“Los defensores de derechos humanos, sindicalistas, miembros de organizaciones de mujeres y de víctimas, líderes comunitarios y de desplazados fueron víctimas de homicidios y amenazas. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Valle del Cauca, Arauca, Nariño, Santander, Putumayo, Bogotá, Atlántico y Bolívar. La mayoría de casos fueron atribuidos a grupos paramilitares. También hay señalamientos contra las FARC-EP. Algunos casos involucran a miembros de la fuerza pública. Se observó un incremento de casos atribuidos a miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), derivados de sus actuaciones en manifestaciones públicas que también afectaron el ejercicio de los derechos a las libertades de reunión, de expresión y de opinión. Los defensores de derechos humanos también se han visto afectados por detenciones arbitrarias y sindicaciones de rebelión basadas en fuentes de dudosa confiabilidad como declaraciones de informantes o reinsertados o de informes de inteligencia no corroborados.

“Se registraron casos de amenazas que revelan que los autores contaban con gran cantidad de información sobre las víctimas1. En varios de ellos las víctimas tienen en común haber cuestionado las negociaciones que se adelantan con los grupos paramilitares o la implementación de la política de "seguridad democrática". En otros, comparten su vinculación con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (conformado por un amplio grupo de ONG).

“Algunas autoridades cuestionaron públicamente la naturaleza y legitimidad del trabajo de los defensores de derechos humanos, incluidas varias organizaciones internacionales no gubernamentales de derechos humanos1. Las declaraciones de los servidores

públicos se dieron en el marco de la publicación de informes críticos de ONG al proceso de negociación con los grupos paramilitares. Las estigmatizaciones violan la Directiva Presidencial 07 y contribuyen a elevar los factores de riesgo que afectan a los defensores de derechos humanos”.

Comisión de Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia, 62° período de sesiones, doc. E/CN.4/2006/009, 20 de enero de 2006, anexo IV, párrafos 2 a 4.