Humanos” . Así mismo, envió un mensaje de aliento a las tropas en su lucha contra el terrorismo, y les dijo que cuentan con todas las condiciones para obtener la victoria final. Al calificar de “terroristas” a las víctimas, a los defensores de derechos humanos y a los congresistas convocantes de la Audiencia, les estaría diciendo de forma clara y directa a las tropas oficiales bajo su mando, que somos objetivo militar.

No se escucha en el discurso presidencial una sola línea de condolencia para con las víctimas que denunciaron crímenes; no se oye un solo llamado a la justicia, una sola promesa de investigación; todo lo contrario, se hace una exhortación a continuar la guerra. Leer más...

Es evidente la inexistencia de una visión uniforme sobre la naturaleza del conflicto colombiano, la situación de los Derechos Humanos en Colombia y la efectividad de las políticas gubernamentales al respecto entre los representantes de las diferentes instituciones consultadas. Estas visiones van desde el optimismo demostrado por el Gobierno y algunas autoridades locales hasta el escepticismo del resto y contrasta de forma notable el primero con la situación denunciada por los representantes de numerosas organizaciones de la sociedad civil con las que nos entrevistamos. Se podría afirmar que existe una profunda división entre la realidad oficial-gubernamental y la realidad social.

Se manifiesta también la escasez de recursos humanos y materiales por parte de las instancias judiciales y organismos dedicados a velar por los Derechos Humanos, especialmente las personerías.

Especialmente preocupante son los problemas manifestados por los miembros consultados de la Corte Suprema, sobre todo en relación a la actuación del Ejecutivo colombiano. Leer más...

Cabe distinguir dos tipos de impunidad, la primera de ellas es el resultado de la incapacidad de la administración de justicia, y la segunda es la que se ha constituido en la estratagema de quienes han detentado el poder político, económico y social en Colombia desde hace décadas, y han hecho uso de la fuerza del Estado para acallar a quienes desde diferentes sectores de la sociedad se les oponen o simplemente emplean la violencia “legal e ilegal” en contra de la población.

Existe por parte del Estado colombiano un incumplimiento sistemático de su obligación de investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos; consecuencia de ello es la situación generalizada de impunidad que alcanza niveles estructurales, que la califica como política de Estado en materia de crímenes de lesa humanidad cuando sus actores son agentes estatales o paraestatales. Lea más dando clic aquí

Un reporte elaborado por WOLA, el Centro para la Política Internacional, La Oficina de Colombia en Washington y el Latin American Working Group, concluyó citando investigaciones de la Fiscalía, que el caso de las chuzadas del Das, que la orden para desarrollar tales actividades pudo emanar de la propia Casa de Nariño.

Estas organizaciones, le piden a EE. UU., entre otras cosas, continuar bloqueando toda ayuda a este organismo y ofrecer ayuda en la protección de los testigos que hacen parte de la investigación contra el DAS. Lea el documento completo, dando clicaquí

Iván Cepeda Castro, con el fin de tener una lectura más real de las ilegalidades presuntamente cometidas por los colaboradores y funcionarios más cercanos al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, durante sus dos períodos de gobierno, dirigió un derecho de petición al fiscal general de la nación (e) Guillermo Mendoza Diago. Como respuesta obtuvo una lista de más de un centenar de investigaciones que ha realizado la institución a su cargo. Otras tantas han adelantado la Procuraduría y la Contraloría. En dichas investigaciones aparecen sindicados el vicepresidente de la República, una decena de ministros, tres de los asesores del presidente, cuatro secretarios de la presidencia, comandantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, cuatro directores del DAS. Los hechos investigados son tipificados en un extenso repertorio de delitos: concierto para delinquir, homicidio, alteración de resultados electorales, cohecho, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, calumnia e injuria, contrato sin cumplimiento de requisitos, celebración indebida de contratos, peculado por apropiación, violación del régimen legal constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, fraude a resoluciones judiciales, falsa denuncia contra persona determinada, constreñimiento para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, falsedad ideológica en documento público, delitos contra la vida y la integridad personal, etcétera. En la lista de investigaciones hasta aparece una en la que el sindicado, el general (r) y ex asesor en asuntos de seguridad Rito Alejo del Río, es acusado de violencia intrafamiliar. Lea más....