Notas preliminares sobre el noveno informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia

Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario

1. Consideramos muy importante que el informe destaque como los principales rasgos del contexto político, durante 2005: i) el debate legislativo y el impacto del conflicto armado interno; ii) la notable influencia de los grupos paramilitares y el proceso entre esos grupos y el Gobierno de Colombia; y iii) la negociación del TLC entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

2. Consideramos fundamental que el informe advierta sobra la existencia de patrones de violación de los derechos humanos en relación con las siguientes modalidades: i) ejecuciones extrajudiciales; ii) desapariciones forzadas; iii) torturas antes de la ejecución de las víctimas; y iv) malos tratos durante períodos de detención. La importancia de esa consideración reside en que el Gobierno de Colombia continúa alegando una mejoría de la situación de derechos humanos y derecho humanitario, con base en el descenso que registra la tasa nacional de homicidios. En el informe , se llama la atención sobre algunas características preocupantes que mantienen las violaciones de derechos humanos en el país, tomando en consideración que los indicadores generales sobre violencia “no se refieren de manera específica y diferenciada a la conducta de los servidores públicos que, directamente o por nexos con miembros de los grupos paramilitares, constituyen violaciones de derechos humanos” (párr. 22).

3. No obstante lo anterior, creemos que la Alta Comisionada debería insistir en el carácter sistemático y masivo de algunas modalidades de violación de los derechos humanos, tal como lo han hecho en el pasado los titulares de los procedimientos especiales de la Comisión de Derechos Humanos que han visitado el país. En ese sentido, nos  preocupa el alcance que se le podría dar a la siguiente afirmación contenida en el informe: “Cabe señalar que las violaciones graves no forman parte de una política deliberada del Estado”. Por citar un solo ejemplo, creemos que las detenciones arbitrarias (que representan una violación grave de los derechos humanos) han sido consecuencia directa de la aplicación de la política de “seguridad democrática” y la persistencia ilegal de prácticas abusivas que fueron revestidas de legalidad, durante el estado de excepción declarado por el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, al comienzo de su mandato.

4. Destacamos como muy importantes las consideraciones que contiene el informe sobre el proceso entre el Gobierno y los grupos paramilitares. Entre otros mensajes, consideramos de suma importancia dos. En primer lugar, que la Alta Comisionada haya señalado nuevamente que a pesar de que la normativa que regula el proceso “hace referencia a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, (…) no logra ser compatible con los principios internacionales”. En segundo lugar, que la Alta Comisionada advierta que el Estado colombiano “continúa frente (a los desafíos) de sanear sus instituciones, de desmantelar y desarticular el paramilitarismo, y de responder ante la población sobre los aspectos relacionado con los grupos armados ilegales y las consecuencias sobre las víctimas y sus familias”.

5. En la totalidad del informe hay una perspectiva transversal de género. Así mismo, consideramos adecuado el tratamiento que el informe da a los derechos económicos, sociales y culturales y a la situación de poblaciones específicas. Entendemos que la limitación de espacio no permitiera que ambos asuntos hubiesen tenido un tratamiento más pormenorizado.

6. Echamos en falta que el informe no aludiera al comportamiento de la Fuerza Pública en relación con las minas antipersonales. Entre otros aspectos, la adecuada señalización de campos minados alrededor de guarniciones militares y la destrucción de otros continúan siendo tareas pendientes del Gobierno. Tampoco concede importancia a los gestos del ELN, en relación con la posibilidad de suscribir un acuerdo sobre la materia con el Gobierno colombiano. Tal vez esa sería una manera de animar a esa guerrilla a cumplir a cabalidad con la recomendación n.° 11.

7. El balance que contiene el informe sobre políticas públicas y la implementación de recomendaciones pone en evidencia que son notoriamente limitados los pasos dado por el Estado colombiano, con el propósito de que sus políticas honren los compromisos que ha adquirido ante la comunidad internacional, en materia de derechos humanos. También es notorio que las guerrillas, los grupos paramilitares y la Fuerza Pública siguen desconociendo las recomendaciones que en materia de derecho humanitario ha formulado reiteradamente la Alta Comisionada. Entre todas las consideraciones que contiene el balance, cabe destacar que la Alta Comisionada observe que “no se ha avanzado en la elaboración de un sistema estadístico estatal que cubra adecuadamente las violaciones de los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario”. La ausencia de voluntad para armonizar un sistema nacional de estadísticas con los estándares internacionales contrasta con la insistencia del Gobierno en presentar sus indicadores como “argumentos sólidos” para sostener que la situación de derechos humanos y derecho humanitario ha mejorado, tal como lo hace en el comunicado que expidió la Vicepresidencia de la República el pasado 20 de febrero de 2006.

8. Insistimos en que las recomendaciones dirigidas a las guerrillas y los grupos paramilitares también comprometen a la Fuerza Pública. Las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los organismos estatales de seguridad están obligadas a respetar cabalmente el derecho humanitario, especialmente en relación con los asuntos aludidos en las recomendaciones 9, 10 y 11.

9. Felicitamos a la Dirección y a la totalidad del equipo de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la labor que realizaron en función de que la Alta Comisionada presentara a la Comisión de Derechos Humanos un informe imparcial y completo sobre la situación de derechos humanos en Colombia. En ese sentido, desestimamos la consideración del Gobierno según la cual no se trataría de un informe “objetivo” y resaltamos que resultó poco diplomático denominarlo “informe Fruling” para intentar desvirtuar su contenido.

10. Finalmente, reiteramos nuestro respaldo a la Sra. Carmen Rosa Villa, a quien encargó la Alta Comisionada de la Dirección de la Oficina en Colombia, y a la totalidad del equipo que la compone. La permanencia de la Oficina en Colombia continúa siendo una condición indispensable para continuar aspirando a una mejoría sustancial de la situación de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia.

Bogotá, 22 de febrero de 2006