Los condicionamientos de la asistencia militar no han sido acatados, por el contrario hay un gran retroceso frente a algunos pasos del pasado. Las ejecuciones extrajudiciales se encuentran con murallas de impunidad levantadas desde las autoridades del Estado. El paramilitarismo continúa fortaleciéndose y ocupándose de la mayor parte de las víctimas de la represión política, los asesinatos selectivos y la “limpieza social” en las grandes ciudades; sus negocios y control del Estado se han fortalecido en el último año, como se hizo evidente en las elecciones para Congreso. Los defensores de derechos humanos siguen siendo sometidos a persecución por autoridades estatales o por paramilitares a los cuales el Estado no muestra voluntad en combatir. En regiones crecientes del país, los militares controlan la vida local e imponen políticas, preceptos y presupuestos, dando prioridad y protagonismo primordial a un orden militar que desconoce la democracia local, la participación ciudadana y el papel de los sociedad civil en una sociedad democrática. Por todo lo anterior, no hay ningún motivo ni base razonable para otorgar este año la certificación en derechos humanos al Estado Colombiano. Lea más en dando clic en la imagen.