El grupo de Observadores y Observadoras de la Misión Internacional sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia realizada entre el 3 y el 10 de octubre de 2007, se pronunció a propósito de las declaraciones del Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos en contra de las organizaciones de derechos humanos que impulsaron la Misión:

"... Recordamos que el Ministerio de Defensa emitió en 2003 la Directiva 09, recordando la directiva presidencial 07 del año 1999, que ordena a todos los servidores públicos abstenerse de cuestionar la legitimidad de las organizaciones de derechos humanos y sus miembros. Nos preocupa que esta directiva importante y necesaria pierda su peso hacia las fuerzas militares si el propio Ministro de Defensa no la respeta".

Comunicado en español.pdf

Comunicado en inglés.pdf

El Gobierno Nacional debe tomar medidas eficaces que permitan el ejercicio libre de la labor de defensa y promoción de los derechos humanos, las garantías plenas a la vida y la integridad de quienes desarrollan esta actividad y el reconocimiento de la legitimidad de su labor, cumpliendo con las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como muestra de su compromiso en la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos.

La actividad legitima de los defensores y defensoras de derechos humanos ha sido fundamental en la revelación de algunos de los mas aberrantes casos de violaciones de los derechos humanos en el país, (El Aro, San José de Apartado, el Naya, Trujillo, Mapiripán, la Rochela, el Salado, los sindicalistas de Arauca, entre otros); en la protección de personas amenazadas, en la defensa de comunidades y personas victimizadas. Es decir es una arriesgada tarea de lucha contra la impunidad.

La Coordinación Colombia­Europa ­Estados Unidos, expresa su preocupación ante el llamado presidencial del 2 de julio pasado a la Fiscalía y a las Instituciones de Justicia para que consideren reversar decisiones judiciales que involucran a policías y militares que se encuentran detenidos y judicializados por violaciones a los derechos humanos.  Las sentencias judiciales, la independencia judicial y los principios de funcionamiento del Estado de Derecho no pueden ser cuestionados o puestos al margen en función de la exaltación de los estados de opinión generados por las contingencias militares que suceden en el marco del conflicto armado interno.

La Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos y el Movimiento  Nacional de Victimas de  Crímenes de Estado expresan su preocupación y desconcierto ante el anuncio hecho por el Ministro del Interior de autorizar la extradición a Estados Unidos del reconocido jefe paramilitar Ever Veloza alias “HH”, quien se encuentra vinculado a un proceso penal en el marco de la Ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz. Este hecho confirma que el Gobierno de  Colombia no está interesado en que se conozca la verdad de los crímenes de los paramilitares, especialmente cuando estos pudieran implicar en sus versiones a militares activos, empresarios y políticos cercanos al entorno presidencial como responsables de desarrollar acciones conjuntas con grupos paramilitares, promover, apoyar  y financiar su accionar criminal.

Organizaciones de derechos humanos se pronuncian a propósito de las agresiones del señor Presidente de la República a Iván Cepeda en sus intervenciones del 3 de mayo de 2008.