C.C.E.E.U

Delegación colombiana en gira por Europa solicita a parlamentarios europeos NO ratificar TLC con Colombia, y exigir al gobierno respeto a los DH y garantías de permanencia en territorios a campesinos, indígenas y afros, y el apoyo a iniciativas de paz de las comunidades.

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Cuatro militares implicados en la desaparición y asesinato de nueve personas. El 13 de enero de 2012, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH acusó a cuatro militares (r), integrantes para la época de los hechos del batallón Córdova de Santa Marta, por el delito de secuestro simple agravado, tortura en persona protegida, homicidio en persona protegida, desaparición forzada y concierto para delinquir en contra de 9 personas entre quienes se encontraban: Karen Margarita Meriño Tovar, José Domingo Palacios, Arnulfo Flórez Gamez, Herneison Lópera Torres Ramírez, Jorge Polo, y Gustavo Espinoza María.

El crimen fue perpetrado entre el 23 de febrero y el 1° de marzo de 2006 en la finca La Reserva, ubicada en  jurisdicción de Aracataca (Magdalena), donde hombres armados reunieron a los recolectores de algodón y se llevaron inicialmente a cinco hombres, luego a tres mujeres, y por último a una menor de seis años de edad. Posteriormente, según lo establecido en la instrucción, miembros de la citada unidad militar presentaron a cinco de esas personas como subversivas muertas en combate. Las víctimas restantes continúan desaparecidas

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Joven con problemas de motricidad, al parecer, por militares. El 20 de febrero de 2012, hacia las 12:30 meridiano, en la vereda Arenas Bajas, del corregimiento de San José, durante un enfrentamiento entre militares y guerrilleros fue asesinada Marlobe David Sánchez, (21 años de edad), y un guerrillero (este último, al parecer por la espalda).

Marlobe fue presentada como guerrilla muerta en combate, ante los medios de comunicación por parte de la la Brigada XI.

La joven quien tenía problemas de motricidad desde su nacimiento residía con su familia y su pequeña hija de 22 meses de edad, en una casa ubicada en la vereda la Unión y ese día había salido de su casa en la mañana rumbo a Apartadó.

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Francisco Santos rectificó sus acusaciones contra sindicatos, José Obdulio quiere hacer valer columna de retractación. El 20 de marzo de 2012, en Bogotá, durante una diligencia judicial adelantada en las instalaciones del Juzgado 26 municipal de Conocimiento de Paloquemado, el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos Calderón, aceptó rectificarse por las calumnias e injurias que profirió en contra de SINTRAEMCALI, SINTRATELEFONOS y SINTRAUNICOL, al señalar a los sindicalistas que habían participado de un Seminario en Quito en el 2009, como auxiliadores de la guerrilla.

Francisco Santos quien fue demandado por las organizaciones sindicales, presentó un escrito ante la Juez 26 Penal Municipal, aceptando que incurrió en un error, al realizar declaraciones apresuradas y ligeras en contra de los dirigentes y las organizaciones sindicales sin ser verificadas. Esta y otras noticias, lealas en el resumen de noticias del 16 al 31 de marzo de 2012, dando clic aquí

Durante la visita de una Comisión Verificación Extraordinaria al municipio de El Tarra en Norte de Santander, realizada entre el 26 y 29 de febrero de 2012, se pudo comprobar entre otras que:

• Persiste la violación sistemática a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. El Ejército y la Policía son los responsables de la persecución, señalamientos, hostigamientos, amenazas, empadronamientos, utilización de armas de fuego para intimidar a la comunidad, allanamientos ilegales, filmaciones y fotografías sin autorización de las personas y sin propósito conocido, ocupación de predios, entre otros hechos que continúan victimizando a la población del municipio.
  
• Miembros del batallón de Artillería N°. 30 “Batalla de Cúcuta” realizan disparos indiscriminados dentro del casco urbano del municipio de El Tarra.
  
• El Ejército nacional ha instalado trincheras en los frentes de las puertas de las casas de los pobladores de La Motilandia, lo cual se ha traducido en una ola de violaciones a los derechos humanos de la población civil, junto con ataques indiscriminados por parte de la guerrilla y del Ejército.
  
• En la vía que conduce a la vereda La Campana, una compañía del Ejército ha acondicionado una puerta de hierro que impide el paso de vehículos y de personas hacia la vereda, violando los derechos de libre movilización de los pobladores de la región y generando un evidente aislamiento de los pobladores de la vereda La Campana.
  
• En la vereda La Campana hay rastros de ametrallamientos y lanzamiento de morteros que hace el Ejército nacional desde helicópteros.
  
• El inminente riesgo de desplazamiento en que se encuentran más de 50 familias en el municipio de El Tarra, por cuenta de la presencia de la base militar dentro del casco urbano del municipio y la instalación de trincheras frente a las casas de la población civil.
  
• Existe pánico generalizado en la población por el temor que produce en cada uno de ellos, la posibilidad de ser asesinados por tropas del Ejército nacional o por grupos armados al margen de la ley, por cuenta de los constantes combates que se llevan a cabo en el casco urbano del municipio de El Tarra y de las veredas La Motilandia, Bellavista y La Campana.
  
• La población del municipio de El Tarra está cansada de la situación persistente de violación a sus derechos humanos, razón por la que hay un evidente rechazo a la presencia de la base militar del batallón de Artillería N°. 30 “Batalla de Cúcuta”, orgánico de la Brigada 30 del Ejército nacional, pues ésta es señalada como responsables de graves violaciones a los derechos humanos de la población civil y de infracciones al derecho internacional humanitario.
  
• Persisten los señalamientos indiscriminados a las organizaciones defensoras de derechos humanos, como auxiliadores y militantes de la guerrilla tal como lo afirmara el señor Jaime Restrepo, quien abordó a la Comisión de Verificación junto a personas que él identificó como miembros de las asociación de víctimas de la guerrilla, pero que la Comisión pudo constatar, habían miembros del Ejército nacional vestidos de civil.

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