El actual Gobierno centró su accionar en fortalecer el aparato militar para eliminar a las guerrillas, paradójicamente, negando la existencia del conflicto armado interno. Al mantener este problema como factor único para su política de “seguridad democrática”, dejó de lado los problemas de pobreza e inequidad que afectan la calidad de vida en el día a día de la mayoría de las y los colombianos.

Pese a los compromisos de los estados frente a la progresividad de los DESC, el estado colombiano muestra hoy un país con mayor concentración de la riqueza y por ende un acrecentamiento de la pobreza y pobreza extrema, producto en gran medida de la destinación prioritaria de recursos para la guerra, el corrupto uso de los recursos públicos para favorecer el poder económico de sus aliados, las políticas asistencialistas que paralizan la exigibilidad de los derechos económicos y sociales, relegando los programas de empleo, alimentación, educación, vivienda y frenando programas de ciencia y tecnología imprescindibles para el desarrollo. Leer más...