El informe del relator, realizado luego de su visita a Colombia en junio de 2009, es contundente en afirmar que sus investigaciones encontraron “que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país”.

Philip Alston, señaló que “la manera como Colombia maneje sus retos de seguridad, una continua transparencia sobre el contenido y consecuencias de sus políticas y un enfoque sobre las responsabilidades por violaciones beneficiará a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto y también tendrá un fuerte impacto positivo en la legitimidad del Gobierno y sus políticas”.

El relator especial también encontró "un alarmante nivel de impunidad para los ex paramilitares". Según Alston, "la inmensa mayoría de los paramilitares responsables de violaciones de los derechos humanos fueron desmovilizados sin ser investigados y muchos se beneficiaron de amnistías". "Hoy, el fracaso del proceso de rendición de cuentas es claro ante el dramático aumento de los asesinatos por parte de grupos armados ilegales compuestos en su mayoría por antiguos paramilitares".

Por ello, pide que el Gobierno colombiano impulse "cambios sustantivos" en la Ley de Justicia y Paz, ideada para exigir responsabilidades a los paramilitares por sus crímenes.

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Un reporte elaborado por WOLA, el Centro para la Política Internacional, La Oficina de Colombia en Washington y el Latin American Working Group, concluyó citando investigaciones de la Fiscalía, que el caso de las chuzadas del Das, que la orden para desarrollar tales actividades pudo emanar de la propia Casa de Nariño.

Estas organizaciones, le piden a EE. UU., entre otras cosas, continuar bloqueando toda ayuda a este organismo y ofrecer ayuda en la protección de los testigos que hacen parte de la investigación contra el DAS. Lea el documento completo, dando clicaquí

En ese contexto del accionar de bandas criminales y guerrillas en diversas zonas del país, hay personas que corren riesgo por el mero hecho de ejercer su profesión o su oficio. La lista de población que se considera vulnerable en estos ambientes de violencia es larga. En ella están funcionarios, políticos, integrantes de organizaciones sociales, líderes, defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y desmovilizados, entre otros.

El riesgo es real. La ONG Somos Defensores acaba de denunciar que el presente año, según las agresiones conocidas hasta ahora, se perfila como uno de los más violentos contra quienes buscan el respeto por los derechos humanos. Esta organización hizo público que mayo fue un mes desastroso para aquellas personas que se dedican a esta actividad. Leer más...

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha tenido conocimiento de una histórica decisión judicial proferida en Colombia por las desapariciones forzadas ocurridas en el marco de los trágicos eventos del Palacio de Justicia en 1985.

“Expreso mi reconocimiento al poder judicial colombiano por su lucha contra la impunidad en este caso, y exhorto al Gobierno de Colombia a acatar y respetar la sentencia. Asimismo, solicito al Gobierno colombiano adoptar todas las medidas necesarias para continuar garantizando la seguridad de la Jueza María Stella Jara, quien enfrenta múltiples amenazas”. Leer más...

Las Plataformas de Derechos Humanos y de Paz y los sectores sociales nos dirigimos a usted, en carta abierta a la opinión pública, expresando nuestra preocupación por el incumplimiento de los compromisos para la protección de defensoras, defensores y líderes sociales, asumidos por el Gobierno colombiano en el marco de la Mesa Nacional de Garantías. A su vez, reiteramos el llamado a adoptar medidas inmediatas y eficaces de protección frente a los recientes hechos de estigmatización, persecución, amenaza y asesinatos en diferentes regiones del país, que revelan un agravamiento de la situación de riesgo en la que nos encontramos.

Según lo acordado, la reunión tendría lugar el día de hoy, 10 de junio, y contaría con la presencia de catorce delegados(as) de las regiones que participaron en las Audiencias Territoriales de Garantías. Sin embargo, en la tarde de ayer recibimos una comunicación de su cartera en la que se nos informa la decisión unilateral de cancelar tan importante compromiso, programado con 20 días de anticipación. Además de este lamentable aplazamiento, tampoco se ha efectuado a la fecha la reunión ordinaria de la Mesa Nacional de Garantías que, conforme a los acuerdos logrados en 2009, debió haber sido convocada por el ministerio hace 10 meses. Lea más...