Las recientes declaraciones del Presidente de la República, del Vicepresidente de la República y del Alto Comisionado para la Paz estimulan la ocurrencia de ataques contra líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos; polarizan innecesaria y peligrosamente el debate electoral, durante las últimas semanas de campaña; y soslayan su obligación de pronunciarse con claridad sobre el apoyo que reiteradamente ofrecen los grupos paramilitares a su campaña de reelección.

El Presidente de la República debe pronunciarse urgentemente sobre la conveniencia, la legitimidad y la legalidad de la labor que cumplen las organizaciones sociales que defienden intereses colectivos y las organizaciones sociales y no gubernamentales de derechos humanos.