Informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre la situación de los dh en Colombia

El informe analiza los desafíos en la implementación de la Ley 975 (2005), llamada de “justicia y paz”, el aumento de amenazas y la utilización ilegal de los servicios de inteligencia contra los defensores y las defensoras de derechos humanos y otras personas, la polarización entre el Gobierno y la comunidad de derechos humanos y entre el ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, así como el aumento de los casos de violencia sexual. Además, persisten profundas debilidades en varios departamentos para alcanzar la plena satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, que se traducen en discriminación de facto y marginación de la población afrocolombiana e indígena. Leer más...

¿Va, el Gobierno de España, a impedir que siga la venta de armas a Colombia?

 

D. JOAN JOSEP NUET I PUJALS Senador designado por el Parlamento de Cataluña, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

 

Parece que a pesar de la crisis el negocio de la venta de armas va viento en popa, al menos por lo que respecta al Estado Español, según datos en los primeros seis meses de 2008  al mismo periodo del 2009 se ha pasado de 249,9 millones de euros a 411,1 millones (un 64,5% más) según datos del Ministerio de Comercio.

 

Entre los países compradores cabe destacar a Colombia con 31 millones de euros y a Marruecos con 28,1. Es cierto que el afán comprador del Gobierno marroquí parece haber disminuido puesto que en el año 2008 se convirtió en el tercer comprador de armas a España por un valor total de 113,90 millones de euros. Por otro lado parece consolidarse la actitud compradora de Colombia, a la que hay que sumar los 31,7 millones del año anterior y los 16 millones de 2007.

 

Incomprensiblemente el gobierno español en dicho informe no ha inscrito anotaciones para las operaciones realizadas dada la grave situación que atraviesan los derechos humanos en los mencionados países y  ante la posibilidad que algunos de estos materiales sean utilizados en operaciones contra la población civil o en los frecuentes casos de violación de derechos perpetrados por la policía o el ejercito. Si sabemos en cambio que ello se ha realizado en la venta de armas a Irán, analizando la situación política del país.

 

Dados los ataques, persecución, detenciones arbitrarias y torturas que el Gobierno de Marruecos ejerce sobre los activistas de defensa de Derechos Humanos, contra los activistas por la independencia y soberanía del Sahara, el cual ocupa de forma ilegal según las resoluciones de las Naciones Unidas y priva de su derecho democrático a la autodeterminación.

Dada la situación de manifiesta conculcación de los Derechos Humanos en Colombia, donde colectivos de sindicalistas, mujeres, campesinos, indígenas, activistas de derechos humanos y lideres de la izquierda son amenazados, perseguidos, secuestrados, torturados y asesinados.

 

¿Va, el Gobierno de España, a impedir que siga la venta de armas y materiales de doble uso a los gobiernos de Marruecos y Colombia para que no puedan ser utilizadas en la represión a la sociedad civil que discrepa de las actitudes de sus gobiernos?

 

Acuerdo militar que le permitirá a E.U. usar 7 bases en Colombia no está cerrado

En una decisión poco usual, la Corte Constitucional revisará el pacto. El tribunal admitió una demanda que pide declarar inviable la negociación porque no fue avalada por el Congreso.

 

El Gobierno sostiene que no es un nuevo tratado con E.U. sino una extensión de los acuerdos suscritos por el país desde 1974. Pero el demandante, Luis Alfredo Sánchez Rojas, considera que debió ser el Congreso el que aprobara mediante una ley el acuerdo para el uso de las bases, y que esa ley tenía que haber sido enviada a la Corte Constitucional para control previo de exequibilidad. Lea más...

Los candidatos para Fiscal, no garantizan imparcialidad e independencia

Dada la magnitud, complejidad y gravedad de los casos que como las ejecuciones extrajudiciales masivas, los cohechos y prebendas ilegales con los cuales se modificó la constitución nacional a favor de intereses particulares concretos (yidispolítica), los crímenes de gran impacto como los de la parapolítica y la captura mafiosa del Estado, y el acoso y la persecución por parte de la agencia presidencial de inteligencia DAS a magistrados, opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos en los cuales están implicados funcionarios y líderes políticos con altísimos niveles de responsabilidad en la dirección del Estado, hacen mucho más apremiante la necesidad de que el nuevo Fiscal reúna las condiciones de una amplia formación y experiencia en el ámbito del derecho penal, pues en muchas de estas tareas tendrá que enfrentarse directamente y sin posibilidad de delegar, no sólo con altos funcionarios estatales con fuero sino también con sujetos procesales y personeros de la defensa que en la mayor parte de los casos son los más cualificados voceros y operadores del derecho penal en el país, y tendrá que hacerlo atendiendo las condiciones de inmediatez e intervención oportuna que demandan las disposiciones del juicio oral y de los procedimientos del sistema acusatorio. Leer más...

 

 

Y todavía falta...

 

Hace tres semanas Noguera, en su condición de acusado, afirmó ante los magistrados que él le enviaba directamente al presidente Álvaro Uribe informes periódicos sobre las actividades de sindicalistas y ONG. También dijo que fue por orden del Jefe de Estado que nombró como subdirector del DAS al polémico José Miguel Narváez, hoy detenido y también investigado por vínculos con grupos paramilitares y por el caso de las 'chuzadas'. Una declaración muy sensible si se tiene en cuenta que desde que salió del DAS en 2005, es la primera vez que Noguera menciona e involucra al Presidente en sus actuaciones como jefe de la inteligencia. Leer más... 

 

 

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