Documento n.° 2

SOBRE LAS NOCIONES DE “ENEMIGO INTERNO” Y “GUERRA POLÍTICA” A PROPÓSITO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INTELIGENCIA SOBRE ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y SUS INTEGRANTES

“(…) hace parte del Comité de Solidaridad de Presos Políticos. Es la encargada de la guerra política en contra de la Fuerza Pública”1

1. Defensoras y defensores de derechos humanos convertidos en blanco de inteligencia

En Colombia, las actividades sociales asociadas con el ejercicio, la exigibilidad y la defensa de

los derechos humanos han sido consideradas como una “amenaza” para la seguridad del Estado. De tal forma, desde hace mucho tiempo, quienes las ejercen se han constituido sistemáticamente en blanco de los servicios de inteligencia.

No se trata de una situación novedosa. En su primer informe sobre la situación de derechos

humanos en Colombia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la concepción imperante en los organismos de seguridad estatales respecto a las actividades de defensoras y defensores de derechos humanos, así como por la apertura de procesos penales en su contra, con base en informes de inteligencia:

“(…) no todas las violaciones de los derechos humanos se cometen dentro del marco del conflicto armado. La polarización de posiciones resultante del mismo da pie para que se vean como parte del mismo a personas que ejercen actividades legítimas y que, por su misma actividad mantienen posiciones críticas. Es así como militantes políticos de oposición, dirigentes sociales y sindicales, defensores de los derechos humanos, funcionarios estatales encargados de velar por el respeto de los mismos, periodistas, son objeto de violaciones de sus derechos fundamentales. (…).

“Miembros de la brigada XX de inteligencia del Ejército expresaron a la Oficina en Colombia que el 85% de las personas consideradas por ellos subversivas llevan adelante lo que los militares llaman la ‘guerra política’. Dentro de esta denominación definen las actividades de algunas organizaciones no gubernamentales, las de los sindicatos, las de algunos partidos políticos, como el Partido Comunista, e incluso de algunos miembros de partidos tradicionales. Según esta visión, sólo un 15% de los ‘subversivos’ está alzado en armas. (…) “Acorde con esta visión, los ataques a defensores de derechos humanos aumentaron

considerablemente en 1997. (…).

“Resulta preocupante el hecho de que, con fundamento en denuncias provenientes de organismos de inteligencia del Estado, se hayan abierto procesos ante la jurisdicción regional contra defensores de derechos humanos y abogados de personas detenidas por delitos políticos. En enero de 1997 fueron detenidos, acusados del delito de rebelión, varios miembros de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas), entre los cuales Ana Rengifo, vicepresidenta de la misma, Ramón Alberto Osorio, dirigente sindical y miembro del Partido Comunista Colombiano y Eugenio Córdoba, sindicalista. El proceso al cual se vinculaba a estas personas fue declarado nulo por la Fiscalía y los acusados recobraron su libertad. En el expediente aparece que el proceso judicial adelantado por la Fiscalía regional estaba basado en declaraciones de informantes del ejército, dos de los cuales revelaron su identidad y tres se presentaron como testigos secretos, y en un informe de inteligencia proveniente de los ‘Grupos de Acción Unificada para la Libertad de las Personas’ (Gaula) ­grupos formados por miembros del ejército y de la policía, especializados en los delitos de secuestro y extorsión. Después de su liberación, Eugenio Córdoba fue asesinado en Quibdó el 23 de junio de 1997 mientras que Ramón Alberto Osorio se encuentra desaparecido desde el 15 de abril de 1997. En agosto del mismo año fue nuevamente detenida Ana Rengifo, acusada de rebelión, y liberada a fines de diciembre de 1997”2.

En 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la

presunción arraigada en los organismos de inteligencia estatales (también en los grupos paramilitares), según la cual las organizaciones de derechos humanos colombianas y sus integrantes son consideradas una amenaza para la seguridad de la sociedad colombiana:

“(…) con alarmante frecuencia, los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado y de los grupos paramilitares presumen, con base en actividades legítimas de fomento y protección de los derechos humanos, que estos trabajadores se encuentran involucrados en actividades ilegales o se han transformado en combatientes y blancos legítimos de ataque. (…).

“(…) no se puede presumir que los defensores de los derechos humanos han cometido actos ilegales en base exclusivamente a sus actividades en ese campo, incluida la defensa legal de individuos acusados penalmente de haber apoyado a los grupos disidentes armados.

“Numerosas organizaciones de derechos humanos han denunciado ante la Comisión las actividades de inteligencia que las fuerzas de seguridad del Estado realizan en relación con las actividades de las organizaciones de derechos humanos y sus miembros. Pese a las reiteradas negativas de los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado, resulta ahora incuestionable que éstas realizan actividades de inteligencia cuyo objetivo son las organizaciones de derechos humanos y sus integrantes. Como se señaló antes, en varias actuaciones penales se han presentado informes de inteligencia militar sobre organizaciones de derechos humanos. Miembros del Das también han confirmado que realizan actividades de inteligencia en relación con los miembros de Asfaddes. Se reconoció públicamente que la orden de allanamiento de las oficinas de Justicia y Paz fue instruida en base a informes de inteligencia militar…

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