El informe del relator, realizado luego de su visita a Colombia en junio de 2009, es contundente en afirmar que sus investigaciones encontraron “que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país”.

Philip Alston, señaló que “la manera como Colombia maneje sus retos de seguridad, una continua transparencia sobre el contenido y consecuencias de sus políticas y un enfoque sobre las responsabilidades por violaciones beneficiará a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto y también tendrá un fuerte impacto positivo en la legitimidad del Gobierno y sus políticas”.

El relator especial también encontró "un alarmante nivel de impunidad para los ex paramilitares". Según Alston, "la inmensa mayoría de los paramilitares responsables de violaciones de los derechos humanos fueron desmovilizados sin ser investigados y muchos se beneficiaron de amnistías". "Hoy, el fracaso del proceso de rendición de cuentas es claro ante el dramático aumento de los asesinatos por parte de grupos armados ilegales compuestos en su mayoría por antiguos paramilitares".

Por ello, pide que el Gobierno colombiano impulse "cambios sustantivos" en la Ley de Justicia y Paz, ideada para exigir responsabilidades a los paramilitares por sus crímenes.

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