Así lo establece el decreto legislativo (expedido bajo el Estado de Emergencia Social) firmado por Uribe y que solo espera la recolección de las firmas de todos los ministros del gabinete para convertirse en ley permanente.

EL TIEMPO conoció el contenido del decreto con fuerza de ley con el que se busca agravar el delito de usura cuando se dé en las modalidades de pactos de retroventa (es decir compraventas) o en préstamos con cobros periódicos (los llamados 'gota a gota').

En estos casos aumentarán los años de cárcel entre la tercera parte y la mitad de la pena por usura: es decir, los responsables pagarán mínimo 32 meses y máximo 7 años y medio de prisión.

Van 5 decretos de emergencia

EL TIEMPO también conoció el contenido de un segundo decreto legislativo, que también fue firmado ya por el Presidente y que solo espera la rúbrica de los ministros, con el que se llegará a un total de cinco leyes expedidas bajo el amparo del Estado de Emergencia Social.

Este último está dirigido a penalizar las transacciones en efectivo, distintas a las del sector financiero, y que no son reportadas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscrita al Ministerio de Hacienda, cuya labor es detectar operaciones de lavado de activos.

En este decreto se adiciona al Código Penal el artículo 325A. Allí se convierte en delito el hecho de que no se entreguen reportes de transacciones, movilizaciones o almacenamientos de dinero en efectivo, cuando autoridades como la UIAF requieran tal información.

Fuentes de la Casa de Nariño le explicaron a este diario que con esto no se pretende afectar, por ejemplo, a los campesinos que en zonas rurales negocian a diario con dinero en efectivo, sino a personas o empresas cuya captación de dinero sea sospechosa.

Este aplicaría, por ejemplo, a empresas que como DMG (del detenido David Murcia Guzmán) manejan millonarias sumas de dinero sin entregar los informes pedidos por las autoridades y reciben como única sanción el pago de multas.

En este nuevo decreto se establecen penas de 32 a 108 meses de cárcel para quienes no provean esta información. Además, se les sanciona con multas de mínimo 133 salarios mínimos mensuales y máximo 15.000 (es decir, entre 61 millones de pesos y casi 7.000 millones de pesos).

También se modifica el artículo 325 del Código Penal que aplica cárcel y multas para los empleados del sector financiero o cooperativas de ahorro y crédito que "con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, omitan el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las transacciones en efectivo".

En este aparte se aumentan condenas y multas y se establecen igual que en el artículo anterior. Se espera un nuevo decreto en el que, como lo ha dicho el presidente Uribe, se obligue a la banca a facilitar el acceso de los más pobres a los servicios financieros.

ANDRÉS GÓMEZ OSORIO
REDACCIÓN POLÍTICA

Álvarez había asumido este puesto en agosto del año pasado y era considerada una de las personas clave en el manejo que el Gobierno le está dando al tema de las pirámides.

Su cargo es considerado en Presidencia como clave y era una persona muy cercana al presidente Uribe.

Álvarez tiene más de 20 años de experiencia en alta gerencia corporativa y de control en los sectores industrial, financiero y público. 

Es ingeniera industrial de la Universidad Javeriana, especializada en Finanzas en la Universidad del Rosario y ha adelantado cursos de análisis de riesgos en Nueva York; el seminario de negociaciones de la Universidad de Harvard; y uno de civilización francesa en la Universidad Sorbona, de Francia. 

Fue asesora del Alto Consejero y hoy ministro de Ambiente, Juan Lozano Ramírez  

De la controversia hacen parte desde la industria alimentaria hasta las sociedades científicas y las directivas de planteles educativos.

El articulado propone, por ejemplo, que los productores de alimentos incluyan toda la información nutricional en las etiquetas, que se controle el contenido de grasas trans, que se restrinja la publicidad en medios masivos de productos y bebidas de alto contenido calórico y que se desarrollen estrategias de promoción de la actividad física.

Aunque nadie discutiría las bondades de un proyecto que contempla planes de prevención para evitar el sedentarismo y el sobrepeso, así como la atención integral en salud para los cerca de seis millones de colombianos que -según cifras de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin 2005)- tienen problemas de obesidad, hay quienes critican su alcance.

Para empezar, uno de sus artículos pide a los centros educativos restringir la venta, promoción y el consumo de alimentos y bebidas con alta densidad calórica y bajo contenido nutricional.

A lo ancho

La Asociación Nacional de Industriales (Andi), que se muestra contraria al proyecto, asegura que los alimentos por sí solos no son responsables de la obesidad y del sobrepeso en Colombia. Sostiene, además, que hay normatividad suficiente, mediante la autorregulación, la educación y la promoción de hábitos saludables, para enfrentar el problema de la obesidad.

Para este gremio, la falta de claridad del proyecto "restringe la libertad de elección, la libre iniciativa privada y la publicidad de más del 90 por ciento de los alimentos y bebidas que se producen o comercializan el país".

Afirman, por ejemplo, que bajo la denominación de 'alimento de alto contenido calórico y bajo contenido nutricional' --denominación sin soporte técnico-científico- caben muchas cosas, incluso la dieta normal de los hogares.

La ponente del proyecto en el Senado, Dilian Francisca Toro, asegura que la industria no tiene de qué preocuparse por este proyecto. "No afecta a los sectores productivos. El proyecto no está planteando ninguna prohibición, sino que establece una regulación para que los alimentos que se den a los niños sean nutritivos", asegura.

Pero las críticas no paran ahí. La Asociación Colombiana de Nutrición Clínica reconoce que la obesidad impacta la salud de la gente. No obstante, asegura que el problema grave y de fondo es la malnutrición, una condición causada por una dieta inadecuada o insuficiente.

"A ella se puede llegar por exceso, lo cual conduce a la obesidad, o por defecto, que desemboca en desnutrición", dice Arturo Vergara, presidente de la Asociación, quien llama la atención sobre el hecho de que el proyecto solo se concentra en la obesidad.

Claudia Angarita, nutricionista y miembro de la Asociación, asegura que si el proyecto es aprobado como está, no pasaría de ser, por la dimensión de la malnutrición en el país, un paño de agua tibia.

"La FAO (Agencia de la ONU para la Agricultura y la Alimentación) estima que en Colombia el número de personas con problemas serios de desnutrición alcanza los 5,9 millones. Creo que no debería haber una ley de obesidad, pues desconoce otros problemas nutricionales graves", dice.

La Ensin 2005, llevada a cabo entre 117.205 colombianos de 0 a 64 años, encontró que tres de cada diez niños menores de 5 años son anémicos, así como el 37,6 por ciento de los pequeños entre los de 5 y los 12 años. En la misma condición están tres de cada diez mujeres de 13 a 49 años y cuatro de cada diez madres gestantes.

Para Vergara, resulta paradójico que mientras el proyecto busca restringir la venta y consumo de ciertos alimentos, no tiene en cuenta el hecho de que el 40,8 de los hogares carece de la capacidad de garantizar una seguridad alimentaria para sus miembros, porcentaje que en el área rural se eleva al 58 por ciento.

La misma encuesta concluye que la dieta de la población colombiana es, en general, desbalanceada: el 36 por ciento de las personas no consume las proteínas que necesita y, además, se ingieren más carbohidratos de la cuenta y muy pocas verduras y frutas.

Hernán Yupanqui, Presidente de la Fundación Colombiana de Obesidad, considera que se necesita con urgencia esa ley, porque plantea una solución integral para el serio problema de sobrepeso y obesidad, que afecta a más de la mitad de los colombianos.

Tanto la Andi como la Asociación coinciden en la urgencia de que el problema se aborde de manera global y que se garantice la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, así como el acceso a ellos, en condiciones de equilibrio, cantidad y calidad.

Al proyecto solo le falta un debate en el Congreso y, desde ya, promete ser candente.

Cifras de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional

49,6 por ciento de las mujeres del país tienen sobrepeso (de ese total, el 16,6 son obesas).

39,9 por ciento de los hombres tienen sobrepeso (de ese total, el 8 por ciento son obesos).

46,1 por ciento de los colombianos tie- nen sobrepeso (el 13,8 por ciento del total son obesos).

33,2 por ciento de los niños menores de 5 años son anémicos y el 37,6 de los de 5 a 12 años.

44,7 por ciento de las gestantes son anémicas y el 41,1 por ciento tiene déficit de hierro.

Lo que dicen algunos de los interesados

RAFAEL MEJÍA
Vicepresidente del Consejo Gremial

Es un proyecto muy bien intencionado, pero con graves consecuencias para el sector productivo y para que la oferta, especialmente de alimentos, se vea afectada, no solo en el corto plazo sino en el futuro si el proyecto es aprobado como está hasta ahora.

CARLOS DELGADO P.
Presidente de Anda

Ese proyecto, así como está, res- tringe la activi- dad económica a largo plazo y el comercio norma- tivamente. Esto va en contravía de la libertad comercial y la autorregu- lación. Deja pendientes algunas cosas para que sean reglamentadas.

MIGUEL GÓMEZ
Director Cámara Colombo Americana

El proyecto tiene muchos elementos positivos, pero preocupa que considere que la responsabilidad está en los alimentos. El producto no es el culpable, si se abusa de él y no se hace ejercicio, ese es el problema. Hay empresas de nuestras afiliadas preocupa- das por el proyecto.

CARLOS BALLESTEROS
Confederación Nal de Asociaciones de Padres

Nos parece que lo que se plantea en el proyecto es lo que hay que hacer. No es justo que en la cafeterías de los colegios vendan comida 'chatarra', sin tener en cuenta la formación para la salud. Es necesario cambiar las costumbres alimenticias en los colegios y escuelas.

ALEJANDRO GIRALDO
Vicepresidente de Fenalco

Lo que no nos gusta del pro- yecto es la parte represiva, cuan- do debería ser más educativo. Uno de los aspectos que más preocupa es que en el país no está claro qué es un producto con alta densidad energética y bajo contenido nutricional.

RIOPAILA
Ingenio azucarero

Es lamentable que el proyec- to no haya tenido en cuenta la existencia de documentos tan importantes como el Conpes en el que, muy acer- tadamente, se da el direccio- namiento para los planes de alimentación y nutrición en todos los municipios y regiones del país.

"El proyecto solo quiere favorecer la salud de los colombianos, buscando que especialmente los niños gocen de una dieta nutritiva", dijo la senadora ponente Dilian Francisca Toro.

"El país debe mirar el problema como un todo, pues las consecuencias de la malnutrición en la niñez o en la adolescencia pueden ser irreversibles".
Arturo Vergara, de la Asociación Col. de Nutrición

CARLOS F. FERNÁNDEZ
ASESOR MÉDICO DE EL TIEMPO
JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ
REDACCIÓN POLÍTICA.

Afganistán ocupó el segundo lugar, con 811 personas afectadas, pero históricamente tiene el mayor número de víctimas (entre 52 mil y 60 mil, según el informe).

Aunque Colombia ocupa el primer lugar, el informe de Monitor revela que también se presentó una reducción en el número de víctimas, pues en el reporte de 2006 el número de afectados fue de 1.167 personas.

La explicación de la reducción está en los programas de desminado que desarrollan el Gobierno y el Ejército Nacional. De hecho, Monitor señala que de 8.147 áreas consideradas peligrosas, 4.742 fueron despejadas por el Ejército Nacional.

Incluso, el Gobierno de Colombia consideró este año la posibilidad de enviar tropas a Afganistán, pero para colaborar en labores de desminado.

Camilo Serna, investigador colombiano que participó en la investigación de Monitor, admite que las labores de desminado no son fáciles, pues es complicado determinar la extensión de territorio que está 'sembrado' con estos artefactos, utilizados por los grupos armados ilegales.

Coinciden cifras

Las cifras de esta investigación coinciden con los reportes oficiales del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersona, que indican que en el 2006 se presentaron 1.168 víctimas de estos artefactos y un año después, 887.

El primer lugar de Colombia en este escalafón, pese a la reducción del número de víctimas, también se explica en que el número de afectados también bajó en otros países.

Paradójicamente, Colombia no está entre los cinco países que reciben más ayuda de la comunidad internacional para enfrentar este problema.

Uno de los datos más preocupantes es que el año pasado se reportaron 1.407 niños afectados por minas antipersona en todo el mundo.

ALEJANDRO ROJAS CARDOZO
REDACTOR DE EL TIEMPO

Perdomo sostiene que ningún colombiano tiene excusa para quedarse en casa ese día, mientras en la selva permanecen "pudriéndose y muriendo" unas tres mil personas.

"Es un compromiso moral salir a marchar, tanto de quienes hemos vivido en carne propia el flagelo de ese horror del secuestro como de quienes no lo han vivido", añade Perdomo.

Para Ruby Jaramillo, esposa del diputado asesinado Nacianceno Orozco, "quienes han sufrido el secuestro en el interior de sus familias nunca se van a poder desvincular de la lucha contra el secuestro".

Jaramillo, quien es cónsula en Valencia (Venezuela) hace seis meses, organizará una jornada de acompañamiento a las víctimas en esa ciudad.

"Aquí en en Venezuela yo soy la imagen del dolor que vivimos en el Valle del Cauca, y por eso creo que es importante, y siempre va a ser importante, apoyar las movilizaciones en busca de la paz y de la liberación de todos los secuestrados en nuestro país", dice Jaramillo.

Patricia Nieto, esposa de Sigifredo López -el único de los ex diputados que no fue asesinado, pero permanece secuestrado- expresa que "este tipo de jornadas es para decirles a los secuestrados que seguimos allí, que vamos a insistir en exigir su libertad, pero también es para decirles a las Farc que estamos cansados de que sigan delatando el sufrimiento de los secuestrados".

La marcha del 28 de noviembre fue convocada por Íngrid Betancourt -quien estuvo seis años en cautiverio y fue rescatada el pasado 2 de julio- para exigirles a las Farc que liberen a los secuestrados antes de Navidad. La iniciativa fue acogida por varios medios de comunicación.

Hay investigación por referendo: Registrador

 El registrador Carlos Ariel Sánchez, adelantó parte de las respuestas que dará a la Comisión I de la Cámara el próximo martes. Sánchez dirá que en el CNE hay una investigación por las irre- gularidades en la recolección de firmas del referendo reeleccionista. La ponen- cia del proceso la tiene el magistrado J.J. Vives.

Cecilia Álvarez-Correa no va más en el Gobierno

Una renuncia anunciada desde mayo se concretó ayer en la Casa de Nariño. La alta consejera Cecilia Álvarez-Correa, dimitió a su cargo. Esta mujer, clave en las decisiones para intervenir pirámides, confesó a EL TIEMPO: "Le dije al Presidente que ya me tenía que ir. Es un tema personal y venía con fatiga".

Auc habrían pagado $ 700 millones a policías

MONTERÍA. En su tercer día de versión libre desde E.U., Salvatore Mancuso dijo que entre 1995 y 1997, las Auc pagaron mensualmente $700 millones a miembros de la Policía por colaborar con el grupo 'para'. Confesó también que el coronel Raúl Suárez, contribuía directamente y "sabía de las ejecuciones de las Auc".

'Don Mario' estaría tras asesinato de hijo de 'Cuco'

Organismos de inteligencia revelaron que, al parecer, hombres de 'don Mario' estarían tras el asesinato de Vladimir Vanoy Cifuentes, hijo del extraditado jefe 'para' Ramiro 'Cuco' Vanoy. El crimen fue cometido en octubre pasado en la vía Siberia-Tenjo (Cundinamarca).

Capturan desmovilizado por masacre de Trujillo

El CTI capturó ayer en una finca en el municipio de Guarne (Antioquia) a Augusto Gómez, 'Cogoyo', desmovilizado de las Auc, quien habría participado la masacre de Trujillo (Valle) en la década de los 90. Gómez responderá por homicidio agravado y desaparición forzada.

Sergio Fajardo: 'De la simpatía al compromiso'

El ex alcalde Sergio Fajardo comenzará mañana en firme su camino a la Casa de Nariño. Fajardo planea reunirse en Medellín con 3.000 personas que lo han acompañado por el país. Leerá una carta que dirá: "Lo mejor está por venir: el triunfo en 2010 de nuestros principios y propuestas".

Esta nueva ley, que se expedirá al amparo del Estado de Emergencia Social (declarado por el Gobierno el pasado lunes), modifica el artículo 305 del Código Penal, que establece cárcel de 24 a 60 meses para quien "reciba o cobre a cambio de préstamo de dinero, o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente".

El decreto con fuerza de ley, que aún está sujeto a cambios, establece que cuando la usura se dé en ventas con pacto de retroventa (es decir compraventas) o en cobros periódicos (los llamados 'gota a gota') la pena aumentará entre la tercera parte y la mitad de la pena. Es decir, los responsables serán sancionados con penas de mínimo 32 meses y máximo 7 años y medio.

Cárcel para transacciones en efectivo que no sean reportadas  EL TIEMPO también conoció el contenido de un segundo decreto legislativo (con el cual sumarían cinco, además del que declaró el Estado de Emergencia Social) dirigido a las transacciones que se hacen en efectivo y que no son reportadas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscrita al Ministerio de Hacienda, cuya labor es detectar operaciones de lavado de activos.

En este decreto se adiciona el artículo 325A al Código Penal y tipifica como delito la omisión de reportes de transacciones, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo. Esto aplicaría a empresas que como DMG manejaban millonarias sumas de dinero sin reportarlo y recibiendo como única sanción el pago de multas.

Aquí, en el nuevo decreto con fuerza de ley, se establecen penas de 32 a 108 meses de cárcel para quienes no provean esta información requerida por las autoridades y les aplica multas de 133 a 15.000 salarios mínimos mensuales (es decir, entre 61 millones de pesos y casi 7.000 millones de pesos).

También se modifica el artículo 325 del Código que aplica cárcel y multas para los empleados de instituciones financieras o cooperativas de ahorro y crédito que "con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, omitan el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las transacciones en efectivo". En este aparte se aumentan las penas y multas y se establecen igual que en el artículo 325A.

Andrés Gómez Osorio
Redacción Política

Esta nueva ley, que se expedirá al amparo del Estado de Emergencia Social (declarado por el Gobierno el pasado lunes), modifica el artículo 305 del Código Penal, que establece cárcel de 24 a 60 meses para quien "reciba o cobre a cambio de préstamo de dinero, o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente".
 
El decreto con fuerza de ley, que aún está sujeto a cambios, establece que cuando la usura se dé en ventas con pacto de retroventa (es decir compraventas) o en cobros periódicos (los llamados 'gota a gota') la pena aumentará entre la tercera parte y la mitad de la pena. Es decir, los responsables serán sancionados con penas de mínimo 32 meses y máximo 7 años y medio.
 
Cárcel para transacciones en efectivo que no sean reportadas
 
EL TIEMPO también conoció el contenido de un segundo decreto legislativo (con el cual sumarían cinco, además del que declaró el Estado de Emergencia Social) dirigido a las transacciones que se hacen en efectivo y que no son reportadas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscrita al Ministerio de Hacienda, cuya labor es detectar operaciones de lavado de activos.
 
En este decreto se adiciona el artículo 325A al Código Penal y tipifica como delito la omisión de reportes de transacciones, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo. Esto aplicaría a empresas que como DMG manejaban millonarias sumas de dinero sin reportarlo y recibiendo como única sanción el pago de multas.
 
Aquí, en el nuevo decreto con fuerza de ley, se establecen penas de 32 a 108 meses de cárcel para quienes no provean esta información requerida por las autoridades y les aplica multas de 133 a 15.000 salarios mínimos mensuales (es decir, entre 61 millones de pesos y casi 7.000 millones de pesos).
 
También se modifica el artículo 325 del Código que aplica cárcel y multas para los empleados de instituciones financieras o cooperativas de ahorro y crédito que "con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, omitan el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las transacciones en efectivo". En este aparte se aumentan las penas y multas y se establecen igual que en el artículo 325A.

Andrés Gómez Osorio
Redacción Política

• Renunció apoderado de DMG argumentando que directivos le ocultaron información sobre la contabilidad

Álvarez había asumido este puesto en agosto del año pasado y era considerada una de las personas clave en el manejo que el Gobierno le está dando al tema de las pirámides.

Su cargo es considerado en Presidencia como clave y era una persona muy cercana al presidente Uribe.

Álvarez tiene más de 20 años de experiencia en alta gerencia corporativa y de control en los sectores industrial, financiero y público. 

Es ingeniera industrial de la Universidad Javeriana, especializada en Finanzas en la Universidad del Rosario y ha adelantado cursos de análisis de riesgos en Nueva York; el seminario de negociaciones de la Universidad de Harvard; y uno de civilización francesa en la Universidad Sorbona, de Francia. 

Fue asesora del Alto Consejero y hoy ministro de Ambiente, Juan Lozano Ramírez  

La determinación se tomó ante la crisis que vive esa zona del país ante la caída de las pirámides.

El gobernador de Putumayo, Felipe Guzmán, advirtió la grave situación que se vive en el departamento por cuenta de la intervención de las empresas captadoras.

"Todos los municipios están paralizados, el comercio cerró sus puertas, pusieron avisos de apoyo a DMG, los colegios y en total la sociedad civil está paralizada en Putumayo, enfatizó.

"La gente del campo está en las ciudades porque no tienen qué comer, están aguantando física hambre", dijo el congresista conservador Orlando Guerra.

En el departamento hay una verdadera emergencia dicen las autoridades, pues los alimentos escasean, en algunos municipios no hay energía, ni transporte y hasta los colegios suspendieron las clases.

En el Putumayo cerca del 80 por ciento de la gente tenía dinero invertido en las pirámides.
 

En adelante no serán los rectores de los colegios los que aprueben y designen qué útiles deben ser incluidos en las listas escolares, sino los consejos directivos de cada institución educativa, en los cuales tienen representación los padres de familia.

El otro punto clave del proyecto, es que prohíbe que los padres entreguen los útiles solicitados. Estos permanecerán en su poder y se irán llevando al colegio a medida que los profesores los soliciten.

Pero el miércoles, mientras su bancada y los demás miembros de la oposición votaron positivamente el impedimento que había solicitado el representante de 'la U' Thyrone Carvajal (su esposa es notaria en Buga), Barreras llegó de improviso y lo votó en contra.

Con su decisión, la bancada uribista logró sumar 17 sufragios para habilitar a su compañero de curul para votar a favor del referendo, mientras los opositores apenas sumaron 15 votos.

Si Barreras hubiera acompañado a su bancada en la votación para resolver el impedimento de Carvajal habría terminado en empate a 16 votos.

Otro que indirectamente ayudó a mantener vivas las esperanzas de un triunfo del referendo en la Comisión Primera de la Cámara fue Tarquino Pacheco, también de Cambio Radical. Apareció justo cuando la votación había terminado. Eso le permitió quedar bien con su jefe, Germán Vargas, opositor del referendo en 2010, pero también con el Gobierno.

Ahora, sin poner en duda cómo votará en adelante Barreras, la habilitación que le otorgó a Carvajal le da 18 votos a la coalición uribista, justo lo que necesita para pasar el referendo reeleccionista, contra los 17 de la oposición.

"El impedimento era un tema eminentemente jurídico y yo considero que jurídicamente no estaba impedido. Por eso voté así", dijo Barreras.

Pacheco aseguró que se demoró porque tuvo una reunión urgente con los alcaldes de Soledad y Sabanalarga.

"Con esta decisión gana la modificación del referendo para 2010, pues (Barreras) le dio la vuelta al tema al negar el impedimento", dijo Telésforo Pedraza, quien se opone a la reelección.

"Roy nos tiene acostumbrados a hacer lo que quiere. Violó la ley de bancadas. Me recuerda mucho a Moreno de Caro", dijo Germán Navas, del Polo Democrático.

En la sesión de ayer, los liberales Carlos Arturo Piedrahíta y Germán Olano pidieron que se aclare la financiación para recoger las firmas del referendo. Por eso, se citó para el martes al Registrador y al Presidente del Consejo Electoral, para que aclaren estas dudas.

Rusia empezó a perfilarse este miércoles como uno de los mejores aliados de Colombia en el continente asiático, a juzgar por las conclusiones tras el encuentro de ayer entre los cancilleres de ambos países.

Al término de un desayuno en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, donde el ruso Serguéi Lavrov probó un tamal santafereño, se ofreció una rueda de prensa en la que este, al lado de su homólogo colombiano, Jaime Bermúdez, dijo: "Queremos seguir cooperando en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo". Lavrov añadió que esperan recibir en su país al presidente Álvaro Uribe.

Por su parte, Bermúdez aseguró que la relación con un país como Rusia es fundamental, "por el papel que juega en el escenario mundial (...)".

"Queremos tener con Rusia el mayor intercambio político y económico en el campo comercial, de negocios e inversión", añadió el colombiano e invitó a Rusia a "que sea esta visita el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre los dos países".

El diplomático ruso tuvo que responder a preguntas sobre la venta de armas de su país a Venezuela y sobre la eventualidad de que estas terminen en manos de las Farc.

"Nosotros no suministramos armamento a agrupaciones ilegítimas. Todos nuestros contratos de cooperación militar prohíben la transferencia de armamento ruso a terceros.
Conocemos de esas informaciones sobre posibles suministros a las Farc, pero verificamos esa información y no se ha confirmado", dijo el ministro ruso.

La visita de Lavrov, quien ayer mismo abandonó el país, se da en vísperas de que llegue a Venezuela la flota naval rusa, para hacer maniobras conjuntas en aguas venezolanas.

Al respecto, el canciller Bermúdez aseguró que los gobiernos de Venezuela y Rusia han dejado claro que "no se realizarán maniobras en zonas limítrofes o en las zonas de disputa con Colombia".

Lavrov añadió que no considera un desafío a E.U. la visita a la región, no solo de la flota, sino del presidente ruso Dmitri Medvedev, quien la próxima semana se reunirá con los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio 'Lula' da Silva, y de Venezuela, Hugo Chávez. También irá a Cuba.

"Todas esas evaluaciones son heredadas de la Guerra Fría. Hoy E.U. interactúa prácticamente con todos nuestros vecinos basándose en el interés mutuo. Nosotros no lo consideramos como un reto. Queremos que esta cooperación sea transparente. Quisiéramos desarrollar nuestra relación con otros países, sin perjudicar a cualquiera de las partes ni sus intereses legítimos", explicó.

Medvedev, aunque no vendrá a Colombia, sí se reunirá con el presidente Álvaro Uribe el fin de semana en Perú, donde tendrá lugar la cumbre del Foro de Cooperación de Asia-Pacífico (Apec).

El encuentro en ese escenario es significativo, pues el canciller Bermúdez dijo ayer que Rusia apoya la posibilidad de que Colombia entre a dicho bloque económico en el 2010, cuando se levante una reserva que existe para que nuevos Estados entren al grupo.

El canciller Lavrov se reunió hacia el mediodía con el presidente Álvaro Uribe en la Casa de Nariño, pero antes caminó por la Plaza de Bolívar y se dio un tiempo para conocer el Museo del Oro y visitar la Catedral Primada.

Once diputados del Valle fueron asesinados por las Farc en cautiverio el 18 de junio del 2007.

Piden no olvidar que las únicas armas que se tienen contra el secuestro son la palabra y los pies para caminar y por eso la importancia de salir a marchar el próximo 28 de noviembre.

Fabiola Perdomo, esposa de Juan Carlos Narváez, uno de los 11 diputados asesinados, dice que ningún colombiano tiene excusa para quedarse en su casa sabiendo que hay "seres humanos muriendo y pudriéndose en las selvas de este país".

"Es un compromiso moral salir a marchar, tanto para quienes hemos vivido en carne propia el horror del secuestro, como para quienes no lo han vivido", agrega.

Desvincularse de la lucha contra el secuestro es imposible para quienes lo han padecido. Por eso Ruby Jaramillo, esposa del diputado asesinado Nacianceno Orozco, dice que desde Valencia (Venezuela), donde está hace seis meses ejerciendo como cónsul, organizará una jornada de acompañamiento a las víctimas, junto con la Fundación Gran Colombia, que agremia a más de 3.000 colombianos residentes en la ciudad venezolana.

"En Venezuela yo soy la imagen del dolor que vivimos en el Valle del Cauca, y por eso creo que es importante, y siempre va a ser importante, apoyar las movilizaciones en busca de la paz y de la liberación de todos los secuestrados en nuestro país", dice.

La llamada, hecha por el presidente electo de Estados Unidos, duró 10 minutos, según reveló la Casa de Nariño.

Sin dar mayores detalles sobre la conversación, el secretario de Prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez, dijo que fue una charla "muy constructiva" que se dio entre las 2:20 y las 2:30 de la tarde.

El contenido de ese diálogo se mantuvo en reserva, pero se sabe que el Tratado de Libre Comercio (TLC) pudo ser uno de los temas.

Incluso, la llamada se dio en momentos en que el Congreso de ese país debate en sesiones extras (hasta el miércoles de la otra semana) y algunos esperan que el tema del acuerdo comercial alcance a ser discutido.

El TLC no es un tema fácil en E.U., pues ha sido objeto de disputa entre demócratas, que se mantienen críticos con el acuerdo, y republicanos que lo respaldan a capa y espada. Su principal promotor es el saliente presidente George Bush.

Incluso, en días recientes, según varios de los más influyentes diarios de E.U., Bush y Obama sostuvieron un fuerte pulso en una charla privada, cuando el primero dijo que aprobaría un plan de salvamento para el sector automotriz de su país, si Obama apoyaba la votación del TLC con Colombia.

Fuentes en Washington le dijeron a EL TIEMPO que, a la fecha, Obama ya ha respondido las llamadas de unos 20 mandatarios del mundo y los primeros del hemisferio occidental en recibirlas fueron sus vecinos el primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, y el presidente de México, Felipe Calderón.

Luego llamó al presidente de Brasil, Luiz Inácio 'Lula' da Silva. Las conversaciones más recientes en el continente fueron el pasado martes con Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina, y Michelle Bachelet, de Chile.

El miércoles, al tiempo que se comunicó con Uribe, Obama también habló con los presidentes de Nigeria, Senegal y Suráfrica, además del secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, según lo comunicó la página del electo presidente.

El jefe de Estado colombiano ya había hablado con Obama, pero cuando este era candidato, el pasado 18 de septiembre. En ese momento la Presidencia usó las mismas palabras ("muy constructivo") para calificar la charla.

El lunes, Uribe también habló con el vicepresidente electo de E.U., Joseph Biden, también durante 10 minutos, en la que se habló de TLC y, según fuentes de la Casa de Nariño, hubo "sintonía".

Luego de la propuesta de las Farc y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio para desmilitarizar un sector de esa zona del país, el 20 de noviembre de 1983, el tema de los despejes ha sido objeto de recurrentes discusiones, rechazos y negociaciones en todos los gobiernos.

En 1987 el M-19 le propuso al gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) el reinicio de diálogos pendientes y la desmilitarización conjunta de resguardos y zonas indígenas en el Cauca. La idea no se concretó.

El 4 de marzo de 1991, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, a través de una carta al entonces ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, solicitó a la administración de César Gaviria (1990-1994) el despeje de La Uribe (Meta) para iniciar diálogos, pero el Gobierno rechazó esa exigencia y ofreció diálogos en el exterior.

Gaviria alcanzó a admitir la posibilidad de dialogar en La Uribe, siempre y cuando no implicara retirar tropas. Al final, los diálogos con las Farc se hicieron en el exterior (Venezuela y México).

En la administración de Ernesto Samper, en julio de 1995, se habló nuevamente de despeje. Además de las acusaciones por la infiltración del narcotráfico en su campaña, el Presidente enfrentó la oposición de las Fuerzas Militares de desmilitarizar el municipio de La Uribe para comenzar diálogos con las Farc. Esto derivó en que Carlos Holmes Trujillo renunciara como Alto Comisionado para la Paz.

En todo caso Samper sí ordenó el despeje de una área en El Caguán (por 32 días) para liberar 60 soldados de Las Delicias y 10 infantes de marina. El área fue 13.661 kilómetros y e comprendió el municipio de Cartagena del Chairá y la inspección de Remolinos del Caguán, en Caquetá.

En 1998, luego de una reunión del presidente electo Andrés Pastrana con el jefe de las Farc, 'Marulanda', se habló de la desmilitarización de cinco municipios. En noviembre de ese mismo año se estableció la zona de distensión y lo que siguió en exigencias de despeje es ya historia conocida.

Así lo aseguró el propio congresista quien se adelantó a las cuentas del Consejo Nacional Electoral (que ya escrutó el 100 por ciento) para establecer que su lista 19, más las listas regionales que lo respaldaron, le permitieron alcanzar 324 delegados de los 1500 que asistirán al segundo congreso del partido en febrero del año entrante.

A Petro lo respaldaron la ex canciller María Emma Mejía y el ex alcalde Lucho Garzón.

El segundo lugar en número de delegados - afirmó Petro- lo obtuvo la lista que encabezaron los senadores Iván Moreno, Jorge Guevara, Jaime Dussán y Jesús Bernal. Ellos y sus aliados obtuvieron 249 delegados. 75 delegados menos.

En tercer lugar, entró con 156 cupos el senador Jorge Enrique Robledo, quien se consolidó como la fuerza individual del Polo con mayor votación y número de delegados.

En la suma hecha por Petro aparece en tercer lugar la lista del Partido Comunista o de 'las glorias', (la senadora Gloria Inés Ramírez y la ex alcaldesa Gloria Cuartas), quienes alcanzaron 98 delegados.

El número de delegados obtenido por cada una de estas listas les permitirá ejercer durante el congreso de febrero una influencia proporcional en las decisiones clave que serían tomadas en este evento. Quien tenga la mayoría de delegados podrá empujar al Polo a que se mueva más hacia la izquierda, o que por el contrario se devuelva al centro ideológico.

Dichos cambios se reflejarían en decisiones como la de permitir o no la continuidad del actual presidente de la colectividad, Carlos Gaviria; así mismo, la posibilidad de que el Polo haga alianzas con otros partidos para enfrentar al presidente Uribe o al candidato del uribismo en las elecciones del 2010.

En todo caso, como no quedó una fuerza dominante tras la consulta, el Polo asistirá a un periodo de alianzas en las que van a ser capitales aquellas listas que aunque no lograron un número de delegados importantes, si sumarán con otras.

En esta situación se encuentran listas como la encabezada por el senador Luis Carlos Avellaneda, que aseguró 76 delegados; la del senador Alexander López, con 66 delegados; y la del ex concejal de Bogotá Carlos Romero, quien eligió 34 delegados.

Los casi 500 delegados restantes están distribuidos en las más de 40 listas nacionales y en las listas regionales y las circunscripciones minoritarias y especiales.

"La mayoría de los electores del Polo dieron un mandato hacia nuestro programa de hacer una convergencia democrática, de abrir el partido, de quitar los sesgos sectarios y de separarnos tajantemente de cualquier hecho de guerra", enfatizó Petro, quien acaba de volver de un viaje de dos semanas por Europa y Estados Unidos. 

Char no entregará recaudo de impuestos a particular

BARRANQUILLA. El alcalde de la capital del Atlántico, Alejandro Char, dijo que no le entregará la base de datos a Métodos y Sistemas para el recaudo de impuestos, pese a una tutela fallada a favor de esa empresa. El representante de Métodos, Alfredo Beltrán dijo que si Char no cumple se expone a "un incidente de desacato".

Vigilarán mecanismo de quejas de Mindefensa

El procurador General, Edgardo Maya, anunció ayer que desarrollará un programa especial de vigilancia y monitoreo al sistema de quejas anunciado por Mindefensa como medida para ejercer control sobre presuntos casos de violación de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública.

Corte se abstuvo de investigar a congresistas

La Corte Suprema no continuará las investigaciones contra el senador Eduardo Enríquez y la representante Myriam Paredes al no ha- llar mérito para vincularlos con grupos 'paras'. El alto tribunal también se declaró inhibido para investigar a la senadora Nancy Patricia Gutiérrez, por la supuesta celebración de un contrato.

Sabas Pretelt no vendrá y no será padrino

El embajador de Colombia en Roma, Sabas Pretelt de la Vega, hizo saber ayer que no vendrá a Colombia este fin de año. El diplomático aseguró que está dedicado a trabajar en los asuntos de la Embajada y que tampoco será padri- no de ningún matrimonio, anotó.

Liberales pidieron retirar proyecto de víctimas

El Partido Liberal oficializó anoche su petición de retiro del proyecto de ley de beneficio a las víctimas de la violencia. Los liberales, que lo impulsaron, dicen que el Gobierno y su coalición lo "descuartizaron" y que se pusieron en contra de las víctimas. La plenaria de la Cámara desoyó el pedido.

Expertos analizan marcha de Sistema Penal

Desde las 8:00 a.m. de hoy y hasta mañana, en el hotel Sheraton de Bogotá, se realizará el Simposio sobre el Sistema Penal Acusatorio en Iberoamérica. El encuentro busca intercambiar experiencias sobre este modelo de justicia, aplicado en Italia, Canadá y E.U., países invitados.

En adelante no serán los rectores de los colegios los que aprueben y designen qué útiles deben ser incluidos en las listas escolares, sino los consejos directivos de cada institución educativa, en los cuales tienen representación los padres de familia.

El otro punto clave del proyecto, es que prohíbe que los padres entreguen los útiles solicitados. Estos permanecerán en su poder y se irán llevando al colegio a medida que los profesores los soliciten.

Se trata de la primera charla que sostiene el presidente Álvaro Uribe con el presidente electo de Estados Unidos.

La llamada del demócrata Obama es significativa, pues en esta semana, y hasta el miércoles de la otra, el Congreso de E.U., de mayoría demócrata, está en periodo de sesiones extras y se espera que el tema del tratado de libre comercio (TLC) sea abordado.

La llamada se produjo a las 2:20 de la tarde.

El pasado lunes, el vicepresidente electo de E.U. Joseph Biden le correspondió primero una llamada a Uribe, también de 10 minutos, en la que se habló de TLC y, según fuentes de la Casa de Nariño, hubo "sintonía".

El tema del tratado de libre comercio ha sido una insistencia del Gobierno colombiano y se ha convertido en una prioridad para la saliente administración del presidente republicano George Bush.

El tema ha sido objeto de disputa entre ambos partidos en E.U. Incluso, en días recientes, según varios de los más influyentes diarios de E.U., Bush y Obama sostuvieron un pulso en una charla privada, cuando el primero dijo que aprobaría un plan de salvamento para el sector automotriz en su país si Obama apoyaba la aprobación del TLC con Colombia.

El acuerdo entre Colombia y Estados Unidos negociado por Uribe con el presidente saliente, George W. Bush, enfrenta el bloqueo de congresistas demócratas en Washington.

Bogotá aspira a lograr su aprobación antes del término de la gestión republicana, el 20 de enero, cuando Obama asumirá el poder.

El partido Demócrata mantiene bloqueado el acuerdo exigiendo que Bogotá resuelva el problema de los asesinatos de sindicalistas y aclare el escándalo por nexos de políticos del entorno de Uribe con paramilitares de extrema derecha.

• 'Aprueben el TLC con Colombia', pide el editorial de 'The New York Times'