En el desarrollo de propuestas orientadas a la defensa de las riquezas naturales en Colombia ha sido una constante que en regiones como el Nordeste Antioqueño, sus habitantes históricos sean mujeres y hombres que han llegado allí huyendo de poderes económicos que los desplazaron con violencia de sus terruños. Finalmente todos han terminado parados en medio de riquezas naturales que ocuparon un segundo plano para el Estado mientras eran los pobres golpeados que tenían allí su último refugio para rehacer sus vidas. Estas mismas regiones, hasta antes de ser objeto de interés para las multinacionales fueron condenadas al abandono absoluto tanto en infraestructura, como en atención social y en su mayoría, dichos territorios fueron vetados en su pertenencia (derecho a tener la propiedad) desde 1959 por la ley 2 que los declaró Zonas de Reservas Forestales.

En el caso del Nordeste Antioqueño, parte de su territorio se encuentra dentro de los límites occidentales de la Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena que corresponden en mayor extensión a lo que se encuentra viniendo del divorcio de aguas del río Honda con el río Nechí; de allí hacia el Norte hasta encontrar el divorcio de aguas del río Nechí con los afluentes del río Magdalena, y por allí hasta la cabecera de la quebrada Juncal.(1)

Hoy los campesinos, ya mineros o agricultores y los territorios que han habitado y que son ricos en fauna, flora, agua y minerales, golpeados en simultaneidad por la enajenación y el terrorismo paraestatal, encuentran dos nuevos agresores en acción, que son un código de minas que favorece a las grandes multinacionales en los trámites para la apropiación de las riquezas mineras del país y convierte en delito la práctica artesanal de extracción de minerales por parte de los mineros tradicionales. Y unas empresas multinacionales que pretenden expulsar a los campesinos de los territorios que han habitado por décadas o hacerlos sus trabajadores en condiciones oprobiosas, puesto que ostentan un "mejor derecho" otorgado precisamente por una legislación injusta tanto minera como laboral, para luego de haber extraído las riquezas dejar los territorios completamente arrasados y en la pobreza absoluta.

Se encuentran contradicciones como que en el caso de las zonas de reserva forestales que comprenden casi la mitad del territorio nacional, en las que un campesino aún hoy no puede aspirar a obtener la propiedad del territorio que lleva trabajando durante treinta o cuarenta años, las multinacionales mineras gocen ya del derecho de exploración y explotación del subsuelo del mismo territorio.

A partir de la decisión política del gobierno nacional de hacer de Colombia un "País Minero" se conformaron lo que se conocen como distritos mineros 26 zonas compuestas por 180 municipios del territorio nacional. Dichas zonas fueron definidas por el volumen de producción, grado de concentración y tradición minera. El Nordeste Antioqueño fue definido como uno de esos distritos, compuesto por los municipios de Nechí, Caucasia, Cáceres, El Bagre, Remedios, Segovia, Zaragoza, Anorí, San Roque, Maceo, Amalfi y Tarazá.

Por otro lado, con lo que se ha programado desde el gobierno nacional dentro del Plan Nacional de Desarrollo Minero Visión 2019, se encuentran estudios que apuntan a la extracción total de las riquezas naturales existentes en el país. Para el caso de Antioquia se nota un incremento de la producción de oro en nueve años casi tres veces.

Año Producción en Kg

Fuente: Minercol-Ingeominas. en PNDM.

Ahora, según Ingeominas en el 2007, el 73,73% de la producción de oro nacional provenía del departamento de Antioquia. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que contrario a las proyecciones realizadas y plasmadas en el PNDMV2019 lo que se observa después de 2004 tanto en producción como en exportación de oro es una fuerte disminución en las mismas. Es así que para ese año la producción de oro en Antioquia fue de 28.081.269 millones de gramos equivalente al 74,41% de la producción y en el 2007 fue de 11.414.178 millones de gramos, mientras que uniendo cifras a nivel nacional se encuentra que en el 2004 hubo una producción de oro total de 37.738.642 millones de gramos y en el 2007 fue de 15.481.548 millones de gramos. (2)

Es en este periodo de tiempo en donde se empieza a hablar de la necesidad de modificar el Código de minas y efectivamente en el 2007 que es presenta ante el senado de la república el proyecto de reforma. En la que el deber de garantía y protección del medio ambiente que tiene el Estado es convertido en una cláusula de responsabilidad social empresarial en el marco del desarrollo humano, desconociendo la magnitud de las obligaciones que tienen las empresas en un marco constitucional y legal que prioriza el respeto por los derechos colectivos sobre los beneficios particulares que conlleva el desarrollo.

Otro elemento que trastorna la idea de conservación y compromisos serios con el medio ambiente y contra el calentamiento global, es que el proyecto de ley que hoy es la ley 1382 de 2010 que modifica la ley 681 de 2001, impone un término de 5 años al gobierno nacional para que haga las sustracciones de reserva forestales necesarias con el fin de que se pueda desarrollar la industria minera.

En esta misma lógica el Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y obedeciendo a que "en los incisos 4 y 6 del artículo 3 de la Ley 1382 de 2010, se dispuso que las reservas forestales protectoras nacionales no podrán ser objeto de sustracción para adelantar actividades mineras y que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial establecerá los requisitos y el procedimiento para la sustracción a que se refiere el Inciso anterior. Igualmente establecerá las condiciones en qué operará la sustracción temporal en la etapa de exploración." (3)

Se encuentra haciendo el trámite de publicación correspondiente a dos proyectos de resoluciones que por un lado señalan las "actividades exentas de efectuar la sustracción de las reservas forestales nacionales” en donde se incluyen las actividades de exploración sísmica que no involucre vías de acceso y la prospección minera. Y por otro lado, otra resolución por medio de la cual "se establecen los requisitos y el procedimiento para la sustracción de las reservas forestales nacionales para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública e interés social y se adoptan otras determinaciones” en lo que sólo se limita la posibilidad de sustraer la reserva forestal a cuando el área solicitada coincide con territorios indígenas o de comunidades negras, páramos y parques nacionales.

Situación en Remedios

De acuerdo con las cifras dadas por la Dirección de Titulación y Fiscalización Minera de la Gobernación de Antioquia en el municipio de Remedios se han otorgado 90 contratos de concesión minera, 23 licencias de explotación, 16 licencias de exploración y están el proceso 164 propuestas de contratos de concesión minera. (4)

Por su lado, CORANTIOQUIA adelanta un proyecto denominado "Ordenación Forestal Sostenible de la Reserva del Magdalena Medio" que para la región de Nordeste Antioqueño cubre los municipios de Remedios y Segovia y parte de su objetivo es "apoyar las operaciones de sustracción en la zona de reserva y la legalización de la propiedad privada, hasta obtener una zona de propietarios que puedan acceder a múltiples beneficios del estado". (5)

Es un falacia asegurar como lo hacen los defensores de la gran minería, que los campesinos y campesinas mineros son incapaces de proteger el medio que les ha proporcionado a ellos y a sus ancestros la posibilidad de vivir a pesar de la negación de sus derechos por parte de un estado que durante 61 años se ha rehusado a reconocer el derecho legal al territorio para el campesino habitante de la Zona de Reserva Forestal -ZRF del Magdalena Medio.

Sólo como consecuencia de la necesidad de facilitar las herramientas a las multinacionales mineras para la extracción de todas las riquezas del subsuelo colombiano es que se han creado leyes que permiten sustraer territorios que hasta hace poco eran parte del patrimonio ambiental del país para convertirlos en productos expuestos a la venta de multinacionales que no van a devolver ni en vidas, ni en ambiente, ni en dinero, lo que se llevarán del territorio nacional: las riquezas naturales tanto en minerales como en cuidado del ambiente de todos. (6)

La Zona de Reserva Campesina como alternativa

No es un secreto que en territorios como el Nordeste Antioqueño se practica la minería artesanal desde hace mas de cincuenta años, pero también es cierto que los mineros tienen conciencia de la prioridad que tiene mejorar el proceso extractivo e introducir prácticas que protejan el medio ambiente. Es por esta razón que han decidido organizarse en comités mineros promovidos por la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra.

La Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra es la alternativa para los campesinos, mineros artesanales y barequeros, dado que esta es una figura goza del marco constitucional que permite reivindicar los derechos que como campesinos y mineros tienen sobre el territorio en su integralidad, partiendo de la la función social y ecológica de la propiedad (art.58 CN); el deber del Estado de promover el acceso de los trabajadores rurales a la propiedad de la tierra y a servicios y derechos económicos, sociales y culturales (art.64 CN); la especial protección del Estado a la producción de alimentos a través de la priorización de las actividades agrícolas, pesqueras, forestales, pecuarias y agroindustriales (art. 65 CN); la obligación del Estado de proteger la integridad y diversidad de los recursos naturales. (art. 79 CN); la obligación del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales hacia el desarrollo sostenible, la conservación, restauración y restitución de los mismos.(art. 80 CN); el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. (art. 40 CN) y la protección del medio ambiente como responsabilidad no solo del Estado sino del total de la sociedad y la crisis ambiental como crisis de civilización que obliga a revisar las injusticias y desigualdades sociales que reproducen la miseria. (Sentencias de la Corte Constitucional T-451 y T-536)

Finalmente, es por esta razón que han decidido organizarse en comités mineros promovidos por la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Ya están establecidos los de Carrizal, Las Paveras y San Pacho de Panamá 9, todos del municipio de Remedios. El primero desde el mes de diciembre de 2009, los otros dos desde el mes de mayo de 2010.

Notas:

1. Ley 2 de 1959 art. 1 literal C).

2. Ingeominas

3. Proyecto de Resolución publicado por el MMADT Por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la sustracción de las reservas forestales nacionales para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública e interés social y se adoptan otras determinaciones. -subrayado fuera de texto-

4. Proyecto de Resolución publicado por el MMADT Por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la sustracción de las reservas forestales nacionales para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública e interés social y se adoptan otras determinaciones. -subrayado fuera de texto-

5. Oficio de respuesta de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia N° E 201000171874 del 23 de abril de 2010 a derecho de petición presentado por la Acvc.

6. Oficio de respuesta de Corantioquia N° 130ZF-103-510 de fecha 10 de mayo de 2.010 a derecho de petición presentado por la Acvc págs. 3 y 4.

7. Para concluir esto sólo es observar la experiencia con la Drummon y otras multinacionales mineras que están operando en la actualidad tanto en Colombia como en otros países latinoamericanos.

“Somos constructores de caminos hacia la Paz”.

Así lo afirmó la senadora Piedad Córdoba, quien comentó que en dos cartas que ha enviado este grupo guerrillero a Colombianos y Colombianas por la Paz, ha quedado plasmado este compromiso.

"La última carta que llegó a Colombianos y Colombianas por la paz habla de que la guerrilla está dispuesta aplicar el Derecho Internacional Humanitario, que en la época del comandante Marulanda jamás se tocaba. Ahora empieza a verse un escenario muy distinto", dijo la senadora en diálogo con Rcn Radio.

De acuerdo con Córdoba, este compromiso de las Farc "no se reduce a la liberación, sino también a lo que tiene que ver con el tema de las minas antipersonas, de los niños en el conflicto y de acuerdos humanitarios regionales, que son muy importantes".

Según la Senadora, para lograr estos acuerdos con la guerrilla "se viene trabajando muy fuertemente en una mirada de largo alcance que incluya lograr llegar a una negociación política en este país", dijo haciendo referencia a una posible liberación que estaría condicionada a alguna propuesta de la cual no dio detalles.

"En este proceso que se prepara, juega un papel muy importante la Iglesia", concluyó.

Sinopsis

En el siglo XVIII la aristocracia cubana se concebía a sí misma como patricia, aureolada por ejercer "un esclavismo benévolo", aparentemente menos cruel que el de otros países cercanos. Un conde se tomó demasiado en serio ese predicado y sustituyó a Cristo para "humillarse ante sus siervos" reuniendo a doce esclavos les lavó y besó los pies. Después los invitó a cenar. Durante la cena conversó con ellos e intentó justificar con los principios de humildad y resignación de la religión católica, la explotación que ejercía sobre ellos. Una Semana Santa que le acarreó algunos quebraderos de cabeza y puso de estandarte las de los supuestos documentales apóstoles, escogidos entre la dotación de su plantación cañera.

LA ÚLTIMA CENA

Título: La última cena

Dirección: Tomás Gutierrez Alea.

Guión: Tomás G. Alea, Maria Eugenia Haya,

Constante Diego y Tomás González.

Reparto: Nelson Villagra, Silvano Rey, Luis Alberto García, José Antonio Rodríguez, Samuel Claxton, Mario Balmaseda, Mirta Ibarra.

País(es): Cuba Año 1976

Duración 108 minutos

LUGAR: CREDHOS AV 52 # 25 - 49 BARRIO GALÁN

HORA : 6: 00 P.M

El presidente electo Juan Manuel Santos, luego de reunirse en el palacio de Nariño con el presidente Álvaro Uribe Vélez, acudió a un encuentro con el Alto Mando militar y de la Policía Nacional en la sede del ministerio de Defensa, su último lugar de trabajo hasta antes de lanzar su candidatura a la Presidencia de la República. En la reunión Juan Manuel Santos ratificó su apoyo a las tropas y a los uniformados de la Policía y se comprometió a avanzar en la consolidación de la política de “seguridad democrática”. Allí aprovechó para anunciar el nombramiento del actual viceministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, como Secretario General de la Presidencia de la República, cargo que ejercerá a partir del 8 de agosto próximo. Entretanto, la Organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió al presidente electo, desvincularse totalmente de las prácticas que fueron conducta común durante el Gobierno del presidente Uribe y en el cual él actuó como Ministro de Defensa, y que violan flagrantemente los derechos humanos y las libertades fundamentales garantizadas por la Constitución Nacional, entre las que figuran las de informar y ser informado. RSF insistió en que la reforma de los servicios de inteligencia, que deberá emprender el nuevo presidente, no puede ni debe iniciarse sin la desclasificación completa de las grabaciones y documentos recopilados por el DAS y las demás agencias estatales implicadas durante la “caza” de periodistas y defensores de los derechos humanos. Por su lado, la periodista Claudia Julieta Duque, una de las que ha sido perseguida con mas saña por el DAS, pidió al Consejo Europeo (CE) que investigue la responsabilidad del presidente Álvaro Uribe Vélez, en el espionaje y persecución a periodistas y defensores de los derechos humanos tanto en Colombia como en el extranjero. La periodista aseguró, que las amenazas, las escuchas ilegales y la persecución a que fueron sometidas mas de 300 personas por parte del DAS eran de conocimiento del presidente Uribe, por cuanto el DAS es un organismo que depende directamente de la Presidencia de la República. Dijo además, que el Gobierno de España debería abrir una investigación sobre la actuación de una ONG en Valencia, que era utilizada como fachada por agentes del DAS para neutralizar a otras ONG y personas defensoras de derechos humanos. Caracol – Radio, CMI – Tv, El País – España, El Espectador, 23/06/10 – 01/07/10

Luego que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, expresara su voluntad de avanzar en la restauración plena de las relaciones diplomáticas con el nuevo Gobierno de Juan Manuel Santos, rotas en marzo de 2008, y de construir el futuro conjuntamente pero “sin olvidar el pasado”; un medio de prensa ecuatoriano divulgó que fuentes no identificadas provenientes del DAS, aseguran que esa agencia de inteligencia había realizado escuchas ilegales a la sede de la embajada de Ecuador en Bogotá e incluso interceptado los teléfonos del despacho del Presidente Correa en Quito. La noticia generó gran preocupación en los Gobiernos de Colombia y Ecuador, lo que motivó al Director del DAS a declarar como infundada esa noticia y a afirmar categóricamente que jamás el DAS ha intervenido en la privacidad del presidente Correa o de ciudadano ecuatoriano alguno. Por su parte el presidente Rafael Correa ordenó una investigación a fondo, al tiempo que sentenció que de ser cierto el espionaje “no solo sería un obstáculo para mejorar las relaciones bilaterales, tendríamos que volver a romper las relaciones diplomáticas”. Actualmente los dos países mantienen relaciones diplomáticas en el nivel de Encargados de Negocios y una agenda de negociaciones entre varias comisiones binacionales, para la normalización de relaciones diplomáticas. Finalmente, la Cancillería de Ecuador envió una Nota Diplomática a su par de Colombia, en la que pide información y explicaciones; por lo cual el presidente Álvaro Uribe y el vicepresidente Francisco Santos han declarado que ser trata de una campaña realizada por detractores del DAS para socavar el proceso de restauración de las relaciones entre los dos países. CMI – Tv, Telesur – Tv, Radio del Sur, El Universo – Ecuador, El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, 23/06/10 – 01/07/10

Entretanto, un medio noticioso de Panamá reveló que entre la información del computador de Raúl Reyes fueron encontrados 33 archivos que dan cuenta de que dirigentes de la guerrilla de la Escola de Cultura de Pau: FARC sostuvieron diálogos y encuentros con Mireya Moscoso y Martín Torrijos, cuando fueron presidentes de ese país. Asegura el diario La Prensa, de Panamá, que los diálogos se habrían sostenido para evitar enfrentamientos con esa guerrilla en la zona fronteriza y mantener una posición neutral frente al conflicto interno colombiano. El diario La Prensa asegura que los documentos fueron obtenidos gracias a contactos con miembros de las Fuerzas de Seguridad de Colombia. Los encuentros, además habrían sido sostenidos por altos funcionarios de los Gobiernos de Moscoso y Torrijos, los que se habrían comprometido a la devolución de unos guerrilleros de las FARC capturados en suelo de Panamá y a admitir la presencia de guerrilleros en la zona fronteriza, siempre y cuando lo hicieran sin uniformes. Por su lado la ex presidenta Mireya Moscoso declaró que su Gobierno jamás apoyó a las FARC y negó haber mantenido contactos con guerrillero alguno. El presidente actual, Ricardo Martinelli, dijo que “Gobiernos anteriores a su mandato, que no identificó, tenían arreglo amistoso con el narcotráfico y con guerrilleros”. Entretanto, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, rechazó estas informaciones y dijo que, por el contrario, siempre había recibido ayuda y cooperación de esos dos gobernantes, en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Mientras estas declaraciones sorprendían a la opinión pública de los dos países, el comandante de la Policía en el departamento del Chocó, coronel José Javier Herrera, admitió que la guerrilla de las FARC usan la frontera con Panamá, como corredor estratégico y refugio. Dijo el oficial la guerrilla utiliza la espesa geografía de la selva de El Darién para traspasar la frontera de un país a otro, ante las persecuciones de las Fuerzas Armadas colombianas y los organismos de seguridad de Panamá. Por su parte el ministro de Seguridad Pública de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó que las FARC usan la zona fronteriza para descansar y para comprar víveres, y que algunos miembros de la Policía de Fronteras de su país le confirmaron que en el pasado tenían la orden de no confrontar a los rebeldes. Los militares de la zona le confirmaron que, durante la administración anterior (Martín Torrijos 2004 – 2009), en dos ocasiones ellos “se toparon con las patrullas de la guerrilla de las FARC y el Gobierno panameño no autorizó el avance”, sino que les ordenó que “dejaran pasar a los guerrilleros o que no hicieran nada”. El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Herald, Telesur – Tv, CMI – Tv, La Prensa – Panamá, El Siglo – Panamá, 23/06/10 – 01/07/10

La Defensoría del Pueblo declaró que se han encendido las alarmas entre las organizaciones de Derechos Humanos, por temor a que los enfrentamientos entre las guerrillas de FARC y ELN en el departamento de Arauca y la ruptura de los pactos de convivencia entre estas dos organizaciones, agrave aún mas la crisis humanitaria en la región, que ha arrojado un alto número de campesinos asesinados y población que ha tenido que abandonar sus tierras, por el temor de ser represaliados por una u otra fuerza guerrillera por el solo hecho de habitar en sus territorios de influencia. Por su parte el general Rafael Neira, comandante de la 18ª Brigada, con sede en Arauca, explicó que las FARC y el ELN mantienen una vieja disputa por territorios, los que son utilizados para mantener sus influencias sobre la población y para la realización de sus actividades subversivas. De otra parte, la senadora Piedad Córdoba, figura mas visible del Movimiento de Colombianas y colombianos por la Paz (CCP) reveló que su movimiento junto con monseñor Leonardo Gómez Serna, obispo de Magangué, en nombre de la Iglesia Católica, reanudó el intercambio epistolar con las guerrillas de las FARC y ELN, y que a partir de las últimas comunicaciones con las FARC, éstas han mostrado su interés en que se abran puertas para una discusión política para buscar una salida al conflicto. La senadora asegura que las discusiones incluyen temas como el abandono del secuestro como arma de guerra y el respeto del Derecho Internacional Humanitario. La parlamentaria insistió en que las FARC han sido categóricas en afirmar que no harán mas entregas unilaterales ni individuales, pero no obstante, no se excluyen otras posibilidades sobre las que no abundó en detalles, “por razones de prudencia”. Finalmente, la Cancillería de Ecuador en comunicado público revela que su titular, el Canciller Ricardo Patiño, se reunió en la sede oficial en Quito con la senadora Piedad Córdoba con quien trató sobre la iniciativa de crear un “frente de países latinoamericanos que fortalezcan una posición de paz y mutuo respeto en la región”, iniciativa propuesta por CCP, por la que se ha mostrado interesado. El Tiempo, El Colombiano, CMI – Tv, Caracol – Radio, El Espectador, vanguardia Liberal, Univisión – Tv, El Universo – Ecuador, 23/06/10 – 01/07/10

Llega el mes de julio y con él nuestra acostumbrada programación cultural, sea esta la ocasión para invitarlos a compartir y a participar de las actividades con las que continuamos nuestra acostumbrada agenda cultural.

Cine - Cinéma julio "Cinéma juillet"

Todos los viernes a las 6:00 p.m. en nuestra Salle Cinéma

Entrada libre - Cupo limitado

viernes 2 de julio - Elle s`appelle Sabine (Ella se llama Sabine) viernes 9 de julio - Traffic (Tráfico) viernes 16 de julio - Lévi-Strauss par lui-même (Lévi-Strauss por él mismo) viernes 23 de julio - Chronopolis (Chronópolis) Viernes 30 de julio - Naissance des pieuvres (El nacimiento de los pulpos)

Café-Poème

Café-Poème, lectura de poesía en Español y Francés alrededor de un delicioso café colombiano el miércoles 28 de julio en Mediateca de la Alianza Colombo Francesa a las 6:00 p.m. Entrada libre.

Convocatoria

La red de Alianzas Colombo Francesas del país convoca a jóvenes diseñadores y creadores de moda que aplican los saberes tradicionales en la producción de prendas, a participar del concurso L`éthique c` est chic, que fomenta la producción de moda ética con la utilización de materiales reciclados, fibras naturales, formas de elaboración tradicionales y autóctonas, el mercado justo y la sostenibilidad del medio ambiente. El ganador participará en la pasarela Ethical Fashion Show de París en 2011.

Bases de la convocatoria: www.alianzafrancesa.org.co

Cierre de convocatoria: 15 de agosto de 2010

El pasado 16 de junio, la fiscalía recibió la denuncia sobre el atentado que sufrió Dagoberto Musse, exgobernador indígena del resguardo Chxa Yu´ce Fxiw, ubicado en el municipio de Cajibío, Cauca, del cual salio ileso pero al tiempo recibió un mensaje donde le anunciaban que él y su familiar Alcides Muse, actual integrante de la Consejería Mayor CRIC, tenían dos meses para salir de su territorio bajo la amenaza de ser asesinados.

DECLARACIÓN PÚBLICA

Los Pueblos Indígenas de Colombia, nuestras autoridades, organizaciones y dirigentes indígenas representados en la Primera Asamblea Nacional de Salud Indígena, convocada por la ONIC, AICO, CIT y OPIAC, en cumplimiento de las Leyes de Origen, el Derecho Mayor y el Derecho Propio, en pleno ejercicio de la libre determinación de los Pueblos,

Y de pronto los recuerdos surgen. Y con los recuerdos aparecen los sujetos, lugares, olores, sabores y melodías que se conectan entre sí para formar los tejidos de la memoria. La memoria tiene tras de sí múltiples intereses; para Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria [1] se encuentran inmersos no sólo en la propia reflexión que sobre ella hacen los historiadores; por el contrario, éstos surgen en la escena teórica contemporánea como un problema político y social en el cual se da una serie de luchas acerca de los cambios históricos y de la interpretación del pasado. La ceiba de la memoria [2], novela del escritor cartagenero Roberto Burgos Cantor, introduce al lector en un universo mágico donde se mezcla la ficción con la realidad. A través de un lenguaje literario y de una gran capacidad imaginativa, el autor rememora los sucesos de la esclavitud en la Nueva Granada durante el siglo XVII, en donde sobresalen diversos temas históricos, políticos y, por supuesto, existenciales. La polifonía de los personajes que la componen nos muestra no sólo la visión de la víctimas, sino también la de los victimarios y la de aquellos inconformes con lo que sucede.

En medio de las descripciones extensas de paisajes, viajes y comidas y de los monólogos de los protagonistas, el destierro y la esclavitud se mezclan para preguntarse por el tiempo y los lugares de la memoria, pero más importante aún es el papel que cumplen como momentos de ruptura y discontinuidad que ponen en entredicho el establecimiento de una historia que se cuenta desde la voz de los vencedores. Los personajes de la novela son sujetos capaces de cuestionarse a sí mismos y de cuestionar el orden de las cosas. La voz y la palabra cobran fuerza como dispositivos de control y de poder sobre aquellos otros; es el juego del amo y del esclavo en donde ambos se necesitan mutuamente para ser reconocidos, lucha de clases. Es la lucha por ser en el mundo, por ser nombrados seres humanos; es la lucha de Pedro Claver por entender los designios de Dios sobre esos hombres que viajan atados en las bodegas de los barcos en medio de sus heces, de su vómito. ¿Por qué viajan como bestias? ¿Por qué necesitan ser bautizados para ser humanos?

Son los gritos de los esclavos, el reclamo y la resistencia de Benkos Biohó, su música, sus dioses, sus ritos y su relación con la naturaleza, con la tierra. Esa que sembramos, caminamos, sentimos con los pies descalzos, pero también explotamos. La tierra donde dejamos nuestras raíces, la tierra que nombramos y que Benkos Biohó grita en su lengua para desenterrarla; la tierra que nos entierra o nos destierra. “Habrá que observar. La vida humana concluirá sin huellas. La vida humana se irá al fondo de la cueva, en la colina, y esperará la muerte anunciada. La vida humana cumplirá su ciclo con sigilo. La tierra cubrirá los restos. Sembrarán las ceibas los días de llanto por los muertos y allí, en su altura y su sombra, y su tallo más grande que un abrazo, pondrán la memoria de las acciones. Se irán unos y llegarán otros” (p.68). La tierra donde se construye la memoria. Huellas, indicios, vestigios, museos, lugares que tejen la historia de aquellos que se fueron. Ceibas, seres vivos que entrelazan sus raíces. Que hacen presencia en el mundo, pero que en su tallo recogen la marca del pasado y esperan por el futuro.

La palabra grita para recuperar su humanidad, su territorio, su vida. La historia de un negro africano que creó un movimiento de insurrección y rebeldía contra la esclavitud y fundó territorios libres, palenques que se convirtieron en el símbolo de los pueblos afrodescendientes en la Nueva Granada. La vida de un sacerdote que cuidó de ellos y que cuestionó constantemente los mandatos de Dios. La memoria de un pueblo, la búsqueda de las raíces y de la historia para comprender el pasado y el presente. Burgos Cantor recupera a través de su novela la historia de un acontecimiento, de una época y un lugar determinado: Cartagena de Indias en el siglo XVII, ciudad, puerto, baluarte, punto de llegada de españoles, jesuitas, misioneros y esclavos. Pero más allá de la simple narración, el autor nos introduce en una serie de relaciones y semejanzas que ponen en entredicho el papel pasivo de la memoria.

Los diálogos de Thomas Bledsoe –historiador contemporáneo que escribe una novela sobre la esclavitud en Cartagena mientras recorre los campos de concentración nazis– con el misionero Alonso de Sandoval o, mejor aún, los de Pedro Claver, evangelizador de los negros africanos, con la figura mítica de Benkos Biohó, símbolo de la resistencia afrodescendiente, nos enseñan desde la literatura que la historia es un oficio dialéctico que tiene como referencias no sólo las fuentes que encontramos en los archivos o bibliotecas, sino también en la música, las comidas, los cantos, los cuentos, los símbolos, las ciudades, los mercados, etc. En síntesis, la cultura popular se convierte de esta manera en un referente para la memoria, la identidad y el quehacer histórico. Su pluralidad y mezcla recupera las voces y los gritos de los pueblos originarios y las clases subalternas, sus raíces históricas, políticas y sociales, esas que son olvidadas en la historia de los grandes acontecimientos, pero que expresan las rupturas y discontinuidades de los mismos.

Y los recuerdos surgen. Y, con ellos, la historia va tejiendo identidades, lugares, dioses, lenguajes y símbolos. Oficio de viajeros en palabras de Duby, de desplazamientos diagonales, lentos, rápidos, superficiales, profundos, o, mejor aún, de relaciones. Las voces polifónicas de La ceiba de la memoria se entrelazan con el destierro. Dominica de Orellana sabe que aquél lugar no es su lugar, que su mundo esta separado por la inmensidad del mar y sus peligros. Magdalena Malemba, su esclava, prefiere darle la espalda al mar, su presencia rememora dolores y confirma la lejanía de su tierra. Ambas, resignadas, olvidan como “recurso contra la frustración y los signos de un porvenir indeseable” (p.131). La memoria y el olvido aparecen como categorías de ese gran tejido de relaciones que es la historia. ¿Qué debemos recordar y qué debemos olvidar?, o, mejor aún, ¿qué podemos recordar y que podemos olvidar? La memoria es política, cultural y cotidiana; de pronto, el recuerdo surge y, con él, las voces que comienzan a narrar pequeñas circunstancias olvidadas, a tejer relaciones con los otros, creando un tapiz en el cual la historia se enfrenta a la riqueza de lo plural, dejando así abierta la página para nuevas interpretaciones, para nuevos sentidos.

[1] Jelin, Elizabeth, Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI Editores, 2002.

[2] Burgos Cantor, Roberto, La ceiba de la memoria, Bogotá: Editorial Planeta Colombiana, 2da. Edición, 2009.

Julio 1 2010 ( 14:47) Unidades militares adscritas a la Brigada Móvil 2 del Ejército Nacional amenazan a un grupo de sesenta campesinos de la vereda el Diviso del municipio de Uribe (Meta) quienes se encuentran participando de un taller de derechos humanos y D.I.H.

Más de sesenta (60) líderes campesinos de La Uribe participan de un taller sobre protección a los derechos humanos y mecanismos de denuncia de violaciones de derechos humanos “el Ejército pretende ingresar al recinto en donde se realiza la actividad a pesar de que se le ha dicho que es un espacio de la población civil y de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales” , preciso Héctor Torres integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari.

Noticia en desarrollo…..

Julio 1 2010 (14:47, hora local) Unidades militares adscritas a la Brigada Móvil 2 del Ejército Nacional amenazan a un grupo de 60 campesinos de la vereda El Diviso del municipio de Uribe (Meta), quienes se encuentran participando de un taller de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Más de 60 líderes campesinos de La Uribe participan de un taller sobre protección a los derechos humanos y mecanismos de denuncia de violaciones de derechos humanos. “El Ejército pretende ingresar al recinto en donde se realiza la actividad a pesar de que se le ha dicho que es un espacio de la población civil y de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales”, precisó Héctor Torres, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari.

Noticia en desarrollo.

Durante los días 10, 11 y 12 de junio se llevó a cabo la sexta audiencia popular organizada por la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat). Asistieron alrededor de 200 campesinos y campesinas de la región interesados en conocer la situación en la que se encuentra la zona del Catatumbo en cuanto a tierra y territorio, explotación de recursos naturales, situación de Derechos Humanos y zona de reserva campesina.

Como ha sido ya común en las pasadas audiencias, la mayoría de las autoridades que se han invitado con varios meses de antelación no han hecho presencia, dejando a la comunidad una vez más sin respuestas concretas a un proceso que está pronto a cumplir su ciclo completo en el mes de agosto. En esta fecha se realizará el balance final y se dará a conocer a la comunidad y al país qué puntos han sido cumplidos o incumplidos por parte de las instituciones estatales para garantizar una vida digna al campesinado de la región.

Se contó con la presencia de Asocbarí, organización de la comunidad indígena Motilón-Barí que habita en el Catatumbo; el alcalde del municipio de El Tarra, Jhon Jairo Márquez; Robinson Galindo, funcionario de Parques Naturales; una representante de la Secretaría de Gobierno y tres concejales, quienes asistieron a escuchar las denuncias de los campesinos con respecto a violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

En particular, se denunciaron los empadronamientos que realiza la fuerza pública a personas que no saben leer ni escribir y que muy seguramente desconocen la finalidad para la cual se le toman fotografías y se registran sus datos. Por eso, el pueblo catatumbero grita en una sola voz: “¡libertad para el Catatumbo, no más montajes judiciales!”

El alcalde de El Tarra se mostró indignado con la manera como Acción Social hace promesas que no cumple como la de conformar brigadas de salud en la región, retrasando así proyectos en pro de la comunidad.

La comunidad asistente a la sexta audiencia recibió con agrado la presencia y las palabras de José del Carmen Abril (presidente de Ascamcat) y Jhonny Feldred Abril (coordinador del campamento de refugio humanitario) quienes fueron víctimas de los montajes judiciales desde febrero hasta mayo del año en curso con ordenes de captura donde se les acusaba de rebelión y concierto para delinquir. Ahora se encuentran libres después de comprobar su inocencia e integridad como campesinos honestos, trabajadores y defensores de la permanencia en su territorio.

La próxima audiencia será la séptima, con la que se culminará el recorrido por las siete sub-regiones que conforman el Catatumbo. Se realizará en el mes de julio y se espera contar con la presencia de las autoridades convocadas.

Carteles ubicados al frente del juzgado donde se dictó sentencia contra el coronel Plazas

“Las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia desde que ocurrieron los hechos, han tocado puertas, escrito cartas a todas las autoridades nacionales e internacionales y apelado a la solidaridad de la sociedad que, indiferente, mira de lejos la tragedia de sus compatriotas. La respuesta, durante años, fue la estigmatización y la incredulidad frente a sus reclamos“.

Así lo señaló el Informe Final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, publicado en diciembre de 2009.

Respondiendo al clamor de verdad y justicia, el 9 de junio de 2010, luego de 24 años y 7 meses de ocurrida la toma del Palacio, la justicia penal especializada condenó al Coronel (r) Alfonso Plazas Vega a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada de 11 personas en noviembre de 1985. Plazas se desempeñaba como comandante de la Escuela de Caballería en ese entonces.

Mientras tanto, avanza la justicia internacional. Con el caso 10.738, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció la denuncia por estas desapariciones.

Determinar este primer nivel de responsabilidades es el comienzo. Falta aún conocer toda la verdad de los hechos, para que los familiares recuperen los restos mortales de los desparecidos y se complete el duelo por su ausencia.

Miembros del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) esperan la sentencia contra Plazas. Al fondo, simpatizantes del militar acusado

El 6 y 7 de noviembre de 1985, durante el Gobierno de Belisario Betancur, un grupo de 35 guerrilleros integrantes del Movimiento 19 de Abril (M-19) se tomó por asalto el Palacio de Justicia, sede del poder judicial de Colombia. Con la ‘Operación Antonio Nariño por los derechos del hombre‘, los guerrilleros buscaban que el presidente Betancur compareciera a un juicio público por lo que consideraban, la traición a los acuerdos de paz.

Una de las premisas con las que actuaron los integrantes del M-19 era que la reacción de los militares no iba a poner en riesgo a los magistrados de las altas cortes que habían sido tomados como rehenes. Sin embargo, el ejército y otros organismos de seguridad reaccionaron con una fuerza desproporcionada, actuando como una rueda suelta del engranaje estatal, en lo que podría calificarse como la cuenta de cobro por las restricciones operacionales a que fueron sometidos por el poder ejecutivo, con el fin de adelantar negociaciones con los grupos subversivos. Dentro de las imágenes que nunca olvidarán los colombianos están las de los tanques de guerra ingresando de día al Palacio de Justicia y en la noche disparando artillería pesada contra el mismo.

El desenlace en cuanto a víctimas mortales no pudo ser más trágico: 11 magistrados de la Corte Suprema, seis magistrados auxiliares, 12 auxiliares judiciales de la Corte, 13 auxiliares judiciales del Consejo de Estado, tres abogados asistentes, un oficinista del Consejo de Estado, el administrador, tres conductores, un ascensorista, seis miembros de la fuerza pública, cuatro agentes de organismos de inteligencia, dos particulares, un transeúnte y los 35 guerrilleros que participaron en la toma.

Once personas (diez civiles y una guerrillera) que estuvieron ese 6 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia permanecen desaparecidas.

Simpatizantes del coronel Plazas lanzan arengas contra la prensa y familiares de los desaparecidos. Luego de conocerse la sentencia, agredieron físicamente a quienes celebraban por la decisión judicial

Esta es la primera condena contra un oficial del ejército por los hechos del Palacio de Justicia. Una de las victorias conseguidas con esta sentencia es el fortalecimiento de la competencia de justicia ordinaria para casos de delitos de lesa humanidad cometidos por agentes estatales. Así, se evita que estas investigaciones sean adelantadas por la justicia penal militar, situación que no garantizaba los principios de imparcialidad e investigación integral. Al mismo tiempo, es una luz de esperanza para los familiares de toda clase de víctimas de crímenes de Estado, quienes han temido que nunca se haga justicia en cada uno de sus casos.

Pero contrario a lo que se esperaría en un Estado Social de Derecho, altos funcionarios y personalidades de la vida pública se han manifestado en contra de este histórico fallo que reivindica el derecho de las víctimas a obtener justicia por los crímenes de Estado.

El presidente Álvaro Uribe Vélez manifestó que se siente adolorido y con tristeza luego de conocer la condena contra Plazas, de quien considera que “simplemente buscó cumplir con su deber“, mientras que ninguno de los actores de la toma del Palacio está en la cárcel. Estas declaraciones están precedidas del enfrentamiento entre Uribe y la rama judicial, por las investigaciones contra miembros del Gobierno por actos de corrupción, espionaje ilegal y vínculos con grupos paramilitares. Por su parte, el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, calificó el fallo contra Plazas Vega como un caso de “justicia espectáculo”.

El general (r) Harold Bedoya, ex comandante de las Fuerzas Armadas, calificó la sentencia como una “monstruosidad jurídica” que desmoralizará a las tropas. Bedoya anunció que se reunirán las organizaciones de militares en retiro para analizar la sentencia y dar un comunicado a la opinión pública.

El abogado defensor del militar apelará la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Durante la notificación de la condena contra el militar, Jorge Molano, uno de los abogados de las víctimas, recordó la labor de José Eduardo Umaña Mendoza, quien durante 13 años acompañó a los familiares de los desaparecidos, y bajo circunstancias que aún permanecen en la impunidad, fue asesinado el 18 de abril de 1998.

En octubre de 2008 se conoció que el suboficial (r) Edgar Villamizar, uno de los principales testigos contra el coronel Plazas Vega, fue amenazado. Luego, por diferentes medios se ha buscado desvirtuar su testimonio sobre el papel del ejército durante la retoma del Palacio de Justicia. También, la jueza tercera penal especializada, María Stella Jara, ha sido víctima de amenazas y seguimientos, por lo que su esquema de seguridad tuvo que ser reforzado. No en vano Amnistía Internacional instó a las autoridades colombianas a garantizar que se haga justicia en todos los casos de las desapariciones del Palacio, recordando que el juez instructor y un abogado de las víctimas recibieron amenazas de muerte.

A diferencia de los países del Cono Sur, Colombia no estuvo bajo el gobierno de dictaduras militares durante las décadas de los 70 y 80 del siglo XX. Sin embargo, la división de tareas entre políticos y militares dio paso a la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, con el objetivo de ‘eliminar al enemigo interior'.

Por esa concepción de ‘orden' infundida en los militares, no es gratuito que existan cientos de denuncias contra el Estado por violaciones a los derechos humanos. En esta ‘guerra fría' al estilo colombiano surgieron los grupos paramilitares y se fomentó la estigmatización de organizaciones sociales y las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas ‘falsos positivos', cuyo precio aún se paga con creces en este país.

Por ello, así como se han adelantado procesos de búsqueda de la verdad en Chile, Argentina y Perú, es momento de que el Estado colombiano, comience a examinar sin arrogancia las equivocaciones en el manejo del orden público y pida perdón a las víctimas por los excesos cometidos.

Ojalá no se tengan en cuenta desafortunados ejemplos de otros países, en que los funcionarios que se arriesgan a investigar los crímenes atribuibles al Estado resultan involucrados en procesos penales. Probablemente no sea tarde para tomar conciencia de esto, aún a pesar de los constantes ataques del presidente Uribe contra la Corte Suprema de Justicia y algunos jueces que actualmente procesan a miembros de su Gobierno o de los partidos políticos oficialistas.

Políticos y militares

La juez que dictó la sentencia contra el coronel Alfonso Plazas Vega ordenó iniciar la investigación contra Belisario Betancur, Presidente de Colombia en 1985 y la cúpula militar.

En el caso del Palacio de Justicia, actualmente están siendo procesados los generales (r) Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada 13 e Iván Ramírez, del comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia. También está vinculado a la investigación el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, para ese entonces comandante del B2, oficina de inteligencia militar.

Aún falta establecer la responsabilidad moral del gabinete de entonces. Algunos de los ministros de la época siguen participando activamente en la política, como Noemí Sanín, quien se desempeñaba como ministra de comunicaciones y ordenó la censura de los medios de comunicación durante la toma del Palacio, situación estudiada por la Comisión de la Verdad, al señalar que:

“Una de las grandes paradojas de la actitud del Gobierno del Presidente Betancur y particularmente, de su Ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, durante el desarrollo de la toma y retoma del Palacio de Justicia, es el relacionado con los medios de comunicación: al tiempo que la escasa información con la que contaban el Presidente y su gabinete sobre lo que ocurría en el Palacio de Justicia provenía casi exclusivamente de las noticias transmitidas por la radio y la televisión, la Ministra tomó la decisión de censurar la difusión de las noticias relacionadas con los gravísimos hechos que conmovían al país entero el 6 de noviembre de 1985 y ordenar la transmisión de un partido de fútbol mientras el Palacio era consumido por las llamas”.

M-19

Luego de un proceso de paz, durante el Gobierno de Virgilio Barco el M-19 recibió el indulto. Todos los miembros del comando armado que participaron en la toma del Palacio de Justicia murieron entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 y los máximos líderes del M-19 para esa época ya murieron. Uno de ellos, Carlos Pizarro, fue asesinado luego de desmovilizarse, y actualmente se investiga la participación de agentes estatales en este homicidio.

Los miembros indultados del M-19 participaron en la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar la Constitución Política de 1991, hoy vigente en Colombia. También fueron elegidos por votación popular como congresistas o gobernadores departamentales y uno de ellos participó en la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales. A pesar de los cuestionamientos de Uribe sobre el M-19, algunos hacen parte del Gobierno, como Rosenmberg Pabón, quien en su época de guerrillero dirigió la toma a la embajada de la República Dominicana en 1980.

Sin embargo, existen cuestionamientos sobre la responsabilidad de esta organización a la luz del derecho internacional humanitario y la participación de capos del narcotráfico en la financiación de esta operación militar.

1. Carlos Augusto Rodríguez Vera: Administrador de la Cafetería

2. Bernardo Beltrán Hernández: Mesero de la Cafetería

3. Gloria Anzola de Lanao: Visitante ocasional del Palacio de Justicia

4. Cristina del Pilar Guarín Cortés: Cajera de la Cafetería

5. David Suspes Celis: Chef de la Cafetería

6. Gloria Stella Lisarazo Figueroa: Autoservicio Cafetería

7. Lucy Amparo Oviedo de Arias: Visitante ocasional del Palacio de Justicia

8. Luz Mary Portela León: Reemplazaba a su madre en el platero en la Cafetería

9. Norma Constanza Esguerra: Proveedora de Pastelería

10. Héctor Jaime Beltrán Fuentes: Mesero de la Cafetería

11. Irma Franco Pineda: Guerrillera M-19

El Informe Final de la Comisión de la Verdad publicado en diciembre de 2009 menciona además a Ana Rosa Castiblanco, auxiliar de cocina, quien estuvo desaparecida por 16 años, hasta que sus restos fueron entregados a su hijo, Raúl Oswaldo Lozano Castiblanco, el 2 de noviembre de 2001.

Video de declaraciones del coronel Alfonso Plazas durante la toma al Palacio de Justicia – Noviembre de 1985

Reportaje periodístico sobre la tortura y asesinato de la guerrillera Irma Franco, por parte de miembros del ejército

Video de agresiones del coronel Alfonso Plazas a familiares de desaparecidos en mayo de 2009

Video del momento en que los familiares de los desaparecidos conocen la condena contra el coronel Plazas

Informe final de la Comisión de la Verdad – diciembre de 2009

Carta del hijo de Eduardo Umaña, abogado defensor de los familiares de los desparecidos del Palacio de Justicia, asesinado en 1998

La Fiscalía General de la Nación ordenó la detención del ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, a quien acusa como presunto determinador del asesinato del periodista Jaime Garzón, ocurrido en agosto de 1999. El Fiscal General (e), Guillermo Mendoza Diago, señaló que la medida de aseguramiento se dictó con base en el trabajo adelantado por miembros de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, quienes recopilaron pruebas de la presunta participación de ex funcionarios del DAS en el homicidio del humorista y periodista, entre ellos, Narváez.

El 19 de octubre de 2009 Narváez había sido vinculado a los asesinatos de Jaime Garzón y del senador de la UP, Manuel Cepeda Vargas. El periodista fue asesinado el 13 de agosto de 1999 por órdenes de Carlos Castaño.

Los testimonios de por lo menos cinco ex jefes paramilitares señalan que Narváez fue quien influyó en que Carlos Castaño ordenara el asesinato de Garzón. Pero los señalamientos en su contra van mucho más allá del homicidio del humorista.

Narvaéz también está relacionado como uno de los personajes principales tras el secuestro de la senadora Piedad Córdoba por parte de los paramilitares. No menos comprometedor es que en las diferentes versiones de los ex comandantes de las AUC no sólo lo vinculan con esos episodios, entre otros, sino que también queda en evidencia que desde hace por lo menos una década presuntamente fue instructor, ideólogo y un hombre que pudo influir en los paramilitares para ejecutar muchas de sus acciones. "Se reunió en varias ocasiones con Carlos Castaño y conmigo para enseñarnos a combatir a los comunistas.

Estuvo en algunas escuelas de formación de cuadros de mando y tuvo la oportunidad de adoctrinar ideológicamente a esos hombres", dijo Salvatore Mancuso en su versión libre desde la cárcel en Estados Unidos en febrero de este año, al referirse a Narváez. "Él disparaba contra todo el mundo y decía que era lícito combatir comunistas, sin importar donde se encontraran. Nos sorprendió por la fogosidad con la que habló. Luego nos dijo que tomáramos nota y sacó una lista de 50 ONG que, según él, eran propiedad de la guerrilla. Después le dije a Carlos: 'ese señor es un gran terrorista'."

"Me sorprendió cuando lo vi de segundo de Noguera en el DAS", afirmó recientemente en diferentes medios Freddy Rendón, alias el 'Alemán'.

Testimonios similares a los de estos dos ex paramilitares también han rendido ante las autoridades Diego Murillo, alias 'Don Berna'; Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', y Jorge Iván Laverde, alias el 'Iguano'. Son estas versiones, entre otras pruebas, las que hoy tienen tras las rejas a Narváez. Lo sorprendente es que aunque algunas de esas versiones llevan años y algunos de los hechos que relacionaban a Narváez también son conocidos desde hace algún tiempo.

'El Iguano' por ejemplo aseguró que en 2008 el ex subdirector Nacional del DAS, José Miguel Narváez, sugirió a Carlos Castaño Gil, para que asesinara al periodista y humorista Jaime Garzón.

Narváez es un ex empresario, oficial de la reserva del Ejército, que durante varios años trabajó como asesor del Ministerio de Defensa en temas de inteligencia. Fue catedrático de la Escuela Superior de Guerra y subdirector del DAS durante unos pocos meses en la era de Noguera. En diferentes épocas ha sido asesor de la Federación de Ganaderos (Fedegán), cargo que ocupó hasta hace poco antes de ser arrestado. En las Fuerzas Militares siempre ha estado relacionado con los sectores más cuestionados, como el general Rito Alejo del Río.

Narváez y el juicio contra Jorge Noguera

En la audiencia del juicio contra Jorge Noguera celebrada el pasado 20 de mayo, Narváez habló sobre algunas irregularidades cometidas al interior del DAS que nunca fueron investigadas por la justicia. Entre ellas, la creación de una agencia de inteligencia anexa al DAS que robaba información y expedientes para paramilitares y narcotraficantes, y que además cometía asesinatos.

Según dijo el ex funcionario, el 11 de febrero de este año solicitó a la Corte Suprema de Justicia declarar en el proceso que se adelanta contra Jorge Noguera con el propósito de establecer “la verdad de lo ocurrido” con relación al DAS”.

Aseguró que algunos hechos e irregularidades fueron denunciados por él cuando trabajaba como sub director del DAS y que nunca fueron investigados por la Fiscalía. La mayoría de estos hechos se relacionan con la supuesta infiltración de paramilitares en el DAS.

‘Macaco' y el DAS

Narváez habló sobre una grabación que le fue entregada en 2005 por una agente del DAS, Sonia Rodríguez Briceño, en la que dos agentes de inteligencia del DAS conversaban sobre un supuesto plan de los paramilitares comandados por alias ‘Macaco' para crear una agencia de inteligencia paralela al DAS que sería coordinada por Enrique Ariza, en ese momento, Director de Inteligencia del organismo.

La grabación, según Narváez, incluía un plan para atentar contra él y contra un general de la Policía que eran considerados un obstáculo para la creación de esa agencia.

Según Narváez, con esta grabación se dirigió a la oficina de Jorge Noguera y tras explicarle la situación, ordenaron una investigación interna sobre estos hechos. Narváez asegura que hasta hoy no se ha dado ningún resultado sobre estas grabaciones. “Mi deseo es saber qué pasó con las denuncias que hice porque parece como si se estuviera ocultando la investigación” señaló Narváez.

Varela, Miguel Arroyave y el DAS

Narváez habló también sobre dos reuniones que tuvo en 2005 con un ex funcionario del DAS, llamado Carlos Moreno Roa, quien fue declarado insubsistente por Noguera ese mismo año, y quien presuntamente tenía información sobre la infiltración de paramilitares en el DAS.

En esas reuniones, grabadas por Narváez, el ex funcionario le dijo que había asesinado gente por orden del entonces jefe de inteligencia del DAS, Enrique Ariza. Se refirió también a expedientes del DAS que había sido robados del organismo y que vinculaban al narcotraficante Wilber Varela alias ‘Jabón' con funcionarios de la fuerza pública. Estos expedientes, según el relato, fueron entregados a Varela.

El ex funcionario habló de otras irregularidades que vinculaban a Ariza con los paramilitares, entre ellas, sus nexos con el Bloque Centauros de las AUC y con su ex comandante Miguel Arroyave a quien supuestamente le vendió información de inteligencia por 150 millones de pesos.

Tras estas reuniones, Narváez aseguró que hizo las respectivas denuncias ante el entonces fiscal general, Mario Iguarán, pero hasta hoy, cinco años después de esas presuntas denuncias, “nada ha pasado”.

Noguera, Narváez y el DAS

Sobre su desempeño en el DAS, Narváez negó cualquier vínculo con grupos paramilitares, así como cualquier nexo con el ex jefe de informática del DAS y ficha clave de los paramilitares en el organismo, Rafael García. Narváez aseguró que durante su administración en el DAS se adelantaron más de 17 operaciones en contra de grupos paramilitares.

De igual forma, negó tener conocimiento de algún tipo de nexo entre Noguera y grupos paramilitares.

Narváez reconoció en audiencia la existencia del denominado ‘G-3', grupo de análisis de inteligencia al interior del DAS que monitoreaba actividades de ONG en el país, pero negó su participación en las actividades de este grupo o como creador del mismo, afirmaciones hechas por el coordinador de ese grupo, Fernando Ovalle.

Narváez está preso por el delito de concierto para delinquir en el caso de las ‘chuzadas' del DAS desde el 3 de agosto de 2009, bajo custodia del Ejército Nacional en Facatativá. Su caso está asignado al juzgado Sexto Especializado de Bogotá y se encuentra en etapa de interposición de recursos de nulidad. Contra Narváez se adelantan también investigaciones en la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía por el asesinato de Jaime Garzón y Manuel Cepeda Vargas, iniciadas con base en los testimonios de alias ‘El Iguano' y ‘Don Berna' respectivamente.

Narváez trabajó como subdirector del DAS del 1 de junio de 2005 al 25 de octubre del mismo año hasta que fue declarado insubsistente. Antes de desempeñar ese cargo, Narváez había trabajado como asesor externo del Ministerio de Defensa durante la administración de Martha Lucía Ramírez y posteriormente como asesor externo del DAS hasta 2004.

Narváez y las Auc

La más reciente mención a Narváez por parte de los paras corrió por cuenta de Salvatore Mancuso quien aseguró que lo conoció en 1996 en un campamento de Carlos Castaño y desde entonces se encontraron en varias reuniones convocadas por diferentes jefes paramilitares.

Sobre los nexos de Narváez con grupos paramilitares, Mancuso señaló que el ex funcionario del DAS se presentó a las Auc como profesor de la Escuela Superior de Guerra, y como tal, les dio instrucción militar en más de una oportunidad.

Como hecho especial, el ex jefe paramilitar habló sobre una oportunidad en la que Carlos Castaño le pidió a Narváez que lo “ayudara” con un comandante del Ejército en Urabá que estaba propinando fuertes golpes a las estructuras paramilitares en esa zona del país. (Ver La despachada de Mancuso)

En otra versión libre desde Estados Unidos ante la Fiscalía, Salvatore Mancuso, alias ‘El Mono Mancuso', aseguró que el ex subdirector del DAS dictó clases a miembros de las autodefensas sobre lucha anticomunista en varias oportunidades. (Ver Mancuso señala a ex subdirector del DAS) Esta no es la primera vez que ex paramilitares mencionan el nombre de Narváez y sus presuntos nexos con paramilitares. En junio de 2008, alias 'El Iguano' también había hecho referencia a las clases que impartió Narváez a paramilitares en campamentos del Sur de Bolìvar y Córdoba, coincidiendo con el relato de Mancuso.

Mancuso aseguró que entre 1998 y 2002, Narváez, que para ese entonces se desempeñaba como profesor de la Escuela Superior de Guerra, dictó una cátedra llamada “¿Por qué es licito matar comunistas en Colombia?” a un grupo de paramilitares entre los que se encontraban él y Carlos Castaño.

El ex jefe paramilitar aseguró al despacho octavo de la Unidad de Justicia y Paz, que se reunió en más de cinco ocasiones con Narváez en las fincas “Veintiuno” y “Quince” de las autodefensas en Urabá, entre los años 1998 y 2002. “El hombre encargado de difundir los ideales de la democracia y la paz a los mayores de Colombia, se reunió en varias ocasiones con Carlos Castaño y conmigo para enseñarnos a combatir a los comunistas”, dijo.

El contenido de las presuntas cátedras iba orientado a justificar el exterminio de sectores sociales involucrados con la guerrilla, entre ellos, hacía énfasis en sindicatos, políticos activos y miembros desmovilizados de la guerrilla. Dentro del grupo de personas estudiadas en la clase figuraba Wilson Borja, quien fue declarado como objetivo militar por parte de las AUC. Borja fue víctima de un atentado el 15 de diciembre de 2000, por los que fueron responsabilizados militares en complicidad con paramilitares.

Según Mancuso, Narváez tenía influencia sobre Carlos Castaño, pero que el jefe paramilitar tenía reservas sobre el ex subdirector del DAS y sus conceptos porque le parecían demasiado radicales: “Cree que todos son guerrilleros”, le dijo.

A lo largo de su Versión Libre, Mancuso aceptó haber recibido de manos de Carlos Castaño una lista con los nombres de varias personalidades nacionales que debían ser asesinadas por sus presuntos nexos con la guerrilla. En el listado figuraban los nombres de Álvaro Leiva Durán, Wilson Borja, Gustavo Petro, Piedad Córdoba y un ex parlamentario de Arauca de quien no supo referir el nombre: “Puede ser Octavio Sarmiento o Luis Alfredo Colmenares, tal vez, las autodefensas mataron a los dos”, aseguró.

El ex jefe paramilitar confesó que las autodefensas que comandó en Córdoba recibían semanalmente informes de inteligencia de las manos de alias ‘Caballo' y Wilfredo Ortiz, este último identificado por el ex jefe paramilitar como un miembro activo de la policía de Córdoba en 1994.

La Fiscalía deberá determinar si estos señalamientos son suficientes para llevar a juicio al ex funcionario.

Continúa realizándose la agenda preparatoria de la conmemoración del "Bicentenario de los pueblos del nororiente colombiano: 200 años de organización, lucha y resistencia". Hasta el momento se ha realizado el lanzamiento de la agenda, la cátedra del día del estudiante, tres tertulias en espacios públicos y las proyecciones del Ciclo Bicentenario del Cine - Foro La Pizarra.

Paralelamente se ha desarrollado una ambientación cultural con música, danza y lecturas al aire libre en los Municipios del Magdalena Medio, como parte de la convocatoria a las actividades centrales del Bicentenario de los días 18 al 20 de Julio.

Cinco mil campesinos y delegaciones del Magdalena Medio, el Catatumbo, Bucaramanga y Ocaña llegarán a Barrancabermeja para asistir a las actividades culturales del día 18, el seminario Bicentenario del día 19 y el gran Cabildo Abierto y la Marcha Patriótica por las calles de Barrancabermeja el día 20 de Julio.

La conmemoración se cerrará con la lectura del memorial de agravios de los pueblos del nororiente colombiano, su entrega a la comisión de garantes, la premiación del concurso de comparsas del Bicentenario y un gran concierto popular de clausura.

La Marcha Radio es el espacio informativo de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Un programa radial que durante los últimos años ha logrado dar a conocer la realidad rural de las comunidades campesinas del Magdalena Medio. La Marcha Radio es un espacio para la exigibilidad de la vigencia plena de los derechos humanos, para mostrar la dura brega por el derecho a la tierra del campesinado y para promover el desarrollo social de las región, exigiéndolo a las instituciones del Estado y de la mano con la cooperación internacional.

Los miles de radioescuchas de La Marcha gozarán de ahora en adelante de un programa de media hora en directo, con más información, invitados especiales, música, agenda de actividades y servicios sociales comunitarios.

La Marcha Radio se podrá escuchar con su nueva versión todos los Lunes, Miércoles, Sábados y Domingos de 7 a 7 y 30 a.m. en los 780 AM de Antena del Río.

Los 10 kilowatios de potencia en antena de la Radio Antena del Río permiten que La Marcha sea escuchada con Amplitud Modulada en 30 Municipios del Magdalena Medio y el nororiente colombiano.

Los contenidos de La Marcha se pueden escuchar también en www.prensarural.org

La Marcha Radio sale al aire gracias al auspicio y el respaaldo del Ayuntamiento de Barcelona (Cataluña, España) y de la Asociación Catalana por la Paz - ACP.

La Marcha Radio cuenta con la producción de la Agencia Prensa Rural y la conducción de César Jerez y Melkin Castrillón.

Amitai Eztioni es uno de los sociólogos más influyentes del mundo. Nacido en Alemania y emigrado a Israel en los años fundacionales de ese estado, se radicó tiempo después en Estados Unidos donde inició una larga carrera académica que lo llevó a transitar por varias de las más prestigiosas universidades de ese país: Berkeley, Columbia, Harvard, hasta culminar, en los últimos años en Washington, D.C., como Profesor de Relaciones Internacionales de la George Washington University. Pero sus actividades no se limitaron a los claustros universitarios: fue un permanente hombre de consulta de diversos presidentes norteamericanos, especialmente de James Carter y Bill Clinton. Y desde el 11/9, con el auge del belicismo su voz ha resonado con creciente fuerza en el establishment norteamericano. Hace pocos días ofreció un nuevo ejemplo de ello.

Incondicional apologista del Estado de Israel, acaba de publicar en la MilitaryReview, una revista especializada del Ejército de Estados Unidos, un artículo que pone en evidencia el “clima de opinión” que prevalece en la derecha norteamericana, el complejo militar-industrial y en los más encumbrados sectores de la administración, y muy especialmente en el Pentágono. El título de su artículo lo dice todo: “Un Irán con armas nucleares, ¿puede ser disuadido?” La respuesta, huelga aclararlo, es negativa. Esta publicación no podía llegar en un momento más oportuno para los guerreristas estadounidenses, cuando reiteradas informaciones –silenciadas por la prensa que se autodenomina “libre” o “independiente”- hablan del desplazamiento de navíos de guerra estadounidenses e israelíes a través del Canal de Suez y en dirección a Irán, lo que hace temerla inminencia de una guerra. En varias de sus últimas “Reflexiones” el Comandante Fidel Castro había advertido, con su habitual lucidez, sobre las ominosas implicaciones de la escalada desatada por Washington en contra de los iraníes, cuya pauta no difiere sino en lo anecdótico de la utilizada para justificar la agresión a Irak: acoso diplomático, denuncias ante la ONU, sanciones cada vez más rigurosas del Consejo de Seguridad, “incumplimiento” de Teherán y el inevitable desenlace militar.

Las sombrías predicciones del Comandante lucen como optimistas por comparación a lo que plantea este tenebroso ideólogo de los halcones norteamericanos. En una entrevista concedida el miércoles pasado a Natasha Mozgovaya, corresponsal del periódico israelí Haaretz en Estados Unidos, Etzioni ratifica lo expresado en la MilitaryReview, a saber:Irán pretende construir un arsenal nuclear y eso es inaceptable. La única opción es un ejemplarizador ataque militar y, es preferible desatarlo un mes antes y no diez días después de que el satanizado Irán disponga de la bomba atómica. En su artículo el profesor de la GWU insiste en señalar que cualquier otra alternativa debe ser descartada: la diplomacia fracasó; las sanciones de la ONU carecen de eficacia; bombardear las instalaciones nucleares no cambiaría muchos las cosas porque, según declaraciones del Secretario de Defensa Robert Gates, lo único que se lograría sería retrasar el avance del proyecto atómico iraní por tres años; y, por último, la disuasión no funciona con "actores no racionales" como el actual gobierno de Irán, dominado por el irracionalismo fundamentalista que contrasta con la mesura y racionalidad de gobernantes israelíes que asesinan a activistas humanitarios en pleno Mediterráneo. Por consiguiente, lo único realmente eficaz es destruir la infraestructura de Irán para imposibilitar la continuación de su programa nuclear.

Ese ataque, agrega, “podría ser interpretado por Teherán como una declaración de guerra total”, pero como las tentativas de diálogo ensayadas por Obama fracasaron es urgente e imprescindible adoptar drásticas medidas si Estados Unidos no quiere perder su predominio en Medio Oriente a manos de Irán. Por sus grandes reservas petrolíferas -sólo superadas por Arabia Saudita y Canada, y muy superiores a las de Irak, Kuwait y los Emiratos- Irán excita el ansia de rapiña del imperialismo norteamericano, que con el 3 por ciento de la población mundial consume el 25 por ciento de la producción mundial de petróleo. Además, no hay que olvidar que la guerra es el principal negocio del complejo militar-industrial, de modo que para sostener sus ganancias hay que utilizar y destruir aviones, cohetes, helicópteros, etcétera. Así, la diabólica pareja formada por la “guerra preventiva” y la “guerra infinita” continúa inalterable su curso, ahora bajo la presidencia de un Premio Nóbel de la Paz cuyo servilismo ante tan oscuros intereses unido a su falta de coraje para honrar ese premio coloca a la humanidad al borde de un abismo.

El cine foro La pizarra está proyectando los viernes de Junio y Julio un ciclo de cine especial llamado CICLO BICENTENARIO: 200 años de organización, lucha y resistencia. Este espacio se ha convertido en una pequeña máquina del tiempo que teletransporta, sin más combustible que un canelazo o un vino, a los asiduos asistentes y los ubica en momentos álgidos de la historia propicios para un sano debate de ideas y argumentos que nos van construyendo como sujetos políticos. El descubrimiento, la locura de los conquistadores por encontrar la ciudad del dorado, la evangelización de comunidades indígenas y las luchas de independencia que al fin garantizaran tierra y hombres libres han sido ejemplos claros de los momentos históricos a los que hemos sido llevados hasta ahora.

Esta maquinita, que ahora está en CREDHOS pero que para la ambientación del Bicentenario de los pueblos del nororiente la llevaremos a los municipios de Yondó, San Pablo, Puerto Wilches y Cantagallo, los días 2, 5, 6 y 9 de Julio respectivamente; continuará proyectando y viajando en el tiempo en este mes de Julio para que reconozcamos que a 200 años de las gestas libertadoras nuestra Patria Grande y Colombia aún deben dar la batalla última que garanticen nuestra definitiva independencia.