Continúa realizándose la agenda preparatoria de la conmemoración del "Bicentenario de los pueblos del nororiente colombiano: 200 años de organización, lucha y resistencia". Hasta el momento se ha realizado el lanzamiento de la agenda, la cátedra del día del estudiante, tres tertulias en espacios públicos y las proyecciones del Ciclo Bicentenario del Cine - Foro La Pizarra.

Paralelamente se ha desarrollado una ambientación cultural con música, danza y lecturas al aire libre en los Municipios del Magdalena Medio, como parte de la convocatoria a las actividades centrales del Bicentenario de los días 18 al 20 de Julio.

Cinco mil campesinos y delegaciones del Magdalena Medio, el Catatumbo, Bucaramanga y Ocaña llegarán a Barrancabermeja para asistir a las actividades culturales del día 18, el seminario Bicentenario del día 19 y el gran Cabildo Abierto y la Marcha Patriótica por las calles de Barrancabermeja el día 20 de Julio.

La conmemoración se cerrará con la lectura del memorial de agravios de los pueblos del nororiente colombiano, su entrega a la comisión de garantes, la premiación del concurso de comparsas del Bicentenario y un gran concierto popular de clausura.

La Marcha Radio es el espacio informativo de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Un programa radial que durante los últimos años ha logrado dar a conocer la realidad rural de las comunidades campesinas del Magdalena Medio. La Marcha Radio es un espacio para la exigibilidad de la vigencia plena de los derechos humanos, para mostrar la dura brega por el derecho a la tierra del campesinado y para promover el desarrollo social de las región, exigiéndolo a las instituciones del Estado y de la mano con la cooperación internacional.

Los miles de radioescuchas de La Marcha gozarán de ahora en adelante de un programa de media hora en directo, con más información, invitados especiales, música, agenda de actividades y servicios sociales comunitarios.

La Marcha Radio se podrá escuchar con su nueva versión todos los Lunes, Miércoles, Sábados y Domingos de 7 a 7 y 30 a.m. en los 780 AM de Antena del Río.

Los 10 kilowatios de potencia en antena de la Radio Antena del Río permiten que La Marcha sea escuchada con Amplitud Modulada en 30 Municipios del Magdalena Medio y el nororiente colombiano.

Los contenidos de La Marcha se pueden escuchar también en www.prensarural.org

La Marcha Radio sale al aire gracias al auspicio y el respaaldo del Ayuntamiento de Barcelona (Cataluña, España) y de la Asociación Catalana por la Paz - ACP.

La Marcha Radio cuenta con la producción de la Agencia Prensa Rural y la conducción de César Jerez y Melkin Castrillón.

Amitai Eztioni es uno de los sociólogos más influyentes del mundo. Nacido en Alemania y emigrado a Israel en los años fundacionales de ese estado, se radicó tiempo después en Estados Unidos donde inició una larga carrera académica que lo llevó a transitar por varias de las más prestigiosas universidades de ese país: Berkeley, Columbia, Harvard, hasta culminar, en los últimos años en Washington, D.C., como Profesor de Relaciones Internacionales de la George Washington University. Pero sus actividades no se limitaron a los claustros universitarios: fue un permanente hombre de consulta de diversos presidentes norteamericanos, especialmente de James Carter y Bill Clinton. Y desde el 11/9, con el auge del belicismo su voz ha resonado con creciente fuerza en el establishment norteamericano. Hace pocos días ofreció un nuevo ejemplo de ello.

Incondicional apologista del Estado de Israel, acaba de publicar en la MilitaryReview, una revista especializada del Ejército de Estados Unidos, un artículo que pone en evidencia el “clima de opinión” que prevalece en la derecha norteamericana, el complejo militar-industrial y en los más encumbrados sectores de la administración, y muy especialmente en el Pentágono. El título de su artículo lo dice todo: “Un Irán con armas nucleares, ¿puede ser disuadido?” La respuesta, huelga aclararlo, es negativa. Esta publicación no podía llegar en un momento más oportuno para los guerreristas estadounidenses, cuando reiteradas informaciones –silenciadas por la prensa que se autodenomina “libre” o “independiente”- hablan del desplazamiento de navíos de guerra estadounidenses e israelíes a través del Canal de Suez y en dirección a Irán, lo que hace temerla inminencia de una guerra. En varias de sus últimas “Reflexiones” el Comandante Fidel Castro había advertido, con su habitual lucidez, sobre las ominosas implicaciones de la escalada desatada por Washington en contra de los iraníes, cuya pauta no difiere sino en lo anecdótico de la utilizada para justificar la agresión a Irak: acoso diplomático, denuncias ante la ONU, sanciones cada vez más rigurosas del Consejo de Seguridad, “incumplimiento” de Teherán y el inevitable desenlace militar.

Las sombrías predicciones del Comandante lucen como optimistas por comparación a lo que plantea este tenebroso ideólogo de los halcones norteamericanos. En una entrevista concedida el miércoles pasado a Natasha Mozgovaya, corresponsal del periódico israelí Haaretz en Estados Unidos, Etzioni ratifica lo expresado en la MilitaryReview, a saber:Irán pretende construir un arsenal nuclear y eso es inaceptable. La única opción es un ejemplarizador ataque militar y, es preferible desatarlo un mes antes y no diez días después de que el satanizado Irán disponga de la bomba atómica. En su artículo el profesor de la GWU insiste en señalar que cualquier otra alternativa debe ser descartada: la diplomacia fracasó; las sanciones de la ONU carecen de eficacia; bombardear las instalaciones nucleares no cambiaría muchos las cosas porque, según declaraciones del Secretario de Defensa Robert Gates, lo único que se lograría sería retrasar el avance del proyecto atómico iraní por tres años; y, por último, la disuasión no funciona con "actores no racionales" como el actual gobierno de Irán, dominado por el irracionalismo fundamentalista que contrasta con la mesura y racionalidad de gobernantes israelíes que asesinan a activistas humanitarios en pleno Mediterráneo. Por consiguiente, lo único realmente eficaz es destruir la infraestructura de Irán para imposibilitar la continuación de su programa nuclear.

Ese ataque, agrega, “podría ser interpretado por Teherán como una declaración de guerra total”, pero como las tentativas de diálogo ensayadas por Obama fracasaron es urgente e imprescindible adoptar drásticas medidas si Estados Unidos no quiere perder su predominio en Medio Oriente a manos de Irán. Por sus grandes reservas petrolíferas -sólo superadas por Arabia Saudita y Canada, y muy superiores a las de Irak, Kuwait y los Emiratos- Irán excita el ansia de rapiña del imperialismo norteamericano, que con el 3 por ciento de la población mundial consume el 25 por ciento de la producción mundial de petróleo. Además, no hay que olvidar que la guerra es el principal negocio del complejo militar-industrial, de modo que para sostener sus ganancias hay que utilizar y destruir aviones, cohetes, helicópteros, etcétera. Así, la diabólica pareja formada por la “guerra preventiva” y la “guerra infinita” continúa inalterable su curso, ahora bajo la presidencia de un Premio Nóbel de la Paz cuyo servilismo ante tan oscuros intereses unido a su falta de coraje para honrar ese premio coloca a la humanidad al borde de un abismo.

El cine foro La pizarra está proyectando los viernes de Junio y Julio un ciclo de cine especial llamado CICLO BICENTENARIO: 200 años de organización, lucha y resistencia. Este espacio se ha convertido en una pequeña máquina del tiempo que teletransporta, sin más combustible que un canelazo o un vino, a los asiduos asistentes y los ubica en momentos álgidos de la historia propicios para un sano debate de ideas y argumentos que nos van construyendo como sujetos políticos. El descubrimiento, la locura de los conquistadores por encontrar la ciudad del dorado, la evangelización de comunidades indígenas y las luchas de independencia que al fin garantizaran tierra y hombres libres han sido ejemplos claros de los momentos históricos a los que hemos sido llevados hasta ahora.

Esta maquinita, que ahora está en CREDHOS pero que para la ambientación del Bicentenario de los pueblos del nororiente la llevaremos a los municipios de Yondó, San Pablo, Puerto Wilches y Cantagallo, los días 2, 5, 6 y 9 de Julio respectivamente; continuará proyectando y viajando en el tiempo en este mes de Julio para que reconozcamos que a 200 años de las gestas libertadoras nuestra Patria Grande y Colombia aún deben dar la batalla última que garanticen nuestra definitiva independencia.

El pasado 28 de junio se cumplió un año del golpe Estado en Honduras encabezado por Roberto Micheletti y los poderes fácticos del país. Y sólo algunos tímidos gestos de denuncia se mantienen entre lo que llamamos comunidad internacional. Por el contario, los movimientos de solidaridad internacional siguen claros con su apoyo a la población y organizaciones locales comprometidas con la causa de la justicia, la resistencia civil. Estos sectores, campesinos y campesinas, maestros y maestras, periodistas, sacerdotes, etc., a lo largo de este año han sufrido asesinatos, desapariciones y amenazas de muerte.

Según denuncian el ‘Grito de los Excluidos' y ‘La Iniciativa de Acción contra los Agronegocios', la oligarquía agro-empresarial hondureña es uno de los elementos que se mueven con fuerza tras la trama y mantenimiento de esta situación. El caso que denuncian como más alarmante y significativo es el que se está sucediendo en la zona del Bajo Aguan, en el Departamento de Colon. Desde el mes de febrero de 2010 hasta la fecha, siete personas del MUCA (Movimiento Unificado Campesino del Aguan) han sido asesinados en su lucha por el derecho a la tierra. La última el reciente 20 de junio, Oscar Yovani Ramírez, de 17 años. 2.500 familias campesinas están siendo acosadas después de haber sido beneficiadas con 3.000 hectáreas de tierras que los empresarios de la palma africana, negocio en alza por su aceite para la elaboración de agrocumbustibles, quieren reconquistar.

Como estas dos organizaciones expresan en su manifiesto «las injusticias cometidas en el Bajo Aguan son un reflejo de los intereses voraces de los agro-empresarios que han ostentado el poder económico y político en Honduras a costa de la humillación y la violación de los derechos humanos. Son estos llamados empresarios quienes han consolidado su poder desde el golpe de estado hace un año». Y sin pelos en la lengua los señalan: son unos cuantos amos de empresas locales agroalimentarias y dueños de franquicias internacionales que nos resultan conocidas, como Pizza Hut, Kentucky, Pepsi, Gatorade, Burguer King o Dunkin' Donuts.

El pueblo hondureño sabe bien de la fraternidad de algunos movimientos sociales, y juntos desenmascaran a quien quiere apropiarse de la naturaleza y explota a los seres humanos para el beneficio de unas cuantas élites. Las suyas

Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de triste fama del régimen del presidente saliente Álvaro Uribe y estrechamente vinculado con los graves crímenes contra la humanidad, ha «ganado» las recientes elecciones celebradas en Colombia en junio de 2010. Los principales medios electrónicos e impresos, CNN, FOX News, The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal y el otrora liberal The Financial Times (FT), han celebrado la elecciónn de Santos como un gran triunfo para la democracia. Según The Financial Times, «Colombia, y no Venezuela, es (el) mejor modelo para América Latina» (FT, 23/06/2010, p. 8). Aludiendo a la «abrumadora» ventaja obtenida por Santos (acumuló el 69% de los votos), The Financial Times proclamó que se ha hecho acreedor de «un mandato sólido» (FT, 22/06/2010). En lo que tiene que convertirse en una de las maniobras más flagrantes para ocultar la historia reciente, las explicaciones de los medios de comunicación excluyen los hechos atroces de las elecciones y las políticas profundamente autoritarias llevadas a cabo por Santos durante la última década.

Las elecciones son un proceso (no un mero acontecimiento) cuyo resultado determinan las condiciones políticas previas. Durante los ocho años anteriores de gobierno del saliente presidente Uribe y el ministro de Defensa Santos fueron trasladados a la fuerza más de dos millones de habitantes, en su mayoría, habitantes pobres de zonas rurales, y alejados de sus hogares y sus tierras para expulsarlos al otro lado de las fronteras con países vecinos o a suburbios urbanos. El régimen de Uribe y Santos recurrió tanto al Ejército como a los 30 mil miembros de los escuadrones de la muerte para matar y aterrorizar núcleos de población enteros a los que se consideraba «simpatizantes» de la insurgencia armada, lo que afectó a varios millones de habitantes pobres de zonas rurales y urbanas. Más de 20 mil personas fueron asesinadas, muchas de ellas, según la principal organización colombiana de derechos humanos, acusadas en falso de «guerrilleros». Cuando Santos era ministro de Defensa los tribunales lo implicaron directamente en lo que se ha dado en llamar «falsos positivos». El Ejército capturaba al azar a docenas de jóvenes pobres de núcleos urbanos, los fusilaba y proclamaba una victoria sonora sobre la guerrilla de las FARC.

Algunos de los dirigentes más importantes de escuadrones de la muerte paramilitares a quienes se apresó han testificado que unos 60 congresistas de los que respaldaban a Uribe y Santos estaban en su nómina y «han garantizado» los votos de regiones que se encuentran bajo su control. Ante el daño causado por estos testimonios, Uribe y Santos han traicionado a sus camaradas de los narco-escuadrones de la muerte y los han «extraditado» a Estados Unidos, donde el proceso judicial excluyó las pruebas que los vinculan con los asesinatos masivos realizados a instancias de Uribe y Santos.

Más de dos mil sindicalistas, activistas de derechos humanos, periodistas y congresistas críticos con Uribe y Santos han sido asesinados por sicarios de escuadrones de la muerte al servicio del régimen. Las confederaciones sindicales más importantes del mundo han enviado misiones y publicado informes que condenan a Colombia por ser el país más peligroso para los representantes de los trabajadores.

En otras palabras: todos los sectores sociales que manifiestan quejas sociales y políticas contra el régimen han sido objeto de campañas de terror y muchos de sus líderes de opinión locales han sido asesinados, desplazados o exiliados... lo que socava toda posibilidad de existencia de alguna organización sociopolítica independiente estable.

El terrorismo de estado dominante ha supuesto que muy pocos líderes locales sobrevivan, lo que merma la capacidad del electorado de sustentar una organización libre e independiente.

El día de las elecciones, el régimen movilizó a más de 350 mil soldados y agentes de Policía, muchos de ellos implicados en toda una década de represión, para que «supervisaran» las elecciones y recordaran a los votantes la fuerza que ampara al «candidato oficial» (La Jornada, 30/05/2010).

El resultado electoral ha distado mucho de ser el «mandato» del pueblo colombiano tal como lo proclaman los medios de comunicación de masas. Los «ganadores», que representan a un 56% del electorado, han sido los «abstencionistas», la posición defendida por las FARC. Ahora bien, sin duda, la mayoría del voto abstencionista no era reflejo del apoyo o la simpatía por las FARC; más bien reflejaba la desafección con la represión y la violencia, la expropiación masiva de millones de personas y el fracaso absoluto de un régimen a la hora de abordar el desempleo y el empleo precario que afectan al 40% de la población económicamente activa.

En realidad, Santos obtuvo el 30% de los votos del electorado, apenas un respaldo autorizado. Si analizamos el perfil social y ecológico de los votantes, se trata a todas luces del respaldo de la élite. Los niveles más elevados de abstención se dieron en varios grupos muy concretos. En las barriadas de chabolas y las zonas rurales que padecen la represión y el abandono la abstención ascendió a más del 80%. Por el contrario, en los sectores de clase media y alta de las principales ciudades más del 60% votó al candidato del régimen. Uribe y Santos han tratado de buscar una explicación a la abstención generalizada recurriendo al clima (de lluvia) y a los partidos del Campeonato del Mundo de fútbol. Sin embargo, la poca participación fue generalizada en todo el país, tanto en las zonas de clima seco como en las que sufrieron inclemencias. Y los partidos no duraron todo el día de las elecciones. Los medios de comunicación de masas han pasado por alto de forma sistemática los atroces crímenes cometidos bajo el mandato del ministro de Defensa Santos y los cargos de los que se le acusa en el asesinato de «falsos positivos», así como su vinculación prolongada y generalizada con los escuadrones de la muerte y el apoyo de los gobiernos de Uribe al tráfico de drogas. Han pasado por alto el apoyo que ha prestado a la desregulación del sistema financiero, que se ha traducido en la estafa sufrida por centenares de miles de pequeños inversores colombianos.

Sin embargo, The Financial Times (23/06/2010) salda a favor de Colombia la comparación del régimen de Uribe y Santos con la Venezuela de Chavez en «Crackers about Caracas? Latin American should be bonkers about Bogota instead» [«¿Petardos por Caracas? Más bien, los latinoamericanos deberían perder la cabeza por Bogotá»]. Según The Financial Times, Venezuela es poco segura, autoritaria y está en declive económico con Chavez. Haciéndose eco del resto de los medios de comunicación, los redactores de The Financial Times afirman que Colombia es una democracia próspera, provista de un sistema de controles y contrapesos; con unos barrios seguros y pacíficos... salvo cuando los barrios pobres se quejan del desempleo o los habitantes de las zonas rurales se manifiestan contra la expropiación de tierras a manos de pistoleros a sueldo de los terratenientes. The Financial Times no menciona la reaparición de las bandas de paramilitares que siembran el pánico en las zonas rurales colombianas (La Jornada, 28/05/2010), sino que se centra en los delitos callejeros de Caracas.

El gobierno de Venezuela, contrario a los medios de comunicación estadounidenses, promueve las comunidades basadas en movimientos sociales que serían blanco de los asaltos del ejército en Bogotá.

Los únicos grupos «paramilitares» de Venezuela son los que cruzan la frontera desde Colombia, a los que persigue y castiga la Guardia Nacional Venezolana. En Venezuela, los sindicatos participan en la dirección de las principales factorías e industrias, a diferencia de lo que sucede en Colombia, donde se les asesina, incluidos los trabajadores de las industrias fundamentales del carbón, el petróleo, los plátanos o la Coca Cola.

A las mentiras y falsificaciones de los medios de comunicación en torno a las elecciones de Colombia y sus dirigentes políticos subyacen varias consideraciones elementales.

1.) Uribe y Santos son fervientes defensores del libre mercado y buscan con impaciencia alcanzar un acuerdo de libre comercio, entorpecido en el Congreso de Estados Unidos a causa de sus campos de la muerte.

2.) Uribe y Santos son clientes incondicionales del Pentágono, del que reciben seis mil millones de dólares en concepto de ayuda y al que han entregado siete bases militares, bajo jurisdicción estadounidense, para amenazar a Venezuela, Ecuador y cualquier otro país que el régimen de Obama considere hostil al dominio de Estados Unidos.

3.) Uribe y Santos han reconocido el régimen de Honduras, fruto de un golpe militar respaldado por Estados Unidos a mediados de 2009... al contrario que el resto de América Latina.

El hecho de que los medios de comunicación de masas hayan acogido de tan buena gana a un régimen que ostenta el peor registro de respeto a los derechos humanos desde la caída de los dictadores de las décadas de 1970 y 1980 (La Jornada, 17/06/2010) es indicativo del giro a la derecha imprimido por el régimen de Obama y Wall Street. Según la Casa Blanca y los medios de comunicación, las democracias de los escuadrones de la muerte como la de Colombia acreditan su condición de «modélicas» para América Latina. El problema es que ni la inmensa mayoría de los ciudadanos de América Latina, ni casi ninguno de los partidos políticos democráticos de la región, se lo tragan: prefieren democracias sin escuadrones de la muerte, sin bases militares extranjeras y sin presidentes que trafiquen con drogas. En la actualidad, los tres principales aliados de la Casa Blanca en la región (Colombia, Perú y México) producen y venden el 80% de la cocaína de la zona. ¿Aparecerá esto en las salutaciones de los medios de comunicación a los presidentes recién elegidos?

Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez. Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

– Mit navn er nævnt i DAS' mapper adskillige gange, siger Paul-Emile Dupret. Han bliver nægtet indrejse i USA med henvisning til, at han er terrorist, fordi han har deltaget i en protest imod Colombias præsident Uribe i EU-parlamentet i 2004.

Har du støttet kampen for menneskerettigheder og demokrati i Colombia offentligt?

Så er du måske endt i en sagsmappe hos specialenheden G-3 i DAS, Colombias efterretningstjenste. G-3 blev oprettet i 2004 med det formål systematisk at overvåge, forfølge og afpresse colombianere og udlændinge, der kæmper for menneskerettigheder og demokrati i Colombia. Hensigten har været, at kvæle kritiske røster med »smædekampagner«, neutralisering« og »juridisk krigsførelse«.

I Europa har G-3 haft en særlig opgave, Operation Europa, som har rettet sig imod EU-parlamentet og flere af dets udvalg, heriblandt udvalget for menneskerettigheder, ifølge den colombianske menneskerets-organisation Oidhaco.

G-3's lyssky aktiviteter har også været rettet imod FN's Menneskerettighedsråd, Organisationen af Amerikanske Stater, OAS, forskellige regeringer i Europa, enkeltpersoner og organisaitoner.

En af dem, der er blevet udsat for G-3's metoder, er Paul-Emile Dupret jurist fra Belgien og ansat som politisk rådgiver for EU-parlamentets GUE-gruppe, der også tæller Folkebevægelsen mod EU.

– Mit navn er nævnt i DAS' mapper adskillige gange, siger Paul-Emile Dupret til euobserver.com.

Han mener selv, at det delvist skyldes, at han var involveret i protester mod Colombias præsident Alvaro Uribe, da han besøgte EU-parlamentet i 2004. Flere måneder efter protesten blev Dupret anholdt, da han ankom til USA.

– Jeg blev afhørt, da jeg ankom, sat i fængsel i 24 timer og stillet dusinvis af spørgsmål om min holdning til Colombia. Siden da er jeg blevet hindret adgang til USA. De anser mig for at være terrorist, forklarer Dupret.

Colombias statsadvokat er i gang med at undersøge anklagerne mod DAS og har beslaglagt vigtige dokumenter. Samtidig har den afgående præsident Uribe foreslået en ændring af loven for efterretningstjenesten, som dog endnu ikke er vedtaget.

I EU parlamentets grønne gruppe kræver, at EU-kommissionen tager affære frem for at nøjes med at afvente statsadvokatens undersøgelse i Colombia. Kommissionen er klar over sagen og siger, at den har rejst sagen ved flere lejligheder overfor Colombia. Alligevel har EU lagt sidste hånd på en frihandelsaftale med Colombia i maj.

Por lo menos seis personas fueron asesinadas en San Pablo, el pasado sábado, según se conoció en la tarde del día de ayer. Versiones extraoficiales señalan que las personas habrían sido asesinadas con impactos de arma de fuego y sus cadáveres abandonados en cercanías del Río Magdalena, en la vereda Isla Medellín, zona rural de esta municipalidad.

De igual forma, se señaló que las víctimas serían habitantes de diferentes sectores del sur de Bolívar, y que se podría aumentar el número de cadáveres.

La Administración Municipal informó que hasta tanto no se confirmara plenamente el hecho no se estudiaría sobre la implementación de medidas especiales de seguridad.

El mayor Flaminio Álvarez, subcomandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, informó que “estamos desde el lugar de los hechos tratando de confirmar la información. Más adelante entregaremos detalles sobre lo que realmente sucedió”.

El pasado 23 de junio el diario Vanguardia Liberal publicó que, aunque algunos habitantes denunciaron una presunta ‘oleada' de violencia en el municipio de San Pablo, el secretario de Gobierno, Hernán Giraldo señaló que ha sido uno de los años más tranquilos, al reducirse significativamente el índice de homicidios en este sector.

Durante la 99º Conferencia de la OIT, realizada este mes en Ginebra – Suiza, el presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, Julio Roberto Gómez, manifestó su apoyo a la candidatura de Juan Manuel Santos, quien fue ministro de defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe, caracterizado por perseguir, estigmatizar e impedir el desarrollo de la organización sindical y que convirtió al país en el lugar más peligroso del mundo para ejercer esta actividad gremial.

Además, según lo manifestaron los dirigentes que conformaron la delegación de la Conferencia de la OIT, a pesar de que el documento que presentó la CGT en Suiza pedía la inclusión de Colombia en la lista de los 25 países cuestionados por las violaciones a los derechos laborales, en sus intervenciones públicas Gómez defendió fue el esfuerzo del gobierno y la mejoría en la situación de los trabajadores.

La decisión final de la OIT fue retirar a Colombia de esta lista, desconociendo la grave situación de seguridad y las precarias condiciones laborales que sufren los trabajadores colombianos. Éste se convertirá en el principal argumento que esgrimirá el gobierno colombiano ante el mundo para buscar que los congresos y parlamentos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea aprueben los Tratados de Libre Comercio, que justamente estaban congelados por las sistemáticas violaciones de los derechos humanos y laborales.

La razón principal de la adhesión de Julio Roberto Gómez a la candidatura de Santos es que su vicepresidente es “el compañero Angelino Garzón, caracterizado dirigente sindical y quien como Ministro de Trabajo, como Gobernador del Valle del Cauca y como Embajador de Colombia ante Naciones Unidas con sede en Ginebra Suiza, siempre fue leal al sindicalismo”, según lo afirmó el propio dirigente sindical. Angelino Garzón, al servicio del gobierno de Álvaro Uribe, ha trabajado por la aprobación de los TLC, poniéndose en contra de los intereses de los trabajadores colombianos, y del lado de las transnacionales y del sector financiero global.

Lamentamos esta decisión del presidente de la CGT, quien a comienzos de este año, sin explicación alguna, retiró a la Central de la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, RECALCA, espacio amplio, democrático y plural de lucha contra los TLC. Ahora se pone del lado de Juan Manuel Santos y Angelino Garzón, quienes han prometido respaldar la instalación de al menos siete bases militares gringas en Colombia y aprobar los TLC que terminarán de sumir al país en el atraso y el subdesarrollo.

Hacemos un llamado a las bases sindicales del país y a todas las organizaciones sociales y de oposición, a redoblar esfuerzos frente a la sociedad colombiana y la comunidad mundial, para que se sepa que Colombia es el país con la mayor tasa de desempleo en América Latina, con la mayor tasa de informalidad, con condiciones de trabajo indignas y donde sus líderes sindicales sufren persecución y asesinatos como en ninguna otra nación en la tierra. Denunciamos que, usando un pequeño sector del sindicalismo, la clase dirigente colombiana quiere engañar a los congresos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, para que aprueben los TLC aún cuando la situación de derechos humanos y laborales en Colombia es cada día peor.

By Juan Forero Washington Post Foreign Service Saturday, June 26, 2010; 11:54 AM

BOGOTA, COLOMBIA — The verdict this week was a milestone: A distant court affiliated with the Washington-based Organization of American States held the Colombian government responsible for the 1994 assassination of a prominent senator. Lion of a radical political party whose members were slain by the hundreds, Manuel Cepeda was shot dead in an operation partly organized by Colombia's army. The case is one of hundreds of murders and massacres, old and new, that have entered the inter-American justice system from Colombia, a nation suffering from a simmering, half-century-old guerrilla conflict. As President Alvaro Uribe prepares to leave office in August after eight years in power, investigators at the Inter-American Commission on Human Rights, a branch of the OAS, are grappling with many of these cases. The most recent have triggered a national and international firestorm over the army's systematic killing of peasant farmers to inflate combat kills and revelations that Uribe's secret police spied on opponents, foreign diplomats and rights groups. "If you put all of this together, the extrajudicial executions, the espionage of human rights defenders, it's all really a constant over the years," Santiago Canton, an Argentine who has headed the rights commission for nine years, said by phone from Washington. "That's very dangerous." The backlog of cases and what they say about Colombia's history of rights violations pose a test for Uribe's successor, Juan Manuel Santos, a former defense minister elected Sunday. Among his priorities is winning U.S. congressional approval of a free-trade pact, which would eliminate tariffs on Colombian exports. So far, the effort has stalled because of Democratic concerns about rights being violated with impunity here. Colombia's record is also a challenge for the Obama administration as it tries to forge closer ties to the rest of Latin America. The effort has been hamstrung by diplomatic imbroglios, including criticism from some governments of Uribe's rights record and U.S. support for Colombia's army. "This is a problem for the United States," said Myles Frechette, a former U.S. ambassador here. Frechette said the Santos administration must also demonstrate a commitment to preventing abuses and ending impunity, which led countries across the hemisphere to create the rights commission in the first place. "He has to say, 'Colombia is a modern country, and we understand all these things about human rights violations, and we're going to stand up and fly right,' " Frechette said. Luis Alfonso Hoyos, Colombia's ambassador to the OAS, said Colombia, unlike some other countries, readily cooperates with the rights commission's investigations and abides by its rulings and those of a sister organization, the Inter-American Court of Human Rights, based in Costa Rica.

Inter-American system

In the inter-American justice system, the commission's seven members study victims' petitions and issue voluminous reports with recommendations on cases involving serious abuses. Particularly egregious cases are taken by the rights court, which can order governments to pay damages to victims, acknowledge state collaboration in crimes or make other gestures. Although the court and commission do not have the power to imprison guilty parties, the evidence collected by its investigators has been used in successful criminal prosecutions of perpetrators in Peru, Argentina and Chile. The public attention given to these investigations can also spur countries to investigate and prevent crimes more effectively. Hoyos, the ambassador in Washington, said Colombia's prosecutors, for instance, have vigorously investigated the killings of union activists by right-wing death squads, cases particularly troubling to the commission. Colombian prosecutors in the past eight years have won convictions against 373 people, the government said, a dramatic improvement over the situation in the 1990s. "We acknowledge that much needs to be done," Hoyos said, "but the advances are indisputable."

1,055 Colombian cases

Investigators from the rights commission examine cases from OAS member states, including the United States, whose operation of a detention center for suspected terrorists at Guantanamo Bay, Cuba, has been condemned. The most complaints, 1,400, have come from Peru. Mexico's offensive against drug cartels has generated numerous cases. And in Venezuela, President Hugo Chavez's carefully calibrated repression of opponents is under increasingly close scrutiny. But Washington's closest ally in the region, Colombia, has been the source of the most serious cases of abuse before the commission, investigators familiar with the cases said. In all, the commission is evaluating 1,055 cases. Dozens of the cases of serious violations took place during Uribe's administration. In the court's latest ruling on Colombia, the state was ordered to apologize publicly to Cepeda's family, build a monument in his honor and fund a university scholarship in his name. Ivan Cepeda, the senator's son, welcomed the verdict but said he hoped that it would also spur more resources to improve criminal investigations of rights-related crimes. "If there were justice in Colombia," he said, "you wouldn't have to go the inter-American system of justice."

Bogotá D.C., 28 de junio de 2010.

Señor

Álvaro Uribe Vélez

Presidente de la República de Colombia

Ciudad

Señor Presidente de la República:

A raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuel Cepeda vs. Colombia, usted formuló la semana pasada una declaración que presentó ante la opinión pública como una petición de perdón. Los términos y el espíritu en que se pronunció, nos llevan a considerar que dicha declaración es inaceptable. Su solicitud se constituye en un nuevo agravio para las víctimas y desconoce los términos de la sentencia del tribunal interamericano.

1. En sus palabras no se hace el reconocimiento de la responsabilidad estatal por el crimen perpetrado el 9 de agosto de 1994 contra el senador Cepeda Vargas por integrantes del Ejército Nacional en complicidad con miembros de grupos paramilitares. Esa responsabilidad fue establecida nítidamente por la Corte Interamericana en los siguientes términos: “La Corte estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del senador Cepeda Vargas no sólo se encuentra comprometida por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su ejecución, sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales, lo que constituye un crimen de carácter complejo, que debió ser abordado como tal por las autoridades encargadas de las investigaciones, las que no han logrado establecer todos los vínculos entre los distintos perpetradores ni determinar a los autores intelectuales. La planeación y ejecución extrajudicial del senador Cepeda Vargas, así realizada, no habría podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes de mandos superiores y jefes de esos grupos, pues respondió a una acción organizada de esos grupos, dentro de un contexto general de violencia contra la UP”[1].

Con su declaración, usted desconoce esta sentencia y los fallos judiciales que se han adoptado en Colombia en el caso; pero además omite que el Gobierno Nacional reconoció la responsabilidad del Estado en este crimen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la propia Corte Interamericana.

2. Su declaración no reúne las condiciones previstas en la sentencia de la Corte Interamericana (párrafos 223 y 224) que ordena que la petición de perdón debe realizarse en un acto solemne, ante las dos cámaras del Congreso de la República, con transmisión en directo por los medios de comunicación oficiales, en la fecha conmemorativa del asesinato, en presencia de los familiares del Senador y de los líderes sobrevivientes de la Unión Patriótica. La sentencia además explicita que el Gobierno Nacional debe pactar con las víctimas los detalles de dicha ceremonia.

3. Como es de su conocimiento, la petición de perdón en situaciones en las que se han cometido crímenes contra la humanidad es un acto solemne. Para que sea auténtico requiere que admita sin ambigüedad la verdad de los hechos, la demostración de la voluntad para esclarecerlos, la enunciación de los destinatarios de la petición -nombrar a las víctimas y dirigirse específicamente a ellas-. Sólo se puede pedir perdón en forma veraz, señor Presidente, si se manifiesta públicamente la conciencia del daño que se ha causado y se asume el compromiso de no repetir en el futuro acciones similares. Ninguna de tales condiciones la cumple su declaración.

4. No obstante, el aspecto más deplorable de sus palabras es que no contienen una solicitud auténtica de perdón, y en realidad encubren un nuevo agravio a las víctimas, con expresiones tales como: "No se puede exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones"; "no se puede implorar, exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones, proceder con odio, a maltratar injustamente a compatriotas y la honra de los gobiernos"; "yo no entiendo que se pueda exigir pedir perdón, en nombre del odio"[2].

Estas afirmaciones difamatorias no toman en consideración que la sentencia del tribunal internacional determinó que en otras oportunidades usted incurrió en similares conductas que han violado el derecho al buen nombre de las víctimas en este caso (párrafos 205 a 209).

A través de la Cancillería, el Gobierno Nacional anunció su disposición de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Cepeda. Sin embargo, su actitud, señor Presidente, contradice abiertamente esa promesa. Su deber constitucional es acatar las decisiones de la justicia internacional. Pero además, debemos recordarle que en este caso le cabe responsabilidad personal. La creación de las empresas de seguridad Convivir, que usted lideró con entusiasmo, estimuló el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, el mismo grupo ilegal que asesinó al senador Cepeda en complicidad con miembros del Ejército Nacional. Asimismo, es pertinente mencionar que uno de los presuntos autores de este crimen, el señor José Miguel Narváez, fue nombrado por usted subdirector del DAS y ha sido su colaborador cercano.

Sin otro particular, lo saludamos cordialmente.

Iván Cepeda Castro

Representante a la Cámara

Vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

Rafael Barrios Mendivil

Presidente

Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”

Copia:

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Manuel Cepeda vs. Colombia, sentencia del 26 de mayo de 2010, párr. 124.

[2] El Tiempo, “No puedo decir que el Estado asesinó al senador Cepeda, pero hoy pido perdón: Uribe”, 24 de junio de 2010.

"He llegado a la conclusión de que en Colombia la vulneración de los derechos humanos no es un efecto colateral sino que está en el núcleo del conflicto". El diputado del Partit dels Socialistes de Catalunya en el Congreso Jordi Pedret confesó ayer esa convicción en la presentación que hizo en las Cortes Valencianas del informe de la misión de parlamentarios y parlamentarias para la verificación de los derechos humanos en Colombia. Su colega, el senador Joan Josep Nuet, de Entesa Catalana-Esquerra Unida i Alternativa, comentó a su vez: "Hemos vuelto muy preocupados de la misión".

Fruto de un viaje realizado la última semana de enero a las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín por siete parlamentarios de siete partidos (Aralar, CiU, ERC, EUiA, PSC, Izquierda Unida y Eivissa pel Canvi) y de cuatro Cámaras diferentes, el informe se ha centrado en tres aspectos: la situación de los defensores de los derechos humanos, la de los sindicalistas y la de las mujeres. La veracidad de las decenas y decenas de testimonios recogidos en su visita ha llevado a los integrantes de la misión a alertar de que las violaciones de los derechos humanos y las agresiones a la población civil son continuos por parte de todos los actores del conflicto: la policía y el ejército, la guerrilla y los paramilitares, con el trasfondo del narcotráfico que alimenta la violencia.

Al panorama de 4,5 millones de personas desplazadas por la violencia y las amenazas (los "señalamientos", los denominan en Colombia) y a los asesinatos de defensores de los derechos humanos (99 los cinco últimos años) y de sindicalistas (39 el año pasado), se suman los casos de "falsos positivos" (jóvenes asesinados que el ejército hace pasar como guerrilleros abatidos) y la victimización de las mujeres. Alèxia Guilera, portavoz de la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, señaló en este sentido, que si el año 2000 hubo 12.000 mujeres violentadas sexualmente, en 2008 la cifra ya era de 21.200. La opinión de Guilera es que los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe que ahora concluyen, con su política de "seguridad democrática", han sido muy cuestionables.

Con la perspectiva de que en septiembre otra misión parlamentaria pueda viajar de nuevo a Colombia, donde ya habrá asumido la presidencia el recientemente elegido Juan Manuel Santos, los parlamentarios, que tuvieron como anfitriona a la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol, mantuvieron una reunión con ella y con diputadas del resto de grupos de las Cortes: Clara Tirado, del PSPV-PSOE; Mònica Oltra, de Compromís, y Verònica Marcos, del PP. La presencia de la diputada popular tenía una significación especial, dado que su partido declinó formar parte de la misión a Colombia. Las parlamentarias acogieron con interés el informe y plantearon la posibilidad de trasladar su contenido a dos comisiones no legislativas de la Cámara valenciana, la de Derechos Humanos y Tercer Mundo y la de Mujer y Políticas de Igualdad.

Los días 20 y 21 de junio se realizó, con el auspicio de Misereor, en la vereda El Carmen, el taller sobre derechos de las campesinas y campesinos, derecho a la tierra y al territorio, al que asistieron alrededor de 50 campesinos de diferentes veredas aledañas, miembros de la ACVC y del equipo de apoyo Cahucopana, y delegados de Equipos Cristianos de Acción por la Paz (ECAP), quienes hicieron el acompañamiento a este evento.

El trabajo se inicia haciendo énfasis en la necesidad que tiene el campesinado de reconocer en primera medida sus derechos civiles, políticos, económicos y ambientales dentro de una relación entre la población rural y la tierra. Se busca en esta medida conocer los conceptos y características de territorio que definen los asistentes al taller.

El documento base para el análisis fue la Declaración de los derechos de las campesinas y campesinos, adoptado en el año 2008 en la conferencia de Yakarta y llevado posteriormente a las Naciones Unidas por el movimiento internacional Vía Campesina, que adelanta ante dicho organismo una campaña para su adopción como Convención de Derechos.

La creciente militarización, el conflicto armado en las áreas rurales, la pérdida de identidad y libre determinación, la utilización de alimentos para fines comerciales y especulativos, la agudización de la criminalización a la que ha sido sometido el campesinado, la violencia física, psicológica y económica hacia la mujer rural, la cada vez mayor despreocupación que tienen los estados frente al sector agrícola y los campesinos, la pérdida de semillas locales, la destrucción de la biodiversidad (a través de usos de fertilizantes químicos, semillas híbridas y organismos genéticamente modificados usados por las multinacionales) y la precariedad en los accesos de salud y educación, fueron unas de las determinaciones que hicieron que surgiera una propuesta que consagre y proteja los derechos dentro de un escenario normativo que pueda incluir, en el país, una política pública y agraria.

El análisis se realizó por medio de trabajo grupal, con la lectura del articulado propuesto por Vía Campesina en la Declaración, que dio como resultado la aprobación de la propuesta, así como el aporte de elementos que podrían servir para complementar la misma.

La apuesta del movimiento campesino internacional da herramientas que demuestran la necesidad de fortalecer las organizaciones campesinas, rurales y sociales para alcanzar objetivos claros y comunes en materia de incidencia política.

A partir del ejercicio de identificar los elementos que componen el territorio y las posibles amenazas que lo afectan, se definieron las similitudes con las que se le asocian, en primer lugar, la tierra con relación a territorio da idea de un espacio geográfico con componentes vivos y muertos donde el ser humano se asentó.

En segundo lugar, el término terreno que más allá de ser un espacio geográfico físico se comprende como un campo de acción donde se realiza una actividad, presentándose una relación entre sujeto y objeto, utilizando la agricultura, minería y pesca como herramientas del vivir y ejemplo de ese accionar. Y finalmente, terruño donde la relación es de sentido de pertenencia del hombre a un territorio, no de dominación.

La noción de territorio cuya principal denominación es una relación de dominación y de poder, en dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales, con varias concepciones, cada una de acuerdo a los intereses de los actores presentes, el campesinado define el territorio como el lugar donde trabajan, viven y se relacionan con la comunidad, con el Estado (que lo ve como espacio geográfico funcional al capital global) y las empresas (cuyo principal objetivo es venir a arrasar y sacar beneficio de estas tierras) y que a la par de esos procesos se desenvuelven una serie de conflictos.

Seguido a esta explicación la Corporación convocó a los asistentes a participar de las actividades a realizarse en la ciudad de Barrancabermeja los días 18, 19 y 20 de julio en el marco de la conmemoración del Bicentenario.

El mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses fue oído esta semana en Buenos Aires, Argentina, por la Fiscalía dentro de un proceso por una masacre en Campamento, Antioquia, atribuida a un grupo paramilitar conocido como Los Doce Apóstoles... En su declaración, Meneses ratificó graves señalamientos contra Santiago Uribe Vélez, el hermano del presidente de la República...

El coronel retirado Pedro Manuel Benavides no contestó llamadas, ni atendió una visita de nuestros reporteros a su residencia... Noticias Uno conoció la grabación de la que habla el mayor Meneses... Aquí hay algunos fragmentos para que ustedes se formen su opinión sobre el asunto.

El mayor Juan Carlos Meneses grabó subrepticiamente su conversación con el coronel Pedro Manuel Benavides que, según él, tiene afirmaciones comprometedoras...

Uno de los apartes conocido por Noticias Uno deja oír la presunta voz del coronel Benavides hablando de operaciones hechas conjuntamente con el grupo de Santiago Uribe.

“Es que uno puede manejar esa situación. Santiago, cuando supimos de Santiago, yo por lo menos conocí a Santiago el día que asaltaron ahí en su finca. A partir de ese momento, empezamos a trabajar prácticamente en conjunto; en constante comunicación, con información y todo, para evitar que lo fueran a joder”

En la misma grabación, Meneses plantea sus temores sobre una eventual persecución a ellos de parte del gobierno, para entregarlos a la justicia.

“De todas maneras yo pienso una cosa, Uribe mientras tenga el poder no va a ser guevón de dejar enredar al hermano y él al defender al hermano, por ende, tiene qué defendernos a nosotros. Es lo que yo pienso. Lo otro ahora es que ahora Uribe diga no pues mi hermano no tiene nada qué ver, pero aquí les tengo estos y nos deje solos”

Continuando la conversación, los dos ex oficiales reconocen que recibieron plata por permitir que actuara ese grupo en Yarumal

“En el momento en que Uribe nos ponga en bandeja ya toca es... toca decir: definitivamente nosotros nunca fuimos, lo único que hicimos fue recibir...

“... plata para no meternos... recibimos plata y recibimos las pensiones de Santiago... para que la gente hiciera lo que quisiera por allá en esos municipios”

Así mismo asegura el presunto coronel Benavides que participó en varias operaciones con el grupo de los Doce Apóstoles, pero aclara que él no fue el ejecutor material de los asesinatos.

“Yo no maté gente, yo no le hice allá como dicen ellos en operativo. Yo lo que decidí hijueputa fue la información que ellos me daban la trabajaba, toda esa gente. Hice varios operativos hermano, hijueputa... Es que no fueron uno, hijueputa... Yo hice cualquier operativos allá”

La voz del coronel Benavides en las declaraciones entregadas hace una semanas a Noticias RCN ... es similar a la de la grabación. La huella electrónica también es parecida. El cotejo definitivo le corresponde a la Fiscalía.

La voz del coronel Benavides en las declaraciones entregadas hace una semanas a Noticias RCN ... es similar a la de la grabación. La huella electrónica también es parecida. El cotejo definitivo le corresponde a la Fiscalía.

Tomado de: www.noticiasuno.com

En su sentencia, el Tribunal Interamericano, consideró que el asesinato del senador Cepeda, perpetrado el 9 de agosto de 1994, se produjo en un “contexto de amenazas y hostigamientos permanentes por sus posiciones políticas”, “de desprotección por parte de agentes estatales” y de violencia sistemática ejercida contra la UP, “dada la intención de atacar y eliminar a sus miembros e incluso simpatizantes”. Enfatizó la Corte que en este escenario las declaraciones de funcionarios que vincularon a la UP y al PCC con las FARC, “colocaron a los miembros de la UP en una posición de mayor vulnerabilidad y aumentaron el nivel de riesgo en que se encontraban (párr.85)”.

La Corte destacó la importancia de las voces de oposición para la democracia, y la obligación estatal de generar condiciones y garantías para su real participación en el debate público. En este sentido, estableció que “la ejecución extrajudicial de un oponente por razones políticas no solo implica la violación de diversos derechos humanos, sino que atenta contra los principios en que se fundamenta el Estado de Derecho, y vulnera directamente el régimen democrático (párr. 177)”.

Para el Tribunal, las acciones de estigmatización han recaído también sobre los familiares del senador Cepeda y los ha expuesto a continuar recibiendo hostigamientos y amenazas (párr. 209). Al respecto, la Corte valoró los pronunciamientos emitidos durante la campaña de reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez en el año 2006 y trajo a colación el pronunciamiento de la Corte Constitucional Colombiana (T-959) en el “que reconoció que la difusión de ciertos mensajes a través de medios masivos de comunicación menoscabó el buen nombre y la honra del señor Iván Cepeda Castro, en cuanto hijo de una de las víctimas de la violencia política del país y que los mencionados derechos también se han violado a sus familiares (párr. 206)”.

Aunque el Estado colombiano ya había reconocido parcialmente su responsabilidad frente a la ejecución extrajudicial del senador Cepeda, la Corte dio por probados hechos que el Estado se negaba a aceptar, entre ellos la existencia de una “estructura organizada que determinó, planificó y llevo a cabo la ejecución del senador Cepeda Vargas (párr. 101)”, en la que habrían participado agentes estatales como autores intelectuales, así como jefes y miembros de uno o varios grupos paramilitares (párr. 114), quienes habrían actuado en coordinación para perpetrar el crimen.

Frente a esta estructura compleja de participación criminal, la Corte determinó que el Estado colombiano está obligado a “desentrañar las estructuras que permitieron las violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias (párr. 118)”, al tiempo que determinar “los patrones de actuación conjunta y todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades (párr. 119)”. Ello implica atender a la “comunidad de prueba” presente en otras investigaciones relativas a asesinatos, hostigamientos y amenazas de otros líderes, representantes e incluso candidatos presidenciales de la UP (párr. 120).

A propósito del proceso de desmovilización paramilitar y en consideración a la extradición de varios jefes paramilitares que cuentan con información relevante acerca del crimen del senador Cepeda, la Corte estableció que el Estado colombiano tiene el deber de desarrollar con mayor diligencia y coherencia las labores de individualización, identificación e investigación (párr. 164) de los beneficiarios del proceso, al tiempo que señaló claramente que “la aplicación de figuras como la extradición no debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar la impunidad”, en tanto “un Estado no puede otorgar protección directa o indirecta a los procesados por crímenes que impliquen violaciones graves contra derechos humanos mediante la aplicación indebida de figuras legales que atenten contra las obligaciones pertinentes(párr. 166)”. Al respecto, el Tribunal Interamericano acoge la decisión de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia colombiana en la materia.

Con fundamento en los hechos probados, la Corte Interamericana determinó la responsabilidad por acción y omisión del Estado colombiano frente al derecho a la vida, integridad personal, derechos políticos, derecho de asociación, libertad de expresión, honra y dignidad, libertad de circulación y residencia, garantías judiciales y protección judicial del senador Cepeda Vargas y sus familiares.

Finalmente y derivado de lo anterior, la sentencia ordena al Estado colombiano adoptar una serie de medidas de reparación que incluyen la publicación de la sentencia, la realización de una publicación y un documental audiovisual sobre la vida política, periodística y rol político del Senador Cepeda, el establecimiento por una vez de una beca integral con el nombre de “Manuel Cepeda Vargas” para comunicadores y la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad estatal en el Congreso de la República, con miembros de las dos cámaras y de las más altas autoridades del Estado.

Los familiares del senador Manuel Cepeda Vargas, la Fundación Manuel Cepeda Vargas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), hacen un llamado al Estado colombiano para que el espíritu de esta sentencia se proyecte en la adopción de garantías de no repetición, particularmente en la consolidación de un régimen en el que la libertad de expresión, la opinión crítica, la defensa de los derechos humanos y la oposición, gocen de protección, plenas garantías para su ejercicio, y sean concebidos como una contribución a la democracia y a la consolidación del Estado de derecho en Colombia.

Contactos:

Iván Cepeda Castro – Fundación Manuel Cepeda Vargas Celular: 3104812814 Viviana Krsticevic – Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Cejil Washington D.C: 202 3193000 Rafael Barrios Mendivil – Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Bogotá – Colombia: 2 846120 - 2846040

Sentencia completa

La generalización del conflicto armado en Colombia, ocurrida en gran medida como resultado de la decisión de las élites nacionales de imponer una solución militar al mismo, parece arrojar más luces sobre los factores que han desencadenado la guerra. Esta decisión ha estado ligada al bloqueo contra las negociaciones planteadas entre el gobierno de Andrés Pastrana y la insurgencia, en las cuales se había avanzado en la identificación de los temas de la negociación. Luego de alcanzado este punto, el proceso se centró en la disposición de obstáculos para impedir no ya eventuales acuerdos sino, inclusive, las conversaciones. A través de los distintos medios de prensa, estrechamente vinculados con los grandes intereses económicos del país, se construyó, de manera sistemática, una imagen del conflicto como resultado de la acción de la insurgencia,y a esta última se la identificó de manera inequívoca con el narcotráfico y el terrorismo, negándole así carácter de interlocutor válido en negociaciones políticas.

Esta orientación del conflicto ha avanzado al tiempo con la definición de otros procesos de carácter económico y político, con los cuales se hace convergente desde el punto de vista de los intereses del capital transnacional pero también con manifestaciones cada vez mas pronunciadas de resistencia desde las capas populares y medias, profundamente afectadas por las políticas impulsadas desde el “Consenso de Washington”.

Ver documento completo aquí:

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/01993/04.pdf

El presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, en un discurso pronunciado con ocasión del Día mundial contra el trabajo infantil del pasado año 2009, declaró que «el trabajo infantil a nivel mundial perpetúa el ciclo de la pobreza que impide a las familias y a las naciones alcanzar todo su potencial». Y ciertamente que 215 millones de niñas y niños en el mundo sustituyan sus juegos y su educación por muchas horas de trabajo es inaceptable.

Salir a pastorear con el abuelo, ayudar con los semilleros de tomate o muchas otras colaboraciones en el tiempo libre son momentos de aprendizaje y de relaciones sociales muy valiosas que lógicamente no se consideran trabajo infantil. En cambio, nos encontramos, según las estadísticas, que más del 70% del total de niños y niñas que trabajan lo hacen en la agricultura. Es decir, casi 150 millones de niños y niñas, de entre 5 y 14 años de edad, son parte del modelo agrícola que produce los alimentos que consumiremos: criando ganado, recogiendo cosechas, manejando maquinaria o -como ya expliqué en otra ocasión- sosteniendo banderas para guiar a las avionetas de fumigación de insecticidas en los monocultivos de soja. Trabajos durísimos y que en muchas ocasiones atentan contra la salud y seguridad de los niños y niñas, lo que según los convenios de la Organización Internacional del Trabajo se clasifica como ‘peores formas de trabajo infantil'.

«Es inaceptable que 215 millones de niñas y niños sustituyan sus juegos y educación por muchas horas de trabajo»

La intensificación y mecanización de la agricultura ha generado tareas que están siendo realizadas en muchos países por niñas y niños. En México, por ejemplo, encontramos a niñas y niños en el lavado (con detergentes o soluciones cloradas) de las hortalizas que el mercado pide lleguen inmaculadas.

También en Estados Unidos, señor Obama, el trabajo infantil en la agricultura es una realidad. Según una investigación de Human Rights Watch, los monótonos cultivos industriales, en grandes granjas, ocupan a niños de tan sólo 12 años durante más de diez horas al día, entre cinco y siete días a la semana. Algunos empiezan a recoger tomates, fresas o pepinos durante media jornada diaria con 6 ó 7 años. Agachados o arrodillados a pleno sol, con machetes en la mano, cargando cubos, trascurre su día a día. Y al igual que muchos trabajadores agrícolas adultos, su remuneración está por debajo del salario mínimo. Cuentan los investigadores que muchos niños y niñas les informaron de que sus empleadores no les proporcionan agua, ni un lugar donde lavarse las manos, ni retretes. Las niñas y mujeres en esta industria son especialmente vulnerables a sufrir abusos sexuales. Claro, como consecuencia de las extensas jornadas laborales, los niños que trabajan en el campo registran una tasa de abandono escolar cuatro veces mayor que el promedio nacional.

La agricultura en Estados Unidos guarda normativas muy distantes a las recomendadas por los organismos internacionales y también desproporcionadas con otras leyes del propio país. Como explica Human Rights Watch, «mientras que en otros sectores la ley prohíbe la contratación de niños menores de 14 años, y limita a los menores de 16 a que trabajen únicamente tres horas al día durante el período escolar, sin embargo, en el sector agrícola, cualquier empleador puede contratar a niños de 12 años».

En realidad feroces fórmulas que se mantienen -como un círculo vicioso- para conseguir precios más competitivos: una agricultura que, arruinando la juventud y el futuro de muchas personas, desmantela las pequeñas granjas locales o de terceros países, de la que saldrá esa mano de obra infantil buscando, como sea, sobrevivir.

Pero a veces llueve. Y cuando llueve -cuenta un chaval de Michigan- «no tenemos que trabajar, y nos ponemos tan felices que empezamos a gritar». Gritos que seguro se perciben en la Casa Blanca. A ver si ponen atención.

El cuatro de junio alrededor de diez mil campesinos y campesinas Haitianos marcharon para protestar el ‘mortífero regalo' de semillas al gobierno de Haití por parte de la compañía Monsanto, basada en los Estados Unidos. La marcha recorrió siete kilómetros, de Papaza a Hinche, en un área rural en la meseta central del país. Fue organizada por varios movimientos rurales en Haití quienes proponen un modelo de desarrollo basado en soberanía alimentaria y de semillas, en lugar de la agricultura industrial. Consignas de la marcha incluyeron, “que viva la semilla criolla de maíz!”, y “los transgénicos e híbridos de Monsanto violan la agricultura campesina.”

El país más pobre del hemisferio oeste, Haití comparte la isla caribeña La Española con la Republica Dominicana. Alrededor del 65 por ciento de la población de Haití vive en áreas rurales y son campesinos con producción para subsistencia. El 12 de enero del 2010 un terremoto devastador sacudió la ciudad capital de Puerto Príncipe con un saldo de 800,000 refugiados urbanos quienes emigraron a áreas rurales. De acuerdo con Chavannes Jean-Baptiste, coordinador del Movimiento Campesino Papaye (MPP, por sus siglas en francés) y miembro de la Comité de Coordinación Internacional de la Vía Campesina, “existe actualmente una escasez de semilla en Haití porque muchas familias rurales utilizaron su semilla de maíz para alimentar a los refugiados”.

Con ventas por $11.7 miles de millones de dólares en 2009, la transnacional con sede en Estados Unidos es la compañía más grande de semillas a nivel mundial, controlando un quinto del mercado propietario de semillas y 90 por ciento de los patentes de la biotecnología en la agricultura. En el mes de mayo, Monsanto anunció que había entregado 60 toneladas de semilla híbrida de maíz y de hortalizas a Haití, y que 400 toneladas de su semilla (con un valor de 4 millones de dólares) serán entregados en 2010 a 10,000 campesinos. La transnacional, United Parcel Service proveerá la logística en cuanto a transporte, mientas que Winner, un proyecto de 127 millones de dólares financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y enfocada sobre la “intensificación agraria” se encargará de distribuir la semilla.i De acuerdo con Monsanto, la decisión de donar la semilla a Haití fue decidida en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza: “el Gerente General Hugh Grant y Vicepresidente Ejecutivo Jerry Steiner atendieron el evento y tuvieron conversaciones con los participantes sobre qué podría hacerse para ayudar a Haití” ii No queda claro si algún Haitiano participó en estas conversaciones en Davos.

Algunos han alegado que el representante de Monsanto en Haití es Jean-Robert Estimé quien actuó como ministro de relaciones exteriores durante la dictadura brutal de la familia Duvalier que duró 29 años. iii Mientras que Monsanto fuertemente niega esta afirmación, iv Estimé fue incluido en un intercambio de correo electrónico sobre la donación que tuvo lugar entre Elizabeth Vancil, directora de Asociaciones Globales para el Desarrollo de Monsanto y Emmanuel Prophete, un agrónomo Haitiano que trabaja para el Ministro de Agricultura. v El nombre de dominio de la dirección de correo electrónico de Estimé es de Winner (www.winner.ht). vi

Muchos Haitianos y Haitianas consideran la donación de semilla de Monsanto como parte de una estrategia más amplia de imperialismo político. “El gobierno Haitiano está utilizando el terremoto para vender el país a las multinacionales”, dijo Chavannes Jean-Baptiste. Elizabeth Vancil declaró que el hecho de abrir los mercado Haitianos a los productos de Monsanto “sería una buena decisión”. vii

Monsanto ha subrayado que la semilla donada es semilla híbrida y no genéticamente modificada. viii Sin embargo la semilla híbrida no incrementará la soberanía alimentaria de los campesinos y las campesinas haitianos ni su autonomía; Monsanto reconoce que los campesinos no serán capaces de reutilizar estas semillas en el futuroix, y que aunque se está dando la semilla sin costo, los campesinos pagarán por ella. “El hecho de dar una plena donación a de semilla imposibilitaría una de las partes básicas de la infraestructura de la agricultura y economía de Haití”, dijo Monsanto,x quien está donando la semilla al gobierno para ser vendida a los campesinos. Winner distribuirá la semilla a través de las tiendas de las asociaciones de campesinos, quienes utilizarán las ganancias para reinvertirlas en otros insumos, y así ayudar “a los campesinos a decidir si utilizar insumos adiciones (incluyendo fertilizantes y herbicidas) y… cómo manejar la próxima época de siembra.” xi

El sector agropecuario de Haití ya ha sido desarticulado por la influencia de los Estados Unidos en el pasado. En 1991, Jean Bertrand Aristide, el primer presidente de Haití electo democráticamente fue quitado a través de un golpe de estado apoyado por los Estados Unidos. Como condición para regresar a Haití, los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial requirieron que Aristide abriera el país al libre comercio. Los aranceles sobre el arroz (grano básico para el país) se redujeron del 35 al 3%. Financiamiento del estado fue desviado del desarrollo agropecuario y hacia la financiación la deuda externa del país. Arroz subsidiado de Arkansas (era la época de la presidencia de William Clinton, proveniente de ese estado) inundó el mercado haitiano. La producción de los campesinos y campesinas arroceros fue destruida y hoy en día casi todo el arroz que se consume en Haití es importado. Sacos de arroz se pueden ver en todos los mercados y tiendas de las comunidades, también como bultos encima de las cabezas de la gente y en los costados de las mulas.

Hoy en día, los Estados Unidos están desestabilizando el sistema alimenticio de Haití desde su base. Una carta que fue enviada del Ministro de Agricultura de Haití a Monsanto indica que semilla modificada genéticamente pudo haber sido ofrecida a parte de la semilla híbrida. “en la ausencia de una ley que regule el uso de organismos genéticamente modificados (OGMs) en Haití, no estoy en libertad de autorizar el uso de semilla Roundup Ready o ninguna otra semilla con material genéticamente modificado”, dijo Juanas Gue, Ministerio de Agricultura de Haití en una carta a Monsanto xii, la cual comprueba claramente que abrirá nuevos mercados en países en vía de desarrollo para su semilla transgénica y químicos tóxicos. En 2005, Monsanto fue condenado por el gobierno de los Estados Unidos por haber sobornado a funcionarios de Indonesia de alto nivel para legalizar el algodón genéticamente modificado. También hay evidencia que en 2004 Monsanto vendió una finca a un senador brasileño por un tercio de su valor en intercambio a ayudara a legalizar el glifosato, el herbicida más utilizado en todo el mundo (comercializado por la compañía como Roundup). xiii

De acuerdo con Paulo Almeida de 31 años, y miembro del movimiento brasileño de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) quien ha estado en Haití desde 2009 como parte de una brigada de solidaridad organizada por la Vía Campesina en Brasil, Monsanto también ha fomentado que campesinos brasileños siembren soja Roundup Ready de manera ilegal en Brasil. “Quieren implementar el paquete tecnológico de la Revolución Verde, lo cual no es posible en Haití. Aquí no hay forma de sobrevivir con monocultivos.”

La semilla de maíz donada por Monsanto fue tratada con el fungicida Maxim XO, y la semilla de jitomate calypso fue tratada con thiram, un químico tan tóxico que el gobierno de los estados Unidos requiere a los trabajadores de la agricultura utilicen ropa protectiva cuando utilizan las semillas tratadas con el fungicida. La comunicación entre Monsanto y el Ministerio de Agricultura no contiene ninguna explicación del riesgo causado por estos químicos, o alguna oferta de ropa protectora o entrenamiento especial para cuando los campesinos Haitianos utilicen esta semilla. xiv

El desarrollo de agricultura industrial en Haití está relacionado con planes para desarrollar una industria de agrocombustibles para la exportación en el país. En 2007 USAID publicó un informe sobre las perspectivas para los biocombustibles sólidos y líquidos en Haitíxv, mientras que en el documento de estrategia para Haití de 2007-08 del Banco Interamericano de Desarrollo indica que el quitar “obstáculos para la exportación de productos agropecuarios es una prioridad alta” y que “la promoción de biocombustibles está siendo explorada de forma especifica.” xvi

El gobierno estadounidense de Obama mantiene una política hipócrita e inconsistente en cuanto a Monsanto y los cultivos transgénicos. Cuando la familia Obama se mudó a la Casa Blanca sembró un huerto orgánico, y sólo podemos asumir que no sembraron transgénicos o semillas híbridas. En los Estados Unidos Monsanto monopoliza el 60 por ciento del mercado de semilla de maíz y el 80 por ciento del mercado de semilla de maíz transgénica. En marzo, el gobierno de Obama convocó audiencias publicas contra los monopolios que juzgarían sobre la competitividad en el mercado de semillas de los Estados Unidos y aún tiene que publicar sus conclusiones. Sin embargo, el gobierno de Obama está fuertemente promoviendo los intereses de las transnacionales de biotecnología para la agricultura de los Estados Unidos en el exterior. En la convención anual de la industria de biotecnología en mayo, José Fernández, secretario asistente para la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales indicó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos (el cual incluye al USAID) pretende confrontar agresivamente a los enemigos de la biotecnología para la agricultura.xvii

Mientras tanto, la corte suprema de los Estados Unidos está considerando presentemente el caso de Monsanto contra Geertson Seed Farms, al cual trata los efectos económicos y ecológicos de la contaminación genética de semilla orgánica a través de polen transgénico. Una decisión favorable para Monsanto llevará a la contaminación amplia de alfalfa orgánica, lo cual destruirá la industria lechera orgánica en los Estados Unidos. A pesar de que polen transgénico de Monsanto ha contaminado el maíz mexicano por más de una década, la compañía recientemente recibió permisos del gobierno de ese país para llevar a cabo experimentos de campo sobre maíz transgénico en cuatro estados. México es la cuna del maíz, con miles de variedades nativas. La contaminación del maíz haitiano con polen del híbrido de Monsanto también ocurrirá y podría resultar en que las variedades Haitianas fueran no utilizables para guardar y re-sembrar, obligando a los campesinos a una dependencia de esa compañía. “La entrada de Monsanto a Haití significará la desaparición de los campesinos”, dijo Doudou Pierre Festil, miembro del Movimiento Campesino del Congreso de Papaye y coordinador de la red Nacional Haitiana de Soberanía y Seguridad Alimentaria. “Si la semilla de Monsanto llega a Haití, la semilla de los campesinos desaparecerá. La semilla de Monsanto creará problemas de salud y medio ambiente. Por eso es necesario para nosotros luchar contra este proyecto de muerte que busca eliminar a los campesinos”.

“Si el gobierno de los Estados Unidos verdaderamente quiere ayudar a Haití, ayudará a los Haitianos a construir su soberanía alimentaria y agricultura sustentable”, bastada sobre sus propias semillas nativas y acceso a la tierra y a crédito. Esta sería la verdadera manera de ayudar a Haití”, dijo Dena Hoff, campesina de una granja diversificada en el estado de Montana y miembro del Comité de Coordinación Internacional de la Vía Campesina.

Las Naciones Unidas calculan que el 75 por ciento del la diversidad fitogenética del mundo ha sido perdida en la medida que campesinos han abandonado su semilla local por semillas de variedades genéticamente uniformes ofrecidas por las transnacionales y en la medida que semillas transgénicas e híbridas han contaminado a las variedades nativas. Homogeneidad genética incrementa la vulnerabilidad de los campesinos a cambios climáticos súbitos y a nuevas enfermedades y plagas, mientras que la agrobiodiversidad de semillas, adaptadas a distintos micro-climas, alturas y suelos es fundamental para poder ser adaptadas al cambio climático.

Las voces que critican las donaciones de Monsanto declaran que la mejor forma de asegurar suficiente semilla para Haití es a través de la colección, conservación y distribución de variedades locales y nativas en bancos de semilla de las comunidades. Las variedades nativas de semillas en Haití han sido desarrolladas y adaptadas a las distintas regiones de Haití a través de varias generaciones, al ritmo de su pueblo. Guardar y resembrar estas semillas reesfuerza la maleabilidad genética, como su capacidad de adaptarse rápidamente a través de generaciones a las cambiantes condiciones de cultivo, y también incrementa la agrobiodiversidad.

Países que son islas están especialmente amenazadas por el cambio climático. Si los Estados Unidos no rectifica su política hacia Haití esta vez, no habrá otra oportunidad. Dada la extensión de la inseguriadad alimentaria y la degradación al medio ambiente en Haití, el país debe adoptar una política de soberanía alimentaria para que su pueblo y su biodiversidad puedan sobrevivir. El 98 por ciento del bosque tropical nativo de Haití se ha perdido, hay una erosión de los suelos muy extensa y la desertificación está incrementando. Haití no puede sostener más destrucción ecológica que traería la imposición de la agricultura industrial. Alternativamente, si el gobierno de Obama apoyara una política de soberanía alimentaria en Haití, el país podría construir un modelo de producción alimentaria que alimentara a todo el pueblo Haitiano con alimentos sanos, que incrementara la biodiversidad y resistencia ecológica y contribuiría a un desarrollo económico local y sustentable. Investigaciones recientes por agroecologistas en la Universidad de Michigan denuestran que agricultura de pequeña escala es más eficiente en conservar e incrementar la biodiversidad y los bosques que la agricultura industrial. xviii Para implementar una política de soberanía alimentaria, Haití debe desarrollarse sin la semilla de Monsanto. Afortunadamente, los campesinos Haitianos tienen una larga historia de resistencia y lucha. Haití fue la primera colonia en el hemisferio oeste que tuvo un levantamiento de esclavos exitoso y que resultó en una nación independiente en 1804. Haití fue maltratada por los poderes globales emergentes, sobre todo a los Estados Unidos. “Defendemos nuestra agricultura campesina, defendemos la soberanía alimentaria y defendemos el medio ambiente de Haití hasta nuestra gota de sangre”, dice la Declaración Final de la marcha contra Monsanto. “Nos comprometemos a unir nuestras fuerzas para cambiar este estado anti-campesino y anti nacional. Queremos construir otro tipo de estado, un estado que defienda la agricultura campesina, un estado que apoye a los hombres y mujeres rurales en la protección del medio ambiente y la conservación de los suelos y los bosques” xix

Hablando desde el escenario de la plaza Charlemagne Péralte, nombrada por el líder Hinche de un movimiento armado contra la ocupación de 1915-1934 de Haití, Chavannes Jean-Baptiste quemó simbólicamente la semilla de Monsanto, mientras que otras empezaron a distribuir paquetes de semilla criolla al la multitud entusiasta. “Tenemos el derecho a luchar por nuestras semillas”, dijo Jean-Baptiste. “Tenemos que defender nuestra soberanía alimentaria”.xx

Notas:

1 PR Newswire. “Monsanto Company Donates Conventional Maizeand Vegetable Seed to Haitian Farmers to Help Address Food Security Needs.” May 13 2010. http://www.prnewswire.com/news-rele....

2 Monsanto Company. “Monsanto donates maizeand vegetable seed to Haiti.” Monsanto Blog May 13 2010. http://www.monsantoblog.com/2010/05.... Accessed June 7 2010.

3 Urfie, Fr. Jean-Yves. “A new earthquake hits Haiti: Monsanto's deadly gift of 475 tons of genetically-modified seed to Haitian farmers.” Global Research. Canada. May 11, 2010.

4 Monsanto Company. “Haiti seed donation timeline.” http://www.monsanto.com/features/he.... Accessed June 15 2010 @ 10:46 EST.

5 Email exchange dated April 1st between Elizabeth Vancil and Emmanuel Prophete, in which Jean Robert Estimé is included at a Project Winner email domain.

6 project winner.

7 Katz, Jonathan M. “Monsanto gives Haiti $4 million in hybrid seed.” Associated Press. May 14, 2010. http://www.politicalfriendster.com/....

8 Monsanto Company. “Five answers on Monsanto's Haiti seed donation. Monsanto blog May 20 2010. http://www.monsantoblog.com/2010/05....

9 Katz, Jonathan M. “Monsanto gives Haiti $4 million in hybrid seed.” Associated Press. May 14, 2010. http://www.politicalfriendster.com/....

10 Monsanto Company. “Monsanto donates maizeand vegetable seed to Haiti.” Monsanto Blog May 13 2010. http://www.monsantoblog.com/2010/05....

11 Monsanto Company. “Five answers on Monsanto's Haiti seed donation. Monsanto blog May 20 2010. http://www.monsantoblog.com/2010/05....

12 Holt-Gimenez, Eric. “Haiti: roots of liberty, roots of disaster.” Huffington Post, January 21 2010. http://www.huffingtonpost.com/eric-....

13 Haitian Minister of Agriculture. Letter to Mr. Jerry Steiner, Executive Vice President for Sustainability and Corporate Affairs, Monsanto Company. March 26 2010.

14 Kenfield, Isabella. “Monsanto's seed of corruption in Brazil.” North American Congress on Latin America. October 16 2010. https://nacla.org/node/1417 .

15 Bell, Beverly. “Haitian farmers commit to burning Monsanto hybrid seed.” Huffington Post. May 17 2010. http://www.huffingtonpost.com/bever....

16 Portnoff, Marc. “Prospects for solid and liquid biofuels in Haiti.” United States Agency for International Development. April 2007.

17 Inter-American Development Bank. “Country strategy with Haiti: 2007-2011.” November 2007. http://enet.iadb.org/idbdocswebserv... .

18 Clapp, Stephen. “State Department official pledges to confront global biotech critics naysayers.” Informa.com. May 10 2010; Volume: 52, Issue: 09. Received via email on May 7 2010.

19 University of Michigan. “SNRE Professor Perfecto co-authors PNAS paper on family farms, biodiversity and food production.” ANN ARBOR, MI, February 22, 2010. http://www.snre.umich.edu/newsroom/...

20 Final declaration of Haitian movements against Monsanto, June 4 2010.

21 Weekly News Update. “Haiti: Thousands of farmers reject Monsanto's seeds.” http://weeklynewsupdate.blogspot.co... . June 7 2010.

Juan Manuel Santos, notorious Defense Minister in the regime of outgoing President Alvaro Uribe and closely identified with high crimes against humanity “won” the recent Presidential elections in Colombia, June 2010. The major electronic and print media CNN, FOX News, Washington Post, the New York Times, The Wall Street Journal, and the once liberal Financial Times (FT) hailed Santos election, as a great victory for democracy. According to the FT, “Colombia not Venezuela is (the) best model for Latin America” (FT 6/23/2010 p. 8). Citing Santos “overwhelming” margin – he garnered 69% of the vote, the FT claimed he won a “strong mandate” (FT 6/22/2010). In what has to be one of the most flagrant cover-ups in recent history, the media accounts exclude the most egregious facts about the elections and the profoundly authoritarian policies pursued by Santos over the past decade.

The Elections: Guns, Elites and Terror

Elections are a process (not merely an event) in which prior political conditions determine the outcome. During the previous eight years of outgoing President Uribe's and Defense Minister Santos' rule, over 2 million, mostly rural poor, were forcibly uprooted and driven from their homes and land and displaced across frontiers into neighboring countries, or to urban slums. The Uribe-Santos regime relied on both the military and the 30,000 member paramilitary deathsquads to kill and terrorize entire population centers, deemed “sympathetic” to the armed insurgency, affecting several million urban and rural poor. Over 20,000 people were killed, many, according to the major Colombian human rights group, falsely labeled “guerrillas”. Santos as Defense Minister was directly implicated by the Courts in what was called “false positives”. The military randomly rounded up scores of poor urban youth, shot them and claimed a resounding victory over the FARC guerrillas.

Several of the most important captured paramilitary deathsquad leaders testified that over 60 of the congress people backing Uribe – Santos were on their payroll and they “ensured” votes from regions under their control. Faced with damaging testimony, Uribe-Santos double-crossed their narco-deathsquad comrades and “extradited” them to the U.S. where the judicial process excluded evidence linking them to the mass killings at the behest of Uribe-Santos.

Over two thousand trade unionists, human rights activists, journalists and congress- people critical of Uribe-Santos were murdered by deathsquad hit-men serving the regime. The world's major trade union confederations have sent missions and published reports condemning Colombia as the most dangerous country for workers' representatives.

In other words all the social sectors with social and political grievances against the regime were terrorized, many of their local opinion leaders, killed, displaced or driven into exile … undermining the possibility of sustained independent socio-political organization.

Pervasive state terror led to few local leaders surviving, undermining the electorate's capacity to exercise a free and independent organization.

On election day, the regime mobilized over 350,000 military and police officials, many involved in the decade long repression, to “oversee” the elections and to remind the voters of the force behind the “official candidate” (La Jornada 5/30/2010).

The electoral outcome was far from the “mandate” of the Colombian people as claimed by the mass media. The ‘winner' was the “abstentionists” with 56% of the electorate, the position advocated by the FARC. Now clearly the majority of the abstentionist vote did not reflect support or sympathy for the FARC; rather it reflected disaffection with the regime's violent repression, massive dispossession of millions and its total failure to deal with the under and unemployment affecting 40% of the economically active population.

In fact Santos received 30% of the vote of the electorate, hardly a mandate. If we examine the social-ecological background of the voters, it is clearly a mandate from the elite. The highest levels of abstention were among several distinct groups. Among the shanty towns and rural areas suffering from repression and neglect, abstention rose to over 80%. In contrast, in the middle and upper class sectors of the major cities, over 60% voted for the candidate of the regime. Uribe-Santos tried to explain away the massive abstention by citing the weather (rain) and the World Cup soccer matches .However the low turnout took place throughout the country, in dry and inclement weather. And the games did not occupy the entire day of voting. The mass media systematically ignored the horrendous crimes under Defense Minister Santos, his indictment in the “false positive” murders, his long term large scale association with the death squads and with the Uribe regimes promotion of narco trafficking. They ignored his support for de-regulating the financial system, resulting in the defrauding of hundreds of thousands of Colombian small investors.

Comparing Colombia to Venezuela

Yet the Financial Times (6/23/2010) favorably compares Colombia under Uribe-Santos against Venezuela under Chavez, “Crackers about Caracas? Latin American should be bonkers about Bogota instead”. According to the FT Venezuela under Chavez is said to be unsafe, authoritarian and economically in decline. The editors of the FT, echoing the rest of the media, claim Colombia is a prosperous democracy, with a system of checks and balances; with safe and peaceful neighborhoods … except when the neighborhoods of the poor protest unemployment or the rural villagers march against land grabs by the landlord funded gunmen. The FT fails to mention the resurgence of paramilitary gangs terrorizing the Colombian countryside, (La Jornada 5/28/2010) but instead they focus on street crime in Caracas.

The Venezuelan government, contrary to the US media, promotes community based social movements which would be targets of military raids in Bogota.

The only “paramilitary” groups in Venezuela are cross-over's from Colombia, pursued and punished by the Venezuelan National Guard. In Venezuela trade unions participate in the management of major industrial plants, unlike Colombia where they are murdered including workers in the major Coca Cola,coal, oil and banana industries.

Behind the media lies and falsifications abut Colombia's election and its political leaders are several basic considerations.

Uribe-Santos are fervent free market advocates, eagerly pursing a free trade agreement held up in the US Congress because of their killing fields.

Uribe-Santos are unconditional clients of the Pentagon, receiving $6 billion in aid and handing over 7 military bases, under US jurisdiction to threaten Venezuela, Ecuador and any other country the Obama regime deems a hostile to US domination.

Uribe-Santos recognized the Honduras regime, product of a US backed military coup in mid 2009 – contrary to the rest of Latin America.

The fact that the mass-media have so enthusiastically embraced a regime with the worst human rights record since the fall of the military dictators of the 1970's - 1980's (La Jornada 6/17/2010) is indicative of the right turn under the Obama Wall Street regime.

According to the White House and media, death squad democracies like Colombia now qualify as “role models” for Latin America. The problem is that neither the vast majority of Latin America citizens, nor most of the democratic parties in the region are buying: they prefer democracies without deathsquads, foreign military bases and narco-dealing Presidents. At present, the White House's three leading allies in the region, Colombia, Peru and Mexico produce and sell 80% of the cocaine in the region. Will this appear in the media's salutations to newly elected presidents?