Después de permanecer por un año y once meses privados injustamente de la libertad, diez campesinos de Sabana de Torres víctimas de captura masiva volvieron nuevamente a sus labores cotidianas. El 2 de septiembre de 2010, un juez penal de la ciudad de Bucaramanga, al momento de leer el sentido del fallo, absolvió a todos los procesado por el delito de rebelión.

Estos campesinos habían sido capturados el 29 de octubre de 2008, en el municipio de Sabana de Torres (magdalena Medio colombiano) señalados de pertenecer al frente 20 de las Farc; las labores de policía judicial las efectuó la SIJIN de la Policía Nacional bajo el mando del coronel OMAR GONZALEZ AGUILAR y la coordinación concreta del investigador JUAN CARLOS CELIS TORRES, quienes realizaron los operativos de captura de forma simultánea entre las 3 y 4 de la mañana, para ser trasladados ese mismo día a la ciudad de Bucaramanga, presentados ante los medios masivos de información, llevados a un juez de garantías y posteriormente enviados a la cárcel Modelo de Bucaramanga.

En el operativo fueron capturados GONZALO CORREA RIVERA de 70 años edad, campesino, padre de cinco hijos menores de edad, habitante de la vereda Chuspas; JOSE SOTICO MORALES de 47 años de edad, campesino de la vereda Miraflores, padre de tres hijos menores de edad; LUIS GUAUQUE ARAQUE de 54 años de edad, campesino de la vereda La Robada, padre de tres hijos, capturado junto con su esposa ILCER CASTRO GUARIN de 46 años de edad; ALVARO HERNANDEZ de 51 años de edad, campesino de la vereda Payoa Corazones, padre de seis hijos; ENRIQUE GUAUQUE de 44 años de edad, campesino de la vereda Puerto santos, esta persona le falta la pierna derecha producto de un accidente en la vía férrea, junto con él fue capturada su hija DIANA PATRICIA GUAQUE; MAURICIO TAMARA FIGUEROA, campesino habitante del casco urbano del Municipio de Sabana de Torres debido al desplazamiento de que fue víctima de la Vereda los Canelos de ese mismo municipio; DAYERSOSN BUITRAGO RIOS de 26 años de edad, campesino de la vereda La Robada; ELIECER MARQUEZ de 55 años de edad, campesino de la vereda La Robada; estas dos últimas personas son miembros de la Asociación Agraria de Santander “ASOGRAS”.

La investigación fue realizada por la policía judicial de la Sijín, quienes han sido los responsables de efectuar la mayoría de capturas masivas ocurridas en el Departamento de Santander; como ha sido habitual, acudieron a supuestos reinsertados, quienes sin el menor asomo de vergüenza, manifestaron en el juicio oral que por cada persona que capturaban recibían una suma dinero; además que por cada entrevista suministrada a una autoridad judicial recibían otra suma de dinero, en el caso concreto, uno de los reinsertado admitió haber recibido dinero proveniente de la Policía Judicial.

En este proceso utilizaron nuevamente a los reinsertado HECTOR SAMUEL GUTIERREZ SALGADO quien se hizo llamar con el supuesto alias de Palomo y ANGEL PINZON alias Jeison; personas que han declarado en otros procesos de captura masiva culminadas con sentencias absolutorias; de igual manera, los investigadores de la Sijín allegaron al juicio oral un informe de inteligencia denominada “orden de Batalla” proveniente de la Regional de Inteligencia 2 de la V Brigada del Ejército Nacional con sede en Bucaramanga, cuya fuente de información son entrevistas realizadas a los dos mismos desmovilizados, detectándose un “círculo vicioso” cuya pretensión es dar supuesta contundencia a la investigación, observándose realmente una práctica perversa por parte de los investigadores.

Después de un año de juico oral, los diez campesinos debieron soportar un tortuoso proceso penal, caracterizado por aplazamientos solicitados por la fiscalía bajo el argumento que no era posible ubicar a los testigos desmovilizados; al final, ante la inverosimilitud de sus dichos, tanto la Fiscalía como el Ministerio Público, debieron solicitar al Juez de Conocimiento fallo absolutorio; lamentablemente el daño ya se ha producido; la vida de cada uno de estos campesinos y sus familias han sido gravemente afectada por esta práctica sistemática propia del Terrorismo de Estado.

En los últimos cuatro años, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, ha registrado siete capturas masivas, todas culminadas con sentencias absolutorias o preclusiones; lo que permite concluir que existe una política sistemática que busca desalojar a la población campesina de territorios, como los de Sabana de Torres, donde se están desarrollando actualmente grandes proyectos de capital privado, tal como se demostró en este juicio oral, varias de las fincas de los procesado se encuentran en zona de impacto de la construcción de Hidroeléctrica de Sogamoso y en otros casos, las fincas de estos campesinos fueron obligados a vender por debajo del valor comercial y otros debieron abandonar sus predios; incluso varias de estas propiedades se encuentran actualmente sembradas con el monocultivo extensivo de palma aceitera.

Es urgente que el Estado colombiano suspenda las capturas masivas e indiscriminadas contra campesinos; se requiere que los funcionarios de la fiscalía que conocieron inicialmente las indagaciones y los funcionarios de la Sijín, en particular el patrullero JUAN CARLOS CELIS TORRES sean investigados penal y disciplinariamente por esta práctica que desborda claramente la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos; al igual, que en los procedimientos de judicialización dejen de emplearse el testimonio de reinsertados que a simple vista, se observa que su intención es obtener beneficios jurídicos y económicos.

FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS

El Diputado del Polo Democrático Alternativo, PDA, Jorge Gómez, invitó a la solidaridad con el justo y pacífico movimiento de protesta

El despido de 1.400 trabajadores hecho por la compañía canadiense Medoro Resources tras tomar posesión de la Frontino Gold Mines, detonó el anuncio por parte de diversas organizaciones ciudadanas, de un paro cívico en el Municipio de Segovia desde este sábado.

La determinación fue concertada y adoptada por Sintraminergética, la Veeduría Ciudadana, las Acciones Comunales, la Asociación de Pensionados Residentes en Segovia, la Asociación de Acreedores de la F.G.M., el Concejo Municipal de Segovia y una larga lista de organizaciones sociales y populares.

La decisión de la empresa minera fue catalogada por el Diputado del Polo Democrático Jorge Gómez como “un acto de flagrante desconocimiento de la Convención Colectiva de Trabajo y del Sindicato de Trabajadores y es un anuncio claro de cómo va a ser el trato del gobierno de la “unidad nacional” al sindicalismo colombiano”.

De acuerdo con el corporado “la venta de la Frontino Gold Mines estuvo revestida de una evidente ilegalidad, pues sus auténticos dueños son trabajadores y pensionados y no el gobierno nacional ni la Superintendencia de Sociedades, y más grave aún es que la entrega de un activo del que han derivado su sustento por décadas los habitantes de los abandonados municipios de Segovia y Remedios se le hubiera hecho a unos especuladores internacionales, que con certeza se llevarán del país las utilidades que arroja la extracción del oro ”.

“El Paro Cívico no sólo es en defensa de los derechos de los trabajadores, sino que constituye un acto de protesta valerosa contra la entrega de los recursos naturales del país a la predadora actividad del capital financiero internacional, y por ello merece todo el respaldo del pueblo antioqueño” declaró el Diputado del Polo al convocar a un amplio respaldo y a una decidida solidaridad con los mineros y habitantes de esos municipios del nordeste antioqueño.

Oficina de prensa del diputado Jorge Gómez

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Teléfono fijo 383966 – Teléfono móvil 310 4434285

Las autoridades del gobierno de Rusia están empeñadas en deportar a como dé lugar a Colombia al siniestro mercenario israelí Yair Gal Klein, el coronel retirado que a finales de la década de los 80, con el combustible del dinero sucio de la cocaína y sus mafias, adiestró en tácticas de guerra y explosivos a los nacientes ejércitos privados en el Magdalena Medio que constituyeron la piedra angular de los grupos de autodefensa. El 22 de junio de 2001, el Tribunal Superior de Manizales lo condenó a 128 meses de cárcel por el entrenamiento de hordas de sicarios que llenaron de crímenes el país y que, aupados por el narcotráfico, exterminaron la Unión Patriótica y multiplicaron los carros bomba y atentados contra el Estado.

En virtud de esa sentencia, una vez fue detenido el 27 de agosto de 2007 en el aeropuerto Domedédovo en Moscú, cuando pretendía abordar un avión a Tel Aviv, el gobierno buscó las vías diplomáticas para que Klein cumpliera su deuda con la justicia colombiana en una prisión de alta seguridad. Aunque las autoridades de la Federación Rusa avalaron la petición de Colombia, el oficial retirado se ha valido de toda suerte de explicaciones absurdas para evitar ser deportado al país. El 1° de abril pasado, la Corte Europea para los Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, Francia, determinó que Rusia no podía deportar a Klein porque su vida correría riesgo. Un fallo que provocó desconcierto nacional. La saga criminal del israelí no tendría un capítulo de reparación en Colombia.

El gobierno de Dmitri Medvédev, sin embargo, acaba de apelar la polémica sentencia del Tribunal de Estrasburgo. El Espectador conoció el documento en el que el representante de Rusia Georgy Matyushkin sostiene que no hay evidencias de que, en caso de que Yair Klein fuera deportado a Colombia, su vida esté en peligro y pueda ser objeto de torturas o tratos inhumanos, los mismos que instruyó en sus escuelas de matones que extendió por el Magdalena Medio hace apenas dos décadas. Como también lo consideraron dos de los siete jueces de la Corte de Derechos Humanos de Europa, Colombia integra y acata pactos internacionales sobre derechos humanos y, además, “el acusado ha fracasado en demostrar el riesgo individualizado de maltrato que correría si fuese extraditado”.

El coronel retirado del ejército israelí, nacido en 1942 en Kibutz Nizanim, paracaidista experto, padre de cuatro hijos, condecorado en la guerra que libró Israel contra Siria y Egipto en 1973 y que extendió en otras como la del Líbano; el hombre que a finales de los 70 comenzó a trabar alianzas en Latinoamérica y en los 80 utilizó fachadas de empresas de seguridad para comercializar armas, cuyas huellas pudieron rastrear los investigadores en países como Panamá, Nicaragua, Honduras, Sudáfrica, Liberia o Sierra Leona; el mercenario que se instaló en el corazón del Magdalena Medio, Puerto Boyacá, patrocinado por los capos Pablo Escobar, el clan de los Ochoa Vásquez, Gonzalo Rodríguez Gacha, Ariel Otero y Henry Pérez; en fin, el veterano que orientó la guerra sucia que llenó de pánico a Colombia, alega hoy que teme que aquí se le violen sus derechos humanos.

El memorial presentado por el gobierno ruso no deja lugar a dudas. Sostiene que muy a pesar de que la situación general de derechos humanos en Colombia está lejos de ser perfecta, nada indica que Klein pueda ser asesinado, como él dice, “por militares bajo el pretexto de una confrontación con paramilitares”. La apelación advierte que el Estado colombiano ha dado garantías sobre el lugar de detención que le espera al coronel (r), que éste no respaldó con ningún documento confiable sus temores y miedos ni brindó a las cortes de la Federación Rusa pruebas de que “la situación personal del acusado sería peor que la de cualquier otro colombiano si fuese deportado”.

Con estos argumentos las autoridades rusas buscan destrabar el envío de Klein a Colombia, que sus secretos vean la luz en los centenares de expedientes que por paramilitarismo se adelantan en el país y que los cómplices del mercenario queden en evidencia. La petición está siendo evaluada por el Tribunal de Estrasburgo, que también tiene en su poder varias comunicaciones de la Cancillería colombiana en las que se refrenda que Klein sería confinado en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, “que goza de las más altas calificaciones y estándares en materia de protección de derechos humanos, tal como lo certificó Naciones Unidas”. En una nota diplomática firmada por el ex canciller Jaime Bermúdez, dirigida a Cristos Rosakis, presidente del Tribunal de Estrasburgo, se lee que no hay antecedentes que afirmen que Klein “ha sido torturado en el pasado por agentes colombianos”.

A renglón seguido refiere que el proceso penal en contra de Yair Klein, que se inició en septiembre de 1989, tuvo en cuenta los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que se documentó que estos grupos de autodefensa que tuvieron formación del coronel (r) israelí fueron financiados “por caciques del narcotráfico como Gonzalo Rodríguez, Pablo Escobar o Víctor Carranza”, este último el denominado ‘zar de las esmeraldas'. Su referencia llama la atención porque aunque ha sido salpicado en varios expedientes y ha estado detenido en dos ocasiones, Carranza ha capoteado una y otra vez la mano de la justicia y hoy es un hombre libre.

Como si ya no fuera tanto, la comunicación del entonces canciller advierte que por cuenta de las técnicas terroristas enseñadas por Klein a los sicarios de las mafias, “sus alumnos”, como Gerardo Zuluaga, alias Ponzoña; Alonso de Jesús Vaquero, alias Vladimir; Rigoberto Rojas Mendoza, alias El Escorpión, y otros como Chilingo, Pequeño, Cochise o Gerónimo, perpetraron masacres a diestra y siniestra, asesinaron a candidatos presidenciales como Luis Carlos Galán, accionaron explosivos a control remoto y volaron aviones y, a destiempos, segaron las vidas de todo lo que les oliera a Unión Patriótica, “muertos que servían para escarmentar a aquellos que no hicieran caso, que se mataban y se descuartizaban”, como refirió El Escorpión en versión ante la Fiscalía.

A finales de septiembre de 1989 Yair Gal Klein fue llamado a rendir cuentas por la justicia y desde entonces se le procesó como reo ausente. En junio de ese año, el Noticiero Nacional reveló un video en el que se le veía adiestrando a paramilitares; su nombre empezó a rondar los titulares y pronto desapareció del mapa. No obstante, el daño ya estaba hecho. Los hombres que entrenó para las mafias del narcotráfico desangraban a Colombia ese año. Ya habían asesinado al dirigente de la UP José Antequera; al gobernador de Boyacá, Álvaro González, y su colega de Antioquia, Antonio Roldán Betancur; al magistrado Carlos Valencia García, al coronel de la Policía, Valdemar Franklin Quintero, y al candidato presidencial, Luis Carlos Galán; le pusieron un bombazo a El Espectador y después harían estallar un avión de Avianca con 106 pasajeros y dinamitarían el DAS.

Todos crímenes que con el correr de los años terminaron atribuyéndosele al siniestro triunvirato conformado por Gonzalo Rodríguez Gacha, Pablo Escobar Gaviria y Fidel Castaño Gil, alias Rambo, el primero de la saga Castaño —lo sucederían Vicente y Carlos cuando Fidel murió en 1994— que se enroló en esa guerra fratricida y que asistió a cursos con Yair Klein. Precisamente el mercenario israelí aprovechó que a mediados de los 80 hizo aparición en Puerto Boyacá la Acdegam, Asociación Campesina de Agricultores y Ganadores del Magdalena Medio, ni más ni menos que la plataforma del paramilitarismo, que fue fundada por Gonzalo Pérez y cuyas riendas tomó su hijo Henry más pronto que tarde.

El cartel de Medellín de Pablo Escobar y su socio de andanzas Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, extendió su poder criminal al Magdalena Medio, por la región rodaban ríos de dinero sucio, con fusiles se armaron los secuaces de Henry Pérez, Ariel Otero y las mafias y comenzaron las masacres, como la de los 19 comerciantes, en octubre de 1987, y la de La Rochela, en enero de 1989. Incursiones por las que el Estado colombiano ya fue condenado y en donde se probó que fueron los discípulos de Yair Klein, entrenados en las escuelas de la muerte El Tecal, 01, La Cincuenta, La Cero Ochenta, la famosa Isla de la Fantasía o el sitio conocido como Galaxias en Pacho, Cundinamarca, los que perpetraron las masacres.

Puerto Boyacá se erigió como la capital antisubversiva de Colombia y las alianzas entre el narcoparamilitarismo y algunos miembros corruptos de las fuerzas militares comenzaron a hacer estragos. Fue otro israelí, Itzhack Shoshany Meraiot, un teniente coronel de la reserva, también condenado en el mismo proceso de Yair Klein, el que primero se ocupó de Colombia y el que hizo los primeros contactos con las mafias bajo la fachada de Acdegam. Dicha organización contrató los servicios de los mercenarios Klein, Shoshany, Tzedaka Abraham, Terry Melnik y otros más de origen británico para desarrollar su guerra. A la sombra, el congresista Pablo Emilio Guarín, la reivindicaba, hasta que lo mataron en 1987. Uno de los cursos dictados por los mercenarios fue bautizado con su nombre.

Carlos Castaño reveló en su libro Mi confesión que en la finca La Cincuenta asistió a varios cursos con Klein que eran patrocinados por El Mexicano. “Mi sobrenombre para la época era El Pelao”. Desde Acdegam se instauró un régimen de terror en el Magdalena Medio, El Espectador no podía circular y Henry Pérez y sus hombres hacían y deshacían. En la trasescena se movía Iván Roberto Duque, quien con los años y ya bajo el mando de Carlos Castaño en las autodefensas, tomó el alias de Ernesto Báez. Son tantos los crímenes que se extendieron por cuenta de la instrucción en técnicas de terrorismo de Yair Klein y otros mercenarios, como el cinismo del coronel (r), quien lleva 20 años evadiendo su responsabilidad en el baño de sangre colombiano.

En entrevista exclusiva con El Espectador en octubre de 1989, cuando ya tenía orden de captura por la justicia colombiana, desde Tel Aviv, Yair Klein relató que un viceministro de la época, “de muy lindo nombre”, le dijo “con lágrimas en los ojos que nosotros éramos la última esperanza de Colombia”. Se refería a que el país estaba secuestrada por la guerrilla. Sin decirlo lo dice: un alto funcionario del Estado respaldó sus prácticas. Enseguida añadió Klein que no es cierto que dictara cursos a ilegales, “pero, si los necesitas, con gusto los dictaría”; que instruyó a 75 personas para “autodefenderse” por iniciativa de Acdegam y que sus cursos apenas le dejaron US$60 mil de ganancia.

Las autoridades documentaron que fueron muchos más sus discípulos, que los recursos que consiguió por sus vueltas en el Magdalena Medio fueron muchísimo mayores y que, no obstante, sus crímenes y condena siguen impunes. El colmo de su cinismo se vio reflejado cuando El Espectador le preguntó en la mencionada entrevista lo siguiente:

—¿Está arrepentido por lo hecho en Colombia y por lo que sus alumnos han consumado: muerte y destrucción?

—¿Qué culpa tiene un ministro de educación si sus alumnos fuman droga en las escuelas?

33 mineros aguardan el rescate en el desierto de Atacama. Las cámaras nos informarán puntualmente mientras los patrones -con aburrido gesto, dice el canto- diseñan leyes que les saque (a ellos) de apuros. 32 mapuches olvidados al otro extremo del país, mantienen una huelga de hambre en protesta por una Ley Antiterrorista que les sepulta en prisiones. Reivindican la recuperación de sus tierras ancestrales. Los mandamientos de las Ley se resumen en dos: amaras al mercado sobre todas las cosas y al mercado más que a ti mismo.

Este mes se cumplen 200 años de la independencia de Chile de España. Pero ¿estamos seguros de esta afirmación? Las fórmulas para continuar apropiándose de las riquezas chilenas en estos dos siglos sólo han cambiado en la forma, pero se mantienen igualmente eficaces que en el periodo colonial. El Chile supuestamente soberano camina con una soga al cuello: las transnacionales españolas, que tensan según les conviene. Ellas controlan en la actualidad el sector de la banca y finanzas (BBVA y Banco Santander); las comunicaciones con Telefónica; el sector energético con Endesa; y además con una estratégica presencia, la pesca y la acuicultura industrial.

Para el pueblo chileno, uno de los recursos más valiosos es el mar. Éste ha sido históricamente explotado con grandes beneficios para las empresas y negociantes españoles. Por ejemplo, con el salmón -rico en omega 3, dicen en la propaganda-, que atraviesa congelado todo el Atlántico, una vez engordado en los centros de cultivo ubicados el aguas del Pacífico suroriental. Hoy el 98% de las producciones chilenas de salmones y truchas se exportan a Japón, EE UU y Europa, lo cual señala su nulo aporte a la seguridad alimentaria del pueblo chileno.

O el caso de la valiosa merluza del sur (merluccius australis), en una situación muy crítica y cuya comercialización internacional se encuentra bajo el control de un monopolio instalado en Mercamadrid que -denuncian desde Chile- impone precios, tamaños, y logra que las autoridades abran capturas en pleno periodo de veda de esta especie.

Frente a la aguda sobreexplotación de esta y otras especies, el nuevo Gobierno chileno implementa «medidas de parche» -como dicen en Chile- para frenar el creciente descontento social en las comunidades costeras. Entre ellas, la sorprendente propuesta de decretar cuotas de matanza de lobos marinos comunes (otaria flavescens), especie protegida por la legislación chilena.

Según un eufemístico ‘Plan de manejo integral' (directamente influenciado por la industria salmonera y de pesca), una supuesta sobrepoblación de lobos marinos sería la principal responsable del colapso pesquero y la situación económica y social que afecta a más de 70.000 pescadores artesanales a nivel nacional. Dicen que los lobos acaban con todo. Aunque según expertos independientes se trata de «una medida sin asidero científico, ni racionalidad técnica, con la cual el Gobierno intenta desviar la atención pública sobre su responsabilidad y las causas de fondo que generan la actual destrucción marina y exclusión social en aguas chilenas».

Los lobos marinos en cuestión, ciertamente, no votan. Y no tienen capacidad de defensa en comparación con las empresas salmoneras, cuya expansión -se ha demostrado- es la responsable, por un lado, de la sobreexplotación de la principal pesquería chilena, el jurel, al ser destinada a la alimentación de los salmones. Y por otro, la contaminación que provocan es uno de los factores que amenaza la actual recuperación de la mayor concentración de ballenas azules en el hemisferio sur, ubicada en el archipiélago de Chiloé. Lamentable (e ineficaz) propuesta para solucionar la sobreexplotación de las pesquerías y la crisis del sector pesquero artesanal generada por políticas de un Gobierno demasiado pegado -y plegado- a los intereses empresariales que no conocen fronteras. La ciudadanía europea debe apoyar a las organizaciones ambientales y sociales chilenas para detener esta propuesta de genocidio de mamíferos marinos. No a la matanza del bicentenario. Sí a la pesca artesanal.

El nombramiento de Juan Camilo Restrepo como ministro de Agricultura fue una sorpresa y también un respiro. Aunque no fue muy explícito sobre la Ley de Tierras que presentará al Congreso, hizo un anuncio significativo: se devolverán dos millones de hectáreas a los campesinos despojados de ellas por narcoparamilitares. No será nada fácil. Se atacarán dos fuerzas formidables: el narcoparamilitarismo y el latifundismo. Y si se logra entregar esas tierras a los campesinos, ¿cómo se impedirá que a la vuelta de diez años no estén de nuevo en unas pocas manos? Ha sucedido. Sucede.

1. A mediados de 1952, las guerrillas de Guadalupe Salcedo dieron de baja a 98 soldados del Ejército en la emboscada de El Turpial. Un golpe que contribuyó al arbitraje militar de Rojas Pinilla: “No más sangre, no más depredación”. Los llaneros aceptaron entregar las armas al nuevo mandatario a cambio de tierras. En 1959, Alberto Lleras cumplió la palabra y creó dos frentes de colonización dirigida: Saravena, en Arauca, controlada por los hombres de Guadalupe Salcedo, y Ariari, Meta, donde mandaba otro guerrillero, Dúmar Aljure.

El Gobierno otorgó títulos sobre baldíos a campesinos, víctimas o actores de la guerra liberal-conservadora, abrió trochas en las dos zonas, construyó escuelas y puestos de salud, dio créditos, organizó cooperativas. Los colonos respondieron civilizando esas selvas; cultivando maíz, plátano, arroz, y levantando pequeñas ganaderías. La tierra se valorizó con una rapidez extraordinaria.

Una década después, Guadalupe y Aljure habían sido abatidos por el Gobierno. La colonización fue abandonada a su propia dinámica y los colonos cayeron, poco a poco, en un endeudamiento crónico. La valorización del suelo y la bancarrota de los colonos dispararon la compra de predios por terratenientes que venían a la zaga de los campesinos. Las colonizaciones dirigidas se transformaron, por la mera lógica del mercado, en latifundios ganaderos o en empresas agrícolas. Y los colonos se desparramaron hacia el sur —hacia La Macarena, el Guayabero, el Guaviare, el Unilla—, derribando las selvas, haciendo mejoras, pero también endeudándose con los comerciantes, que terminaban pagándose con las tierras de los campesinos. Veinte años después, esos mismos colonos encontraron la solución al desplazamiento permanente en el cultivo de coca.

2. Esta historia no ha sido vivida sólo en los llanos y las selvas del piedemonte oriental. En el Magdalena Medio, en Caquetá, en Córdoba y Sucre, en el Perijá, en el Urabá, en el Catatumbo, la derrota de la economía campesina de colonización ha dado lugar siempre a la concentración latifundista de la tierra. Sucedió también en la gran mayoría de proyectos de reforma agraria del Incora. Hoy todas esas tierras —que apenas sumaron un millón de hectáreas tituladas— están en unas pocas manos.

El paramilitarismo y el narcotráfico han hecho lo mismo que los terratenientes y comerciantes tradicionales, sólo que lo han hecho de manera más violenta y más rápida: cinco millones de hectáreas son hoy de la mafia. Así que la justa y urgente devolución de los dos millones de hectáreas a campesinos prometida por el Gobierno puede terminar en el mismo cuento, si no se toman medidas como la reactivación de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC).

El gobierno de Ernesto Samper, a pesar del asedio, sacó adelante la Ley 160 de 1994, una de cuyas figuras fue la de Zona de Reserva Campesina. En esencia, se trata de que en un área delimitada no haya posibilidades legales de que un propietario tenga más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) —de extensión variable, según la calidad del suelo y la cercanía de mercados—. Podría venderla a otro campesino que, sin embargo, no podría comprar una adicional.

La idea es paralizar, en algunas regiones campesinas y de colonización, el avance latifundista y defender así la mediana y la pequeña propiedad. Los campesinos comprendieron el beneficio de la medida. En regiones golpeadas por las distintas violencias históricas y por el paramilitarismo —entonces desenfrenado—, numerosas organizaciones campesinas solicitaron ser reconocidas como Reservas Campesinas.

Las marchas cocaleras de 1996 pidieron la reglamentación de la Ley 160 y la creación de ZRC, que se hicieron realidad en El Pato, Huila; Cabrera, Cundinamarca; Calamar, Guaviare; Valle del Cimitarra, Antioquia; Morales, Bolívar, con ayuda del Banco Mundial. Muchas otras regiones pidieron lo mismo en Boyacá, los Santanderes, Cesar, Nariño, Tolima y Cundinamarca. Los campesinos habían encontrado, por fin, después de la Ley 200 del 36 de la República Liberal y de la 135 del 61 del Frente Nacional y de Alianza para el Progreso, un recurso jurídico para defender su trabajo y su propiedad.

El auge del paramilitarismo, desde mediados de los 80, y la debilidad del Estado frente a la acumulación despiadada de tierras por parte de los narcotraficantes hicieron retroceder, a bala, la creación de Reservas Campesinas. Al mismo tiempo, el gobierno de Uribe dio un espaldarazo a las Zonas de Desarrollo Empresarial —que a la larga es el Modelo Carimagua— y suspendió la licencia de las ZRC del Valle del Cimitarra y desconoció las demás.

La persecución a las ZRC tiene, a mi manera de ver, un doble origen, que en el fondo puede ser el mismo: los militares presumen que por haber sido una demanda de las marchas cocaleras y por ser éstas atribuidas a las guerrillas, las ZRC son “caguanes chiquitos” o “repúblicas independientes”.

De otro lado, los grandes propietarios creen, sin fundamento, que las Reservas son economías socialistas. Hay sectores gremiales que quieren limpiar de campesinos el campo porque, dicen, son cuna de guerrilleros. Obsesión infundada. La prueba más tangible del error de generales y hacendados es el apoyo entusiasta que recibieron del Banco Mundial. La ZRC de El Pato no sólo contribuyó a sanear el Parque Nacional de Picachos, sino que la propiedad privada conserva en el proyecto plena vigencia. No será pues fácil para Juan Camilo Restrepo tranquilizar a unos y a otros y, de remate, frentear a paramilitares y narcotraficantes.

3. En Barrancabermeja se llevó a cabo, la semana que termina, el Primer Encuentro de ZRC, que se venía organizando desde mucho antes de conocerse el nombramiento de Restrepo. Sin duda, sus organizadores querían decir, como dijeron: “No hemos desaparecido”. Los campesinos de la Reserva del Valle del río Cimitarra desempeñaron un gran papel en la convocatoria y el desarrollo del evento. El Gobierno Nacional se hizo presente con dos figuras destacadas en la política agropecuaria que impulsará el gobierno de Santos: Juan Manuel Ospina, un veterano político, director hoy del Incoder, y Alejandro Reyes, un renombrado académico, asesor del ministro.

Fue, en realidad, un reencuentro entre campesinos y Gobierno que ayudó a definir puntos de vista. La disposición de ambas partes fue el tono predominante, aunque muchos temieran un áspero enfrentamiento. El Gobierno dejó claro que espera darles a las Zonas de Reserva Campesina un destacado papel en la política de tierras, tal como lo planteó en la Cámara de Representantes Iván Cepeda.

El Gobierno considera que la brutal concentración de la propiedad agraria ha empujado a los colonos a la ampliación incesante de la frontera agrícola, un proceso al que se debe poner fin. Al efecto, las ZRC pueden ser una herramienta útil. Si se consolida la economía campesina de colonización, se sanean títulos, se reversa la ganadería extensiva, la destrucción de las selvas, la conservación de los suelos y, por tanto, del agua, será una opción real. Los campesinos estuvieron de acuerdo con la tesis, pero puntualizaron: no sería aceptable que cierren la colonización campesina en Guaviare o en Putumayo y abran la titulación a grandes empresas agroindustriales en Vichada y Arauca. O todos en la cama o todos en el suelo.

Las Reservas no serán reservorios de mano de obra para las Zonas de Desarrollo Empresarial. El Gobierno se mostró muy receptivo frente a un problema que afecta el campo, planteado por Darío Fajardo, un profesor universitario y gran conocedor de las realidades rurales: las ZRC deben apoyar el suministro de alimentos a las ciudades e integrar un todo con los mercados campesinos; el país no puede seguir importando ocho millones de toneladas, mientras los campesinos se arruinan por falta de mercados.

Los representantes oficiales fueron enfáticos en destacar la tesis bandera: se extinguirán los títulos sobre tierras mal habidas con fundamento en la historia del predio; se establecerá un alto tribunal de tierras; se invertirá la carga de la prueba: es el dueño del predio en cuestión quien debe probar la legitimidad de su título. El Incoder ha cumplido un papel nefasto: ha legalizado el despojo.

El apoyo de los dirigentes de las Reservas Campesinas a esta política fue mayoritario, a pesar de manifestar sus dudas con un de esto tan bueno no dan tanto. Una batería de interrogantes fue puesta sobre la mesa: ¿Las tierras devueltas a los desplazados podrían ser declaradas Reservas? ¿Las ZRC existentes serán reconocidas y apoyadas por el nuevo gobierno? ¿Podrían los campesinos contribuir en el rediseño de la política de desarrollo rural? Las respuestas del Gobierno fueron esquivas: hay que evaluar la experiencia de las ZRC, y la participación campesina dependerá de su fuerza y de su organización.

Un profesor universitario soltó una bomba de profundidad: ¿No teme el Gobierno que la explotación a gran escala de petróleo, carbón, oro, níquel o coltán tenga efectos desastrosos e irreversibles sobre las aguas de páramos, humedales y acuíferos, es decir, sobre la tierra? Sí, repuso Juan Manuel Ospina, el tema de la minería es grave. El Gobierno aplicará los Códigos Minero y Ambiental con todo rigor, y reformará aquellas normas que debiliten la sostenibilidad del medio ambiente.

Se propuso en las conclusiones finales que las Zonas de Reserva Campesina sean consideradas como territorios inembargables, inalienables e imprescriptibles tal como lo son los Resguardos Indígenas y los Consejos Territoriales de comunidades negras. Por tanto, la figura debería ser incluida en el nuevo Estatuto de Ordenamiento Territorial.

El balance de la reunión fue positivo. Después de los ocho años de desconocimiento, sindicaciones gratuitas y represión sistemática, el Gobierno escucha y propone. Los campesinos, pese a la violencia con que han sido tratados, vuelven a exponer sus intereses y a defender sus derechos. La tierra ha sido el corazón del enfrentamiento agrario, y comenzar a resolver la desigualdad que ha predominado puede ser el primer paso para las soluciones de fondo que el país reclama.

Bogotá, 3 de septiembre de 2010

Señor:

Bogotá D.C.

Respetado señor:

La Junta Directiva Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT, expresa su irrestricto respaldo a los sectores en conflicto que luchan por la defensa de la soberanía y la autodeterminación de la riqueza natural, así como las luchas del pueblo y de la clase trabajadora, por lo tanto solicita su intervención, con el fin que se busque una pronta y favorable salida al conflicto que adelantan los trabajadores y la población de Segovia (Antioquia), en defensa de los derechos que le corresponden como propietarios de la mina Frontino Gold Mines.

El Gobierno ha venido avalando la apropiación que hiciera el liquidador de esta propiedad, dejando sin el salario mínimo vital a los pensionados y lanzando al desempleo a los trabajadores propietarios de esta mina que fuere dada en dación de pago a los trabajadores y trabajadoras.

Esperamos contar con su participación e intervención en este caso, y que no se cometa una injusticia con la población Segoviana.

Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

CUT

La Cámara de Representantes preocupada por omisión injustificada del Gobierno Se está corriendo el riesgo que las protestas pacíficas que vienen realizando los trabajadores de la Frontino Gold Mines en Segovia, se conviertan en problema de orden público en el nordeste de Antioquia. Ésta es una de las preocupaciones manifestadas por el representante Óscar de Jesús Marín, en la Constancia que dejó en la Cámara Baja, denunciando “injustificada omisión” de la Presidencia de la República, los ministerios de Minas y de la Protección Social, la Superintendencia de Sociedades, la Procuraduría y la Contraloría, frente a las comunicaciones enviadas desde la Comisión IV de la Cámara, solicitándoles intervención en el proceso de venta de la Mina y garantía de respeto a los derechos de trabajadores y jubilados de la Empresa.

No obstante la solicitud expresa en las comunicaciones de suspender el proceso de venta de la Frontino Gold Mines a la Medoro Resources de Canadá, la enajenación fue autorizada aceleradamente por el Gobierno anterior, sin que el Liquidador diera información suficiente acerca del proceso, sembrando dudas sobre la transparencia del mismo y desconociendo el litigio sobre la titularidad de los activos de la Mina que, según documentos, corresponde a los trabajadores y jubilados.

Para mayor gravedad –precisa la Constancia del Congresista antioqueño- el Liquidador entregó la Mina a los nuevos inversionistas sin que se cumpliera la Conmutación Pensional tasada en alrededor de 380 mil millones de pesos, base de la negociación, dejando en incertidumbre a los trabajadores y jubilados respecto de su propiedad y su pensión.

Con una expresión popular de Antioquia, el representante Marín explica la preocupación y la impotencia de trabajadores y jubilados: “con el manejo dado a este proceso, los inversionistas se quedaron ´con pan, con pedazo y con arepa bajo el brazo´, mientras los trabajadores se quedan con las manos vacías”.

La reacción no se ha hecho esperar: Segovia viene siendo escenario de acciones de resistencia civil pacífica, consistentes en reuniones, asambleas y marchas de protesta. Para este sábado, 4 de Septiembre, está anunciado un Paro Cívico indefinido.

El representante a la Cámara, Óscar Marín, espera que el nuevo Gobierno -que ha empezado a demostrar mayor consideración, respeto y equidad con la población rural de Colombia- haga respetar, en justicia, el proceso alrededor de este litigio y los derechos de las partes, con el objetivo de evitar un conflicto mayor y garantizar la armonía, la seguridad y la paz social en el Nordeste de Antioquia.

Si desea ampliar la información, puede comunicarse con el Representante a la Cámara, Óscar de Jesús Marín al Celular: 310 413 92 71

Agencia Virtual de Prensa: 311 729 97 69

Las centrales obreras como la Central Unitaria de Trabajadores CUT y la Federación Sindical Mundial-F.S.M., Organizaciones Sindicales, Defensoras de Derechos Humanos, Sociales, de víctimas, Estudiantiles y Campesinas acompañantes del Paro Cívico declarado en Los Municipios de Segovia y Remedios Antioquia a partir de hoy 4 de septiembre a las 12 del medio día. Teniendo en cuenta que esta movilización obedece a una justa exigencia por parte de los trabajadores, pensionados y despedidos de la industria minera remediana y segoviana y quienes previo a este momento, en reiteradas ocasiones se han entrevistado con las diferentes autoridades municipales e inclusive con la comandancia de la Policía en el municipio de Segovia para manifestar el carácter Pacífico de esta protesta a la que se han visto volcados a causa de los hechos vulneratorios de sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales.

Manifestamos que:

1. Rechazamos las constantes amenazas y los atentados de los que han venido siendo víctimas los dirigentes de Sintraminergética seccional Segovia Antioquia.

2. Rechazamos la acción provocadora por parte del Escuadrón Antidisturbios de la Policía Nacional y algunos miembros de la Sijin infiltrados en las movilizaciones y sitios de concentración.

3. Rechazamos la militarización del municipio de Segovia.

4. Apoyamos el ejercicio libre y decidido de los derechos y libertades sindicales y populares por parte de la comunidad segoviana.

5. Hacemos responsables de cualquier violación de estos derechos a los miembros de la fuerza pública que se hacen presentes no como fuerza garante de derechos ciudadanos sino como fuerza represora de los mismos.

6. Llamamos a las diferentes autoridades, municipales, departamentales y nacionales, como la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía y el concejo municipal, la Gobernación de Antioquia y la Procuraduría General de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones constitucionales asuman un papel activo frente a cualquier violación de derechos humanos en contra de éste Paro Cívico.

7. Llamamos a la comunidad internacional a solidarse con la defensa y protección de los derechos de trabajadores, pensionados y despedidos de la industria minera de Segovia y Remedios y toda la comunidad que depende de dicha industria.

Organizaciones Firmantes:

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL

CUT NACIONAL

FUNTRAENERGETICA

SINTRAMINERCOL

CUT SANTANDER

BLOQUE DE UNIDAD SINDICAL

ESTUDIANTES UIS

CORPORACION REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

ASOCIACION CAMPESINA DEL VALLE DEL RIO CIMITARRA

ASOCIACIÓN DE HERMANDADES AGROECOLOGICAS Y MINERAS DE GUAMOCÓ

CAHUCOPANA

ASORVIMM

AGENCIA PRENSA RURAL

ESCUELA DE FORMACIÓN POPULAR SANDRA RONDON PINTO

ASODESAMUBA

En los municipios de Segovia y Remedios del Nordeste antioqueño se han venido adelantando múltiples protestas por la venta a la empresa canadiense MEDORO Resources de los activos de la liquidada Frontino Gold Mines pertenecientes a los mineros y pensionados desde 1976.

SINTRAMINERGETICA, sindicato que ha participado activamente en estas protestas pacificas y que promueve un paro cívico y popular de carácter indefinido que comienza hoy 04 de Septiembre a las 12 m en defensa de la propiedad de los trabajadores y pensionados y por la vida; ha sido nuevamente amenazado mediante mensajes de textos que llegaron anoche 03 de Septiembre a las líneas celulares de algunos miembros de la junta directiva de este sindicato. Muerte a sindicalistas, rezaba el mensaje. El propósito de esta nueva amenaza, según los compañeros de SINTRAMINERGETICA es la de sabotear y menguar el paro cívico que está próximo a comenzar.

ANTECEDENTES

Vale la pena recordar que no es la primera vez que son amenazados los afiliados a SINTRAMINERGETICA seccional Segovia en este año 2010. Ya en el mes de Abril, hubo una amenaza vía correo electrónico, donde se daba un plazo perentorio de 3 días para renunciar a la asociación sindical o de lo contrario serían declarados objetivo militar. También, el 05 de Junio Jhon Jairo Zapata Marulanda, secretario de salud SINTRAMINERGETICA seccional Segovia, recibió tres impactos de bala a manos de sicarios que se movilizaban en moto. Hoy este compañero aún se debate entre la vida y la muerte en la ciudad de Medellín. Pero, esta andanada de amenazas no solamente ha provenido de fuerzas oscuras y paraestatales, sino también de parte de dignatarios y representantes del gobierno departamental y nacional; es el caso del gobernador de Antioquia quien señaló el 07 de junio a la pequeña minería del nordeste y bajo Cauca antioqueño como financiadores de los grupos al margen de la ley. Frente a estas amenazas y atentados ya se han tenido que desplazar dos miembros del sindicato de jubilados y sus respectivas familias.

La campaña “TRASPASA LOS MUROS” reproduce la siguiente denuncia que nos han hecho llegar los prisioneros políticos recluidos en la cárcel de Combita, esta denuncia demuestra una vez más que la situación carcelaria en el país sigue siendo un “Estado de cosas inconstitucional”.

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional y a las autoridades encargadas de velar por los derechos humanos para que se realicen misiones de verificación y seguimiento a las violaciones de derechos humanos en diferentes cárceles colombianas y se prosiga a instar al gobierno para garantizar los derechos fundamentales de los prisionerxs politicos.

INFORME SOBRE LA PROBLEMÁTICA GENERAL DEL E.P.C.A.S. COMBITA

Solicitudes y quejas sin resolver a partir del primero de febrero de 2010:

SALUD

A partir del día 28 de mayo de 2010 hemos hecho circular por diferentes entes como la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la Procuraduría General de Boyacá y el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, un listado de 32 compañeros del Patio Uno con exámenes y/o cirugías pendientes de tiempo atrás y de los cuales, hasta la fecha, sólo han atendido a dos, uno de una cirugía de una uña y otro que le formularon un gel. También nos hemos dirigido a los coordinadores de sanidad del INPEC y Caprecom para denunciar el desaseo y deterioro de la unidad de odontología. Esta situación conlleva el riesgo a adquirir una enfermedad infecto-contagiosa y sin embargo, no hemos recibido respuesta alguna.

Así mismo, denunciamos las reiteradas intoxicaciones que se han venido presentando. Sólo en lo que va de este año se han presentado 4 intoxicaciones, una en el mes de febrero con 45 casos y otra con 27 intoxicados, en marzo con 32 intoxicados y la última en los primeros días de julio con más de cien casos. Creemos que esto se debe a una manipulación indebida de los alimentos o al mal estado de los productos que se utilizan para la preparación de los alimentos, especialmente el pollo y la carne, productos que cuando llegan ya se nota su estado de descomposición al igual que la papa, yuca, plátano, tomates, etc.

JURIDICA

Se ha solicitado en diferentes oportunidades la presencia del Director Regional y el Director General del INPEC para que nos explique por qué no se están acogiendo a los lineamientos de las cortes y los decretos en cuanto a las solicitudes de traslado por acercamiento familiar y otros casos.

Hay internos que aparecen en la hoja de vida con fecha posterior a su captura, con el trauma que causa cuando se va a pedir los beneficios administrativos o la libertad.

No responden los derechos de petición dentro de los términos que corresponde.

Los funcionarios del INPEC no agilizan las visitas domiciliarias para los internos (con permiso de hasta 72 horas) que cumplen con el tiempo para este beneficio.

Se solicita a los fiscales, jueces, magistrados y directores de establecimientos carcelarios que las notificaciones y correspondencias lleguen con la dirección en el membrete para que así los internos podamos enviar nuestras apelaciones y solicitudes, ya que no nos las reciben sino lleva la dirección correcta.

Denunciamos el caso de Benjamín López Durango con TD 4969, quien cumplió su condena y no le dan su libertad puesto que lo sindican de un delito que no cometió, pues para la fecha de los hechos ya se encontraba detenido y por tanto no pudo haberlo cometido.

TRATAMINETO Y DESARROLLO

Al menos el 50% de los internos del establecimiento nos encontramos con la colchoneta en mal estado. El reglamento del establecimiento dice que debe cambiarse cada año y hay internos con colchonetas desde hace tres o más años.

En el caso de los compañeros internos cuando llegan de traslado transitorio, los funcionarios se demoran demasiado tiempo en fumigar provocando la proliferación de moscas y zancudos.

Los útiles de aseo personal son insuficientes pues sólo los entregan cada tres meses.

Las máquinas de peluquería se encuentran en muy mal estado y se necesita cambiarlas.

Los internos estudiantes de educación superior tienen dificultades para la elaboración de sus trabajos por falta de computadores.

VISITAS

Hay errores con el sistema de visitas, aparecen como conyugal quien es familiar y viceversa. Por otro lado es muy frecuente que los días de visita masculina no haya agua en el patio de visitas.

SEGURIDAD

Se solicita que no hostiguen, ni verbal ni psicológicamente a la visita. Se pierden elementos retenidos cuando los internos ingresan por primera vez.

MANTENIMIENTO

En reiteradas ocasiones no ha habido agua en celdas de visita conyugal. Además, al interior del patio (segundo y tercer piso) el agua llega con muy poca presión.

EXPENDIO

Falta surtido. No se encuentran suficientes productos de primera necesidad. Nos prometieron cambiar los pines de papel por tarjetas plastificadas y no nos han cumplido.

TELEFONIA

Pagamos la telefonía más cara del país, a pesar de ser población vulnerable y estar en estado de indefensión, no tenemos derecho a promociones y deberíamos tener derecho a una tarifa especial. No se cumple con la resolución 2156 de 2009 que dice que el valor del minuto a celular será 198 pesos más IVA.

El servicio de telefonía, Prepacol Limitada, es muy malo y muy costoso.

El teléfono del patio de visitas rara vez funciona.

CORRESPONDENCIA

Se pierde con frecuencia la correspondencia que sale del penal y no se le hace el debido seguimiento, además, nadie responde por ello.

CÓMBITA, agosto 2010

El concepto de regalías por la explotación de minerales e hidrocarburos es muy amplio e integral, pero todavía hay quienes creen que estas, las regalías, que le corresponden por derecho propio a los entes territoriales, son un regalo. Con esa visión equivocada el gobierno nacional radicó, el pasado 1 de septiembre del presente año ante el congreso de la república el proyecto de acto legislativo número 13 del 2010.

Si bien las regalías son una contraprestación económica de propiedad del Estado, también está claro, que las entidades territoriales, es decir los municipios y departamentos productores, tienen un derecho de participación sobre las regalías y es ese derecho el que el gobierno nacional pretende conculcar en el susodicho proyecto de acto legislativo.

Con razón el senador Jorge Enrique Robledo, en la sesión informal de la comisión quinta de senado que sesionó en Barrancabermeja, manifestó de manera categórica que este proyecto es un raponazo que le pretenden hacer a las regiones colombianas.

El gobierno adorna el proyecto y habla de cuatro principios fundamentales:

1-Equidad regional

2-Ahorro para el futuro

3-Competitividad regional

4-Buen gobierno

Además, el proyecto pretende eliminar el Fondo Nacional de Regalías, y crear una bolsa común, que la denomina Sistema General de Regalías.

También el proyecto busca crear dos fondos:

1-Fondo de Ahorro y estabilización, manejado por el Banco de la República

2-Fondo de competitividad regional, Administrado por el gobierno nacional.

Como se puede observar el objetivo gubernamental es centralizar estos recursos, para que a su libre albedrío, poder asignar de manera arbitraria dichas regalías, que entre otras cosas son las razones por las cuales elimina el concepto de regalías directas e indirectas.

El gobierno entra en contradicción en el manejo de los conceptos, cuando en los principios que esboza en el proyecto habla de equidad regional. Será equitativo y justo que un municipio como Barrancabermeja, que le ha generado tanta riqueza y desarrollo al país por la explotación y refinación del petróleo, ahora solamente se lepretenda dejar con las consecuencias funestas del impacto ambiental y social que implica la explotación de la industria del petróleo. Impacto negativo como lo es la contaminación de nuestros recursos hídricos, que indicativo sería que el ministro de hacienda y el de minas se comieran un hermoso boca chico de nuestra ciénaga Miramar, para que comprueben esta terrible realidad; el aire está contaminado, por eso no es exagerado decir que cuando un niño nace en nuestra ciudad viene respirando cáncer.

Las expectativas que genera para el resto de colombianos la explotación de la industria del petróleo son muy grandes, por las altas tasas de desempleo que existen en nuestra nación. Esto trae como consecuencia una sobrepoblación que encarece el costo vida en nuestra ciudad, al punto que los servicios públicos son insuficientes, haciendo que los municipios amplíen la cobertura en salud, educación, vivienda, saneamiento básico y es cuando surgen las falencias, como por ejemplo no es exagerado plantear que en nuestra ciudad existe un déficit de 17.000 viviendas.

Como se puede comprobar las regalías no son un regalo que nos están dando, simplemente es resarcir, en parte, el daño que estamos recibiendo por crear esa riqueza, que ha significado para las ciudades capitales desarrollo, a un costo muy alto para los pobladores y pobladoras, de estos municipios olvidados.

Entonces se llevan lo poco que recibimos por regalías, pero nos dejan una trilogía que al conjugarse se convierte en un detonante social, es decir, la violencia, la pobreza y la exclusión social, parece que es la herencia que nos pretenden endosar.

Es cierto que el gobierno anterior, descuartizo la ley 141 del 94, no con motosierra si no con la ley 756 del 2002, creando un desbalance injusto en la distribución de regalías para los municipios petroleros, pero así con lo nefasto de esta ley, tenemos que afirmar que el proyecto de acto legislativo número 13 del 2010 es lo mas funesto y regresivo, para los intereses de la provincia colombiana y en especial para los municipios y departamentos petroleros.

Se aduce como pretexto, para justificar la modificación de nuestra constitución, el manejo fraudulento en algunos entes territoriales de las regalías, claro, que el manejo de la cosa pública en el país está lleno de actos de corrupción y en eso se especializó el pasado gobierno nacional. Pero, acaso no existen leyes, decretos y resoluciones, que son un mecanismo de control para evitar el despilfarro de nuestro erario, nos preguntamos ¿sí han cumplido las autoridades delegadas para este menester de control fiscal y disciplinario?

Lo que se puede inferir en este proyecto de acto legislativo es una especie de estocada final a la descentralización política y administrativa, por la que tanto hemos luchado desde la provincia colombiana, y sobre lo que de manera reiterada nos insistieron con propuestas de descentralización en la pasada campaña electoral para la presidencia de la república.

El llamado es al congreso de la república, y en especial a la comisión quinta del senado, para que se abstenga de aprobar semejante esperpento como lo es el proyecto de acto legislativo 13 del 2010, por cuanto va en contravía del espíritu de la constitución política del país de 1991.

Desde ya, es necesario generar una corriente de opinión, para que se discuta en el congreso de la república un proyecto de ley que pueda crear la ley de hidrocarburos, que sea una herramienta para defender nuestros recursos naturales no renovables.

Llamar a los alcaldes, concejos, organizaciones sociales, comunales, gremiales y a la comunidad en general para sumar voluntades y utilizando lo establecido en la constitución política colombiana, decretarnos en estado de alerta, llamando a la movilización cívica y social, y si es necesario realizar un paro cívico regional por la defensa de los derechos que nos quieren conculcar, mediante este descarado raponazo.

En nuestra condición de organizaciones no gubernamentales de Colombia y de EEUU y de defensores de derechos humanos, hacemos un llamado al gobierno de EEUU para que se abstenga de certificar el cumplimiento de las condiciones relacionadas con derechos humanos que permiten que Colombia reciba la asistencia militar de EEUU. Si EEUU certifica a Colombia, estaría violando las reglas que gobiernan la ayuda externa estadounidense, ya que Colombia no solo ha fallado en cumplir sus condiciones, sino que por el contrario ha retrocedido significantemente durante un periodo de más de un año. Especialmente, ha fracasado en ofrecer justicia por los crímenes cometidos en materia de derechos humanos por las fuerzas armadas.

Certificar a Colombia bajo estas condiciones sería decirle al nuevo gobierno de Colombia que EEUU no es serio cuando se trata de mirar este tipo de abusos. Si se abstiene de certificar a Colombia, tal como ocurrió en la anterior administración, EEUU no sólo apoyaría el Estado de derecho en Colombia, sino que además transmitiría un mensaje de sus expectativas sobre el nuevo gobierno de Colombia, alentándolo para que en todas sus actuaciones respete y garantice los derechos humanos. Urgimos que el Departamento de Estado se abstenga de certificar a Colombia hasta que se vean resultados claros del avance de los casos de derechos humanos y se combata la enorme impunidad que existe en Colombia al respecto.

A continuación se presentan algunas de las muchas y graves violaciones de derechos humanos cometidas desde septiembre de 2009, fecha en la que se expidió la última certificación a Colombia, las cuales suponen un incumplimiento de los condicionamientos a la ayuda militar estadounidense Fracaso en cumplir con la condición de investigar y procesar las violaciones cometidas por las fuerzas armadas de Colombia. A pesar de que EEUU presionó para investigar y procesar a los miembros de las fuerzas armadas que fueron responsables de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, no ha habido casi ningún avance en este frente.

El sistema de justicia militar se ha demorado en transferir los casos de derechos humanos a los jueces civiles después de un período en que hubo ciertos avances. Con posterioridad a que la directora ejecutiva de la justicia militar se vio obligado a renunciar en mayo de 2009, la transferencia de los casos se ha hecho dramáticamente lenta: de 34.5 casos transferidos por mes en el 2008 se pasó a 3 casos por mes en el último trimestre de 20091.

El sistema civil de justicia ahora está investigando casos que envuelven aproximadamente 3 mil víctimas de supuestas ejecuciones extrajudiciales desde el año 2002, con resultados que aún son muy lentos. De aproximadamente 30 oficiales militares de alto nivel que fueron despedidos de sus cargos como reacción al escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, no ha habido ni un solo cargo jurídico o condena por dichos crimes, y algunos de ellos continúan prestando servicio2. Incluso en dos de los casos de más alto perfil la impunidad todavía continúa. En el sonado caso de Soacha, no hay condenas después de dos años y medio y los procesos judiciales están avanzando a paso de tortuga. De los 62 miembros de las fuerzas armadas que han sido vinculados a este caso, 54 han sido liberados debido al vencimiento de términos, con solo algunos militares que todavía continúan en custodia. Cuando se hizo la liberación de estos militares por vencimiento de términos, el ejército organizó una suntuosa fiesta, que incluyó masajes, regalos, spa y días libres. Adicionalmente, el Procurador General de la Nación no ha tomado acciones disciplinarias contra estos oficiales que presuntamente estuvieron involucrados con el caso. Entretanto, las familias de las víctimas continúan siendo amenazadas. Diez solados involucrados con la masacre de 5 adultos y 3 niños en la comunidad de San José de Apartadó en el año 2005 fueron absueltos de toda responsabilidad por un juez en Antioquia. Esta sentencia estableció que la existencia de un grupo conjunto formado por miembros del Ejército y paramilitares no era evidencia adecuada para culpar al Ejército en la planeación de crímenes, y descartó como evidencia la confesión de un capitán del Ejército y la de un soldado que prestó servicio en el momento en que se presentó el crimen sobre la relación de oficiales del Ejército con miembros paramilitares en la planeación y ejecución de la masacre. El juicio estuvo marcado por obstáculos tales como la falta de cooperación del INPEC en el traslado de los paramilitares detenidos al juicio, quienes eran testigos clave en la investigación, sin ninguna explicación, y por la ausencia de acceso de los familiares de las víctimas a las audiencias3. Existen cerca de 150 miembros de los militares mencionados por los lideres paramilitares en las audiencias de “Justicia y Paz”, como colaboradores de los paramilitares, a muy pocos de ellos les han imputado cargos judiciales y sólo uno ha sido condenado. A pesar de que al menos diez generales han sido denunciados por formar grupos paramilitares, o han sido asociados con sus crímenes, no se han iniciado investigaciones judiciales en su contra.

Existe uno pronunciado incumplimiento durante este período de la obligación de avanzar en el desmantelamiento de los grupos paramilitares y sus conexiones. Mas allá de ser desmantelados, los paramilitares y los nuevos surgidos con posterioridad al proceso de desmovilización, han expandido su presencia en los últimos dos años. Operan en al menos 600 de los 1090 municipios, y muchos grupos son liderados por hombres que fueron líderes de las AUC. Sigue habiendo evidencia de la colaboración entre militares y paramilitares, la cual se da en al menos 10 departamentos del país. Un ejemplo es Argelia, en donde desde el 2006 hasta el presente los crímenes cometidos por estructuras paramilitares han frecuentemente tenido lugar cerca a retenes policiales o del ejército o cuando hay movilizaciones de tropas cerca al perímetro de pequeños pueblos mientras los paramilitares operan ahí. La comisión de masacres y asesinatos selectivos en muchas áreas del país están incrementando nuevamente, tal como se evidenció en la ola de amenazas de muertes hechas por paramilitares durante los meses de abril y mayo del 2010, con cientos de individuos de organizaciones no gubernamentales que fueron blancos de éstas.

Falta de cumplimiento de los requerimientos de respeto a defensores de derechos humanos, sindicalistas, indígenas y comunidades afro-colombianas. Desde septiembre de 2009, 26 defensores de derechos humanos y líderes de comunidades han sido asesinados. Solo en mayo de 2010, 9 líderes fueron asesinados. Muchos de los que fueron asesinados participaron en el taller nacional de garantías (un grupo gubernamental y no gubernamental que discutió las garantías de los defensores de derechos humanos para poder realizar su trabajo); al menos 8 personas que participaron fueron asesinadas en los últimos tres meses. Un defensor fue asesinado dos días después de reunirse con el Ministro del Interior. En el 2010, hasta el momento 31 líderes sindicales han sido asesinados, 7 líderes comunitarios y un líder indígena.

Ha habido un incremento exponencial en las amenazas contra los defensores por correo electrónico desde abril del 2010. A pesar de las innumerables alertas nacionales e internacionales, el anterior gobierno de Colombia parece no prestar atención. 110 defensores colombianos de derechos humanos, líderes de desplazados, grupos de comunidades y afro-colombianos han recibido amenazas por correo electrónico, panfletos, mensajes de texto y llamadas telefónicas. La organización no gubernamental estadounidense WOLA también recibió amenazas. Hasta la fecha, la investigación de los correos electrónicos enviados con las amenazas no ha arrojado ningún resultado.

La Fiscalía General de Colombia está investigando la posible participación de al menos 4 asesores presidenciales que tenían conocimiento de los seguimientos ilegales y “chuzadas” del DAS a miembros de la oposición, a magistrados de la Corte Suprema, a periodistas y a defensores de derechos humanos. En las investigaciones sobre el DAS, llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación, se muestra que estas operaciones fueron mas allá de simples interceptaciones telefónicas. Estas eran más una campaña para desprestigiar a la oposición, lo cual se obtuvo mediante estrategias como el montaje de un video de las FARC, el requerimiento de la suspensión de la visa de un periodista (posiblemente a los Estados Unidos), la falsificación de vínculos con grupos ilegales armados, sabotaje (robo de pasaportes, cedulas de ciudadanía), falsas acusaciones en público, amenazas y extorsión4. Mientras algunas de estas acciones ocurrieron entre el 2004-2006, otras se dieron entre el 2007 - 2009, y todavía no tenemos la seguridad de que estas interceptaciones y seguimientos ilegales hayan terminado. Aunque La Fiscalía continúa investigando estos hechos, en el Congreso cursa un proyecto de ley que pretende suprimir el DAS y crear una nueva agencia de inteligencia, al cual no se le ha dado trámite.

Estas acciones del Estado colombiano contra algunos de los más sobresalientes defensores de derechos humanos, periodistas y jueces, anulan completamente cualquier derecho a la libre expresión y a la libre asociación en Colombia. Estas son todas antítesis a los requerimientos que condicionan la certificación con relación al respeto de los derechos humanos. Adicionalmente, los archivos del DAS aún no han sido depurados, con el fin de que la información que haya sido obtenida de manera ilegal sea eliminada de las bases de datos de inteligencia y contrainteligencia.

Estos ejemplos demuestran que el gobierno colombiano en el último año ha fallado en el cumplimiento de las condiciones bajo la ley de los EEUU, y en muchos de estos puntos clave ha habido incluso un marcado deterioro. Certificar a la luz de estas graves violaciones de derechos humanos y de la persistente impunidad seria desconocer abiertamente lo prescrito en la ley. Llamamos al Departamento de Estado a abstenerse de la certificación y a promover la mejoría real y sustentada de los estándares de los derechos humanos en Colombia.

Bogotá, 2 de septiembre de 2010

Notas:

1 “Condicionamientos de la ayuda militar de Estados Unidos a Colombia incumplimientos y retrocesos” Documentos Temáticos N0 5, Observatorio de Derechos Humanos y Derechos Humanitario, Coordinacion Colombia Europa Estados Unidos, June 24 2010.

2 “Fuimos Carne de Buitre”. EL Espectador, March 2nd 2009 http://www.elespectador.com/impreso... articuloimpreso123316-fuimos-carne-de-buitre

3 “No habrá vencimiento de términos en juicio por masacre en San José de Apartado” Verdad Abierta http://www.verdadabierta.com/nunca-... jose-de-apartado , February 2010.

4 Fiscalia Once Delegada ante la Corte Suprema de Justica. Evidencia caja No.5 copia AZ63 – 2005, January, 2010

Uno de los componentes más dramáticos de la situación de la ruralidad en Colombia es la expulsión violenta de los campesinos a los centros urbanos o a las regiones de frontera de la selva, donde, convertidos en colonos, tienden de nuevo a ser desplazados, a menudo para imponer el esquema de baja productividad y reducido empleo de la ganadería extensiva. Para enfrentar este problema, las Zonas de Reserva Campesina manejan una tesis básica: deben ser regiones delimitadas donde no se permite la concentración de la tierra. Como propuesta de solución y alternativa para el control comunitario del territorio tuvo origen en los conflictos agrarios y en especial en la historia de la colonización. Cuenta Alfredo Molano que “la idea de las reservas campesinas nació a orillas del río Guayabero, al anochecer, la hora en que la lechuza sale de su escondrijo y abre sus grandes ojos para ver en la oscuridad. Pero habría podido nacer en el Cauca, en la Macarena o en la Sierra Nevada”(1). Como figura jurídica fue introducida en 1994 en la ley 160, pero permaneció un buen tiempo sin aplicación, a pesar de haber sido reglamentada con el Decreto 1777 de 1995, hasta que fue desempolvada a partir de las marchas campesinas del sur del país a mediados de 1996 en protesta por las fumigaciones aéreas de cultivos de coca tipificados como “ilícitos”.

Posibilidades

Según la Ley y el Decreto mencionados, las Zonas de Reserva Campesina buscan eliminar y prevenir la concentración y acaparamiento de la propiedad de la tierra, facilitar procesos de redistribución y prevenir el fraccionamiento antieconómico de la tierra, regular la ocupación de tierras baldías, dando preferencia a los campesinos de escasos recursos. Según el Decreto, su objeto es “Fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que la afecten y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas”. El Decreto reglamentario no limita las áreas de aplicación de la figura de Zonas de Reserva Campesina a las áreas de colonización y baldíos nacionales, pues las ubica en “las áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieran la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad rural”. El Acuerdo 024 de 1996, del “Instituto Colombiano de la Reforma Agraria”, INCORA, establece los parámetros para la selección y delimitación de las Zonas de Reserva Campesina y su correspondiente Plan Integral de Desarrollo.

Estas reservas campesinas, se pensó, podrían ser útiles para afrontar la cuestión agraria en zonas de alto conflicto y como parte de una reforma agraria históricamente pendiente en el país. También estaban destinadas a fortalecer los organismos de concertación de reforma agraria y desarrollo rural en los respectivos departamentos y municipios, así como de las organizaciones representativas de los colonos y campesinos para garantizar su participación en las instancias de planificación y decisión regionales.

Las Zonas de Reserva Campesina debían contribuir a la construcción y consolidación de un poder local, asentado en las organizaciones sociales de base, con capacidad de interlocución frente al Estado. Su inclusión en la Ley 160 de Reforma Agraria fue vista como una redefinición de la política estatal de colonización, dentro de criterios ambientales, sociales y económicos, hacia la estabilización de los procesos de ampliación de la frontera y la recomposición social del campesinado, concebida como “una propuesta integral de desarrollo sustentable, de ordenamiento territorial y de gestión política”, que compromete al propio Estado y a las comunidades locales(2).

Limitaciones

Sin embargo, la política rural gubernamental se orientó de manera central al denominado “mercado subsidiado de tierras” con venta voluntaria, núcleo básico de la Ley 160 de 1994, como política supuestamente redistributiva, pero en este sentido constituyó un fracaso: el proceso de concentración de la propiedad de la tierra, centrado en los predios mayores de 500 hectáreas, continuó su incremento.

Los grandes propietarios adquirieron las mejores tierras, en especial aquellas que tienen perspectivas de valorización, ubicadas cerca de los 'megaproyectos' viales, de agroindustria de exportación, petroleros, mineros o hidroeléctricos; tales áreas coinciden en buena medida con el mapa del desplazamiento forzado de poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes. En cambio, en el programa de subsidio al mercado de tierra “el campesinado ha sido ahogado por el crédito, debido a que las tasas de interés son superiores a la rentabilidad de sus predios”(3).

A partir de 1998 la política gubernamental planteó las denominadas “alianzas estratégicas”, o “asociaciones para la producción”, entre grandes y pequeños propietarios y empresarios, que a juicio de muchos estudiosos del tema agrario “no buscan el fortalecimiento de la economía campesina, sino la subordinación del campesino y la entrega de su propiedad a las grandes explotaciones”(4), en un esquema que también ha sido caracterizado como “neo-aparcería”(5). A las circunstancias antes mencionadas, se suman políticas macroeconómicas que arruinan la economía campesina y debilitan la producción agrícola nacional: como resultado de la política de “apertura económica” y del ingreso a la Organización Mundial de Comercio (OMC), Colombia aumentó ocho veces la importación de alimentos en la década del noventa. Si se produce, como se anuncia ahora, la vinculación incondicional al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), impulsado por Estados Unidos, se incrementará aún más la importación masiva de los alimentos, inclusive de aquellos que se producen en el país.

En este contexto, como muchas cosas en Colombia, la ejecución de la política de Zonas de Reserva Campesina se ha quedado muy corta en relación con las necesidades y las expectativas, entre otras razones, por la presión de los partidarios de eliminar la figura o por lo menos limitarla. Por ejemplo, según la interpretación que de la norma hace la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, esta política debe circunscribirse apenas “a ciertas zonas cuyas características agropecuarias y socioeconómicas regionales se asimilan a la condición de zonas colonizables o bien cuya situación jurídica está determinada como bienes baldíos”(7).

Después de ocho años de existencia jurídica de la figura, solo hay cinco zonas delimitadas formalmente mediante resoluciones del INCORA, débiles y congeladas de hecho en su desarrollo práctico: Pato-Balsillas en el Departamento del Caquetá, Calamar en el Guaviare, Puerto Asís en el Putumayo (estas tres en la región amazónica), Cabrera en Cundinamarca y la del Sur de Bolívar; otras, como en Boyacá, Putumayo, Valle del Cimitarra, están pendientes de aprobación.

La guerra es finalmente una amenaza brutal. Además de una historia común de desalojo violento de los campesinos, aquellas regiones donde sería más urgente establecer nuevas Zonas de Reserva Campesina, en la actualidad son parte de los escenarios de las confrontaciones más cruentas del conflicto armado colombiano. Lo cual, junto con la oposición de grandes poderes, ahoga sus posibilidades de establecimiento o desarrollo.

La Reserva Campesina en la región del Río-Pato

Esta región, perteneciente al Municipio de San Vicente del Caguán, hizo parte de la denominada “Zona de distensión” para los diálogos entre el Gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, rotos en febrero de 2002, lo cual golpea también las posibilidades de esta Zona de Reserva Campesina. Sin embargo, la experiencia deja enseñanzas como las siguientes: La iniciativa es más sólida y viable si parte de las organizaciones con base en sus problemas reales. En El Pato, por ejemplo, el conflicto desencadenante que condujo a la necesidad de algún ordenamiento participativo del territorio, fue el decomiso de maderas en 1995, por falta de permisos de aprovechamiento en aquel momento. Surgió primero una propuesta de zonificación forestal como fundamento para sustituir la práctica tradicional de talas y quemas sin control. La mayoría de las veces, quien corta la madera, no se apropia económicamente de ésta, simplemente la quema o la utiliza para uno que otro uso doméstico, como construcción de viviendas, cercas, o leña.

La propuesta de Zona de Reserva Campesina de El Pato apareció más tarde, en 1997, y aunque no se logró establecer sistemas comunitarios de aprovechamiento forestal, se avanzó en el realinderamiento del Parque Nacional Natural los Picachos, dentro del cual habían quedado algunas veredas cuando éste se constituyó. Además, se inició un proceso de reforma agraria y distribución de tierras en el valle del río Balsillas, tributario del río Pato, un altiplano de origen lacustre a 2.200 metros sobre el nivel del mar, apropiado desde los años 20 del siglo XX por hacendados ganaderos que desplazaron a los colonos fundadores hacia la parte media y baja.

En la región del Río Pato, en relación con los sistemas de producción, se confirma la tendencia en las zonas de colonización consolidada en la Amazonia colombiana: la expansión de la potrerización y de la ganadería extensiva. Este proceso es el que causa los mayores impactos negativos en el medio y el que manifiesta los más agudos conflictos de usos del suelo. En la región amazónica, en especial en el Putumayo, en Caquetá y en Guaviare, el desarrollo de sistemas extensivos de producción ganadera y los cultivos de uso ilícito, han afectado la diversidad y los cultivos de subsistencia. Ambas actividades tienden a fomentar una mayor dependencia del mercado y a disminuir la producción local de alimentos.

En El Pato, como en muchas regiones campesinas y de colonización, un indicador del balance negativo entre la fuerza de trabajo, recursos invertidos y resultados obtenidos, es el alto índice de trabajo de los menores, así como la alta deserción escolar en épocas de siembras o cosechas, la baja escolaridad y el analfabetismo (30%). En especial por las características de los suelos (en su mayoría no aptos para la agricultura y de vocación forestal), los rendimientos agrícolas son decrecientes: En el caso del maíz, uno de los más importantes en la región, según testimonios, hace 20 años se podía cosechar hasta 20 cargas/hectárea, o sea 200 arrobas/hectárea, en 1997 (cuando se delimitó la Zona de Reserva Campesina) alrededor de 100 arrobas/hectárea. Es decir, los rendimientos se redujeron en más del 100% en ese periodo. Además, las cosechas son tardías, cuatro meses en la zona baja y nueve en la media.

La rentabilidad en la región de El Pato es muy baja, apenas para recuperar la inversión con muy poco o nulo margen de utilidad. Lo mismo ocurre con el fríjol: hace 20 años se podía recoger 30 bultos por hectárea y en 1997 sólo entre 7 y 10. Si se toman en cuenta los períodos de cosechas, se observa que los campesinos tienen mayores ingresos monetarios entre los meses de octubre a enero y dado que la mayoría de productos de la canasta familiar alimentaria son importados a la región desde Neiva, en los demás meses del año la dieta tiende a desmejorar y se reduce, en buena medida, a el consumo de yuca y plátano(8).

Es indispensable, por lo tanto, transformar los modelos productivos, con frecuencia inviables en lo económico y en lo ambiental. La experiencia de El Pato también muestra que muchos de los problemas a enfrentar tienen pocas posibilidades de solución en un corto plazo.

La solución de fondo está fuera de las regiones de colonización y “baldíos nacionales”Si la política de Zonas de Reserva Campesina se desarrollara de manera consecuente con sus contenidos y objetivos, quizás representaría una opción diferente a la tradicional política de colonización del Estado colombiano, al menos en áreas circunscritas, donde se prevendría el acaparamiento de tierras. Pero no impediría de manera automática el fraccionamiento antieconómico de la propiedad en tales zonas, porque la población crece y el espacio es limitado. Si bien una medida para contrarrestarlo sería mejorar la productividad y al mismo tiempo asegurar un eficiente mercadeo y comercialización de los productos, con nuevos sistemas de producción más sostenibles, basados por ejemplo en la agricultura ecológica, la silvicultura, o modalidades agroforestales y silvopastoriles.

Pero mientras en Colombia no se reviertan las causas que determinan en todo el país la expulsión del campesinado y la concentración de tierras, continuará el fenómeno de los desplazamientos. Por esto, la política de Zonas de Reserva Campesina debería aplicarse en toda región donde la economía campesina esté amenazada.

Las Zonas de Reserva Campesina, suponen la consolidación y fortalecimiento de sociedades regionales y locales autónomas. Este, como todo proceso cultural solo puede ser un proceso desde adentro de los actores sociales mismos. Pero un aspecto fundamental también es la inversión social del Estado, pues la situación actual de la economía campesina no permite excedentes económicos (con la excepción de los cultivos tipificados como ilícitos, que a la larga constituyen para los campesinos un espejismo que vulnera su autosuficiencia alimentaria). Pero el Estado no ha colocado las Zonas de Reserva Campesina en el centro de sus preocupaciones en materia de desarrollo rural. Por el contrario, en términos prácticos, paralizó esta política.

Las Zonas de Reserva Campesina también se postularon como estrategia alternativa a los cultivos tipificados como “ilícitos”, pero las opciones productivas lícitas no tienen mayor viabilidad en regiones marginales para la agricultura y en ecosistemas frágiles como los bosques húmedos tropicales, por ejemplo los amazónicos, y los bosques alto andinos, donde actualmente se desarrolla en gran proporción la actividad ilícita. Por todo lo anterior, las organizaciones campesinas y algunos expertos han indicado que parte importante de la solución al problema social agrario en Colombia requeriría la creación de reservas campesinas, pero en la Sabana de Bogotá, en el Valle del Cauca, en la Zona Cafetera, en el Valle del Sinú y en el Cesar, donde existen suficientes razones económicas, sociales y ambientales para que estas zonas dejen de ser monoproductoras de palma, caña, leche o carne(9).

Producir estas transformaciones supondría modificar las actuales relaciones políticas y económicas en el país, en beneficio de la paz, de la democracia y de la equidad social.

* Darío González Posso es un Ingeniero Agrónomo, especialista en Desarrollo Regional

1. MOLANO, Alfredo. Reservas campesinas de paz. El Espectador, Bogotá, 18 de agosto de 1996.

2. Decreto 1777 del 1 de octubre de 1996, por el cual se regloamenta parcialmente el capítulo XIII de la Ley 160 de 1994, en lo relativo a las zonas de reserva campesina.

3. MONDRAGÓN, Héctor. Misión Rural Colombia 1998,Volumen 2

4. MONDRAGÓN, Héctor. "La economía rural y la guerra", Ponencia en taller agrario y cultivos de uso ilícito, Mesas ciudadanas para una agenda de paz, "ilícitos", Bogotá, 5 de abril de 2002. www.mamacoca.org

5. MOLANO, Alfredo. EL ESPECTADOR, 20 de septiembre de 1998.

6. MONDRAGÓN, Héctor, Op cit, 2002

7. SAC. "Propuestas en el tema rural para la negociación del conflicto armado en Colombia", en "Opciones para el desarrollo Rural (compendio). INDEPAZ, Bogotá, febrero de 1999.

8. Datos recogiods mediante trabajo de campo y entrevistas en la región por Darío González en noviembre de 1997.

9. CARRIZOSA UMAÑA, Julio. "Cultivos ilícitos, injusticia social y guerra: un sistema integral", Memoriasa "Taller Medio Ambiente, Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo" (Paipa, septiembre de 200) Ministerio del Medio Ambiente.

El pasado 29 de agosto de 2010 en el municipio de Puerto Wilches, Santander, la emisora Puerto Wilches Estéreo fue víctima de un sabotaje en las instalaciones de su planta transmisora. Desconocidos ingresaron al lugar y destruyeron varios equipos necesarios para la emisión, lo que dejó a la radio estación fuera del aire.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada. Varios sujetos entraron de forma abrupta a la sede del medio de comunicación y destruyeron el sistema radiante, desconectaron las antenas de transmisión y los radioenlaces, y robaron el cable de potencia. Como consecuencia la emisora ha estado varios días fuera del aire a través de la señal abierta, aunque ha continuado transmitiendo por medio de su página web, www.aredmag.org.co.

Julio César Hoyos, director de Puerto Wilches Estéreo, dijo a la FLIP que “por las características de los hechos el equipo técnico de la emisora deduce que el objetivo siempre ha sido sabotear nuestra labor, ya que hacemos denuncias permanentes y somos críticos de la acción pública y los violentos”.

Hoyos agregó que la emisora “acompaña y participa en el comité de impulso al Foro Social por Puerto Wilches, como un espacio permanente de reflexión sobre la realidad local, decisión que ha traído amenazas e insinuaciones por parte de funcionarios públicos a miembros de nuestra organización”.

Esta no es la primera vez que la radio estación es objeto de un ataque. El 25 de agosto de 2007, la emisora fue víctima de un atentado con explosivos que destruyó la caseta de los equipos transmisores, lo que la dejó fuera del aire por más de un mes.

Además, el pasado mes de julio de 2010, desconocidos destruyeron el sistema de protección eléctrica de la emisora. También hurtaron el cableado, los conectores y las varillas de protección.

En diálogo con la FLIP, el patrullero Andrés Gonzales, investigador de la Seccional de Policía Judicial (Sijín) de Puerto Wilches, manifestó que la institución tuvo conocimiento del hecho, el cual es objeto de la correspondiente investigación.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza estos hechos contra la emisora Puerto Wilches Estéreo y manifiesta su preocupación por la frecuencia como se están presentando ataques a medios de comunicación radiales. En lo que va corrido de 2010 la FLIP ha documentado cinco casos de atentados e intimidaciones contra este tipo de medios.La FLIP hace un llamado a las autoridades para que se hagan las investigaciones pertinentes para encontrar a los responsables. Así mismo, solicita que se brinden medidas de protección para las instalaciones de la emisora y sus periodistas.

La Pizarra los invita este y todos los viernes a su espacio de formación popular a través del Cine - Foro.

La proyección de este viernes es el Documental: Sin mapa (Calle 13). Dirigida por MARC DE BEAUFORT. Producida por Rene Perez.

Ciclo: Cine con ritmo

DOCUMENTAL: SIN MAPA-CALLE 13

HORA : 6: 00 P.M

Invita: Escuela de Formación Popular Sandra Rondón Pinto cineforolapizarra@gmail.com Tel: 6 22 30 16

Calle 13: Documental “Sin Mapa”

Ficha Técnica de Sin Mapa:

MARC DE BEAUFORT y ALEXANDRA POSADA

Dirección y producción: MARC DE BEAUFORT

Fotografía y edición: ALEXANDRA POSADA

Narración: RENÉ PÉREZ

Producción ejecutiva: RENÉ PÉREZ / LA PRODUCTORA

La necesidad de René Pérez por conocer las realidades indígenas, lo embarcó en un viaje por los rincones más olvidados de Latinoamérica, rincones llenos de historia, lucha y dignidad. Esa necesidad de conocer se fue transformando en una urgencia de difundir y el viaje que "Residente" había realizado junto a algunos de sus compañeros de Calle 13, se convirtió en el primer documental de la banda, que lleva por nombre Sin Mapa .

Intervención de Molano sobre los orígenes y las perspectivas de la ZRC.

Vea el video completo de la intervención aquí:

http://es.justin.tv/prensarural/b/2...

Frente al proyecto de Ley de Víctimas, el representante Iván Cepeda Castro afirmó que existen presupuestos insoslayables para que esta iniciativa responda exitosamente a las expectativas y necesidades de las personas y comunidades afectadas por la violencia.

Uno de tales presupuestos, es el de la restitución de tierras y territorios a las víctimas. “Sustraer del proyecto, como lo ha propuesto el Partido Conservador, este carácter estratégico del proyecto, equivaldría a vaciarlo de contenido y fuerza reparadora” sostuvo el representante.

La restitución de tierras es un aspecto esencial de la reparación integral a la que tienen derecho todas las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo en Colombia. Según estimativos del Banco Mundial, la Contraloría General de la Nación y Pastoral Social, presentados en el informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, las tierras abandonadas por los desplazados serían de más de cinco millones de hectáreas, habrían cerca de 4.5 millones de personas en situación de desplazamiento; y el 94% de ellas eran poseedores de tierras.

Además de la restitución de tierras y la respectiva titulación, se deben generar las garantías necesarias para que las víctimas puedan retornar y asentarse de manera permanente en sus territorios.

Intervención del Gerente del INCODER, Juan Manuel Ospina, en el I encuentro nacional de ZRC realizado en Barrancabermeja los días 29, 30 y 31 de agosto de 2010.

Los anuncios gubernamentales en boca de Juan Manuel Ospina y del asesor ministerial para restitución de tierra fueron recibidos con esperanza, pero también con escepticismo por parte de los 300 delegados que asistieron al encuentro de ZRC.

El gobierno anuncio allí un eventual respaldo a la figura de la ZRC, un programa de restitución de tierras a las víctimas y una nueva ley de tierras.

Vea la intervención completa de Ospina aquí:

http://es.justin.tv/catamarilla/b/269274001

Notimundo habló brevemente con el sociólogo y catedrático Alfredo Molano Bravo, en el marco del Primer Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina realizado los días 29, 30 y 31 de agosto de 20 10 3n Barrancabermeja, Magdalena Medio.