El informe del relator, realizado luego de su visita a Colombia en junio de 2009, es contundente en afirmar que sus investigaciones encontraron “que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país”.

Philip Alston, señaló que “la manera como Colombia maneje sus retos de seguridad, una continua transparencia sobre el contenido y consecuencias de sus políticas y un enfoque sobre las responsabilidades por violaciones beneficiará a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto y también tendrá un fuerte impacto positivo en la legitimidad del Gobierno y sus políticas”.

El relator especial también encontró "un alarmante nivel de impunidad para los ex paramilitares". Según Alston, "la inmensa mayoría de los paramilitares responsables de violaciones de los derechos humanos fueron desmovilizados sin ser investigados y muchos se beneficiaron de amnistías". "Hoy, el fracaso del proceso de rendición de cuentas es claro ante el dramático aumento de los asesinatos por parte de grupos armados ilegales compuestos en su mayoría por antiguos paramilitares".

Por ello, pide que el Gobierno colombiano impulse "cambios sustantivos" en la Ley de Justicia y Paz, ideada para exigir responsabilidades a los paramilitares por sus crímenes.

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La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha tenido conocimiento de una histórica decisión judicial proferida en Colombia por las desapariciones forzadas ocurridas en el marco de los trágicos eventos del Palacio de Justicia en 1985.

“Expreso mi reconocimiento al poder judicial colombiano por su lucha contra la impunidad en este caso, y exhorto al Gobierno de Colombia a acatar y respetar la sentencia. Asimismo, solicito al Gobierno colombiano adoptar todas las medidas necesarias para continuar garantizando la seguridad de la Jueza María Stella Jara, quien enfrenta múltiples amenazas”. Leer más...

El 17 de marzo de 2010, se conoció el informe Anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo, públicado por la Secretaría de Asuntos Exteriores del Reino Unido, en el que Colombia nuevamente, fue incluida en la lista que cada año elabora el Foreign Office sobre los veinte países que más violan los derechos fundamentales.

El informe presentado personalmente por el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Miliband, en algunos apartes afirma:

• “La Situación General de Derechos Humanos en Colombia continúa siendo seriamente preocupante”.

• “subsisten problemas estructurales que limitan el pleno disfrute de los derechos humanos, particularmente en relación con la exclusión, la marginalidad, la pobreza, la inequidad, la tenencia de la tierra, la impunidad y la falta de acceso a la justicia”.

• “A pesar de los esfuerzos del Gobierno, las actividades de los grupos armados ilegales y los traficantes de drogas, continuaron teniendo un impacto gravemente negativo”.

• Existe “un incremento de nuevos grupos armados y paramilitares supuestamente desmovilizados que retornaron a las vías criminales".

  Hay un incremento de bandas armadas y preocupa el regreso a las prácticas criminales de paramilitares supuestamente desarmados.

• Después de revisar la política de ayuda bilateral del Reino Unido para Colombia, el cambio más importante, fue la finalización de los proyectos bilaterales sobre derechos humanos con el Ministerio de Defensa.

• En cuanto a los defensores de derechos humanos, “como resultado de sus actividades en derechos humanos, muchos defensores de derechos humanos y grupos de la sociedad civil, incluyendo sindicalistas, periodistas y miembros de ONGs, padecieron el riesgo de ataques de grupos armados ilegales y criminales”. De este modo “El ambiente en el cual las organizaciones de la sociedad civil operan se ha estado empeorando, debido a los mensajes, a menudo provenientes de funcionarios de alto nivel gubernamental, que equiparan su trabajo por los derechos humanos con el apoyo a las organizaciones terroristas, poniendo así sus vidas en riesgo.

• A lo largo del 2009, el Gobierno del Reino Unido se involucró en diversas actividades para ayudar a los defensores de derechos humanos, entre las que se encuentra la visita a Colombia y posterior solicitud de Chris Bryant, Ministro de Relaciones Exteriores en octubre pasado al Presidente Uribe para que los defensores de derechos humanos fueran adecuadamente apoyados y protegidos. El Secretario de Asuntos Exteriores también recibió a Eduardo Carreño, un abogado de derechos humanos, durante su visita en octubre al Reino Unido, para discutir los problemas que los defensores de derechos humanos enfrentan, y para lanzar una Campaña Internacional, en la Cámara de los Comunes, sobre la actividad de estos en Colombia. En agosto, funcionarios de la Embajada organizaron una visita a la ciudad de Popayán, para reunirse con miembros de la familia de Ever González, activista de derechos humanos asesinado y para discutir el estado de las investigaciones con las autoridades. La visita condujo a la reapertura de casos que habían sido cerrados por falta de avances en la investigación (El caso de Ever González, activista de Fundecima que fue asesinado mientras adelantaba trabajos de documentación de ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Cauca, había sido denunciado varias veces por la CCEEU).

• En cuanto al tema de la impunidad, el informe relaciona que si bien ha habido algunos progresos en investigaciones judiciales en casos claves de derechos humanos, la impunidad continúa siendo un serio problema.

• “Colombia continúa siendo un lugar peligroso para los sindicalistas. La violencia y la intimidación de los sindicatos por todo el país, continúa siendo uno de los más graves problemas que afronta el país”. Los riesgos y dificultades que fueron mencionados en el Informe de 2008, continuaron su tendencia durante el año 2009, encontrándose por lo menos 28 sindicalistas asesinados. “El Reino Unido está profundamente preocupado con esta situación” frente a la cual, continuará presionando para que el Gobierno de Colombia tome acciones adicionales para superarla, y le ha demandado proporcionar mayor protección para los sindicalistas y sus familias, para que se reduzca el tiempo que se toman las investigaciones por las muertes y las desapariciones forzadas de los sindicalistas, y para que se trabaje con los sindicatos y organizaciones empresariales para fortalecer las relaciones laborales en Colombia.

• Es necesario fortalecer lo derechos de los pueblos indígenas en los ámbitos del acceso a la tierra, el desplazamiento forzado, la alimentación, las amenazas y las muertes de que vienen siendo objeto.

• Colombia es el segundo país con mayor número de desplazados internos después de Sudán, afectando principalmente a indígenas y comunidades afrocolombianas a causa de ocupar tierras de importancia estratégica para los diferentes actores del conflicto armado.

• Es preocupante el altísimo número de ejecuciones en el país ocurridas entre 2001 y 2009, a las cuales el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o arbitrarias definió como asesinatos sistemáticos, llevados a cabo por un número importante de unidades militares, y aunque ha habido un descenso en 2009, la Comunidad Internacional ha llamado  a que se presenten “evidencias adicionales de que las medidas adoptadas por el Ministro de Defensa de Colombia para enfrentar el tema de las ejecuciones extrajudiciales a fines de 2008, están siendo implementadas y las denuncias se abordan con investigaciones rápidas y rigurosas. El Reino Unido continuará pendiente de los progresos y de los casos individuales, de ser necesario.

El informe completo en inglés lo puede encontrar aquí

El informe analiza los desafíos en la implementación de la Ley 975 (2005), llamada de “justicia y paz”, el aumento de amenazas y la utilización ilegal de los servicios de inteligencia contra los defensores y las defensoras de derechos humanos y otras personas, la polarización entre el Gobierno y la comunidad de derechos humanos y entre el ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, así como el aumento de los casos de violencia sexual. Además, persisten profundas debilidades en varios departamentos para alcanzar la plena satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, que se traducen en discriminación de facto y marginación de la población afrocolombiana e indígena. Leer más...

En  el desarrollo de sus actividades  el Observatorio  de  Discriminación Racial ha recopilado información cualitativa y cuantitativa sobre la discriminación racial en Colombia. A continuación exponemos algunas de las cifras más dicientes que reflejan la grave situación en que viven las comunidades afrodescendientes en este país.